Autora María Celeste Fernandez Director


Capítulo 3: Las sentencias de la Corte IDH y del TEDH y su eficacia jurídica



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Capítulo 3: Las sentencias de la Corte IDH y del TEDH y su eficacia jurídica



Tal como fue precisado anteriormente, se abordará en este capítulo lo relativo la eficacia jurídica de las sentencias de la Corte IDH y del TEDH, entendida ésta como la posibilidad de que las sentencias cumplan con el fin que se tuvo en miras al dictarlas.

Se trata de un aspecto sumamente relevante, no sólo desde el punto de vista teórico, sino también -y fundamentalmente- práctico, ya que aunque los tribunales estén facultados para recibir peticiones y dictar sentencias, si las mismas tienen un contenido insuficiente o no producen ningún efecto en los Estados condenados, la protección ofrecida se tornará meramente ilusoria. Las sentencias quedarán así reducidas a letra muerta, quedando los derechos humanos igual de desprotegidos que antes de la intervención del tribunal, y desconociendo además las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial efectiva que consagran la CADH (artículos 8 y 25) y el CEDH (artículos 6 y 13).

Se comenzará el análisis con el contenido de las sentencias, específicamente con los tipos de reparación que pueden imponer la Corte IDH y el TEDH, para luego abordar la cuestión de su obligatoriedad y su efectivo cumplimiento.


  1. Tipos de reparación previstos en la CADH y en el CEDH


Comenzando con el sistema interamericano, encontramos en la CADH el artículo 63.1, según el cual, en caso de que la Corte constate que hubo una violación de un derecho consagrado en la Convención, ésta dispondrá que se garantice el goce de ese derecho al lesionado y asimismo que, de ser posible, se reparen las consecuencias de la violación y se pague al lesionado una justa indemnización. Aquí puede verse que la sentencia no se limita a constatar si la violación ha existido o no, sino que tal como lo expresa Faúndez Ledesma, “(…) la sentencia no tiene un carácter meramente declarativo de la infracción cometida por el Estado, sino que requiere que el tribual indique las medidas concretas que el Estado debe adoptar en caso de que se concluya que éste ha violado la Convención. La determinación de la responsabilidad del Estado (…) implica, fundamentalmente, la necesidad de indicar lo que el Estado debe hacer para restablecer el orden jurídico infringido”.110

La primera parte del artículo se refiere al futuro. Al sujeto(s) lesionado(s) se le deberá reconocer, a partir de la sentencia de la Corte IDH, el derecho que hasta ese momento había sido vulnerado. Así lo dispuso en el caso “Loayza Tamayo vs. Perú”, en el cual constató una violación del artículo 7, 25 y 1.1 de la CADH y ordenó que se pusiera en libertad a la víctima.111 De igual modo, en el caso “Baena Ricardo y otros vs. Panamá”, ordenó la reincorporación de 270 trabajadores que habían sido despedidos violando los artículos 1.1, 2, 8.1, 8.2, 9, 16 y 25 de la CADH.112

Por el contrario, el resto del inciso 1 mira al pasado, aludiendo a la obligación de reparar los daños ya provocados. En esta materia, la jurisprudencia de la Corte IDH se muestra variada, ordenando medidas de reparación tales como, garantías de no repetición113, reformas legislativas a cargo del Estado condenado114, reapertura de procesos judiciales ya concluidos115, realización de obras tendientes a reivindicar la memoria de las víctimas116, publicación de parte de su sentencia117, obligación de investigar y castigar a los responsables de las violaciones118 (particularmente en casos de detenciones ilegales y desapariciones forzadas de personas). En algunos casos, también ha considerado que el dictado de una sentencia favorable a las peticiones de las víctimas constituye por sí sola una forma de satisfacción.119

Según la Corte IDH, las reparaciones “consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como moral”.120 En este aspecto, suelen presentarse algunas dificultades, ya que en la mayoría de los casos no es posible hacer desaparecer esos efectos ni lograr una restitutio in integrum. ¿Cómo reparar el daño sufrido por un individuo que fue víctima de una detención ilegal y torturado?

La CADH no ha sido ajena a este problema, sino que, por el contrario, ha previsto como especie particular de reparación, el pago de una justa indemnización, que podrá acordarse en todos los casos, con la sola condición de que haya existido un daño, sea éste material o moral. Esta reparación pecuniaria podrá entonces suplir la imposibilidad de acordar otro tipo de medidas, o acordarse junto con éstas, y aunque en la mayoría de los casos no será suficiente para compensar el daño causado, es una forma de no dejar impune la violación cometida. Como lo afirma Rodríguez Rescia, en palabras de Nieto Navia, “la indemnización es el sistema eficaz para la protección de los derechos humanos, lo que conduce a que los fallos no se queden en mera condena moral (…).”121

En este punto relativo a la indemnización, cabe hacer referencia al artículo 68.2 de la CADH, según el cual para hacer efectiva la indemnización compensatoria podrán utilizarse los procedimientos previstos en el derecho interno para la ejecución de las sentencias contra el Estado. Ello significa que en caso de que el Estado no cumpla con la reparación pecuniaria, el beneficiario de la misma podrá ejecutarlo según los mecanismos del derecho interno. Esta norma tiene singular importancia, y se aparta del principio general del derecho internacional, según el cual los Estados no pueden ser ejecutados por deudas contraídas a partir de una sentencia internacional. Como lo expresa Rodríguez Rescia, según las palabras de Gross Espiel, ésta “es una disposición loable y acertada, que puede hacer posible una forma de ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana (…) eficaz y rápida, acorde con el objetivo de protección, real y cierta, de los derechos humanos”.122 Cabe destacar que no existe en el CEDH una norma similar a la aquí comentada.

La CADH también establece, en el mismo artículo, en su inciso 2, que la Corte podrá ordenar medidas provisionales, en los casos de extrema gravedad y urgencia, cuando ello sea necesario para evitar daños irreparables a las personas. Así lo ha hecho, por ejemplo, para evitar las ejecuciones de personas que estaban condenadas a la pena capital.

El Convenio Europeo, por su parte, es algo menos específico en cuanto a la obligación de reparar. El único artículo que alude a ella es el 41, que dispone que, si el TEDH declara que se ha violado un derecho reconocido por el CEDH o sus Protocolos, podrá conceder una satisfacción equitativa, si el derecho interno del Estado condenado permite reparar las consecuencias de la violación sólo de manera imperfecta. La sola lectura de este artículo permite deducir que la satisfacción concedida por el TEDH es subsidiaria respecto de la que debe ofrecer el Estado miembro. La sentencia, a diferencia de lo ya expresado respecto del sistema interamericano, se limitará a declarar si ha existido o no una violación de la Convención y le corresponde en primera instancia al Estado determinar qué medidas utilizará para poner fin a dicha situación. En este sentido, Boev afirma que: “dans son arrêt sur le fond, la Cour se limite à déclarer s’il y a eu violation de la Convention ou pas. La Cour constate simplement, mais ne peut pas condamner l’État. Elle n’a pas la compétence ni d’abroger une décision interne, ni de mettre fin a une pratique administrative et étatique contraires”.123 Así lo ha expresado el TEDH en el caso “Marckx vs. Bélgica”, en donde dejó sentado el principio según el cual las sentencias de la Corte son esencialmente declarativas, y dejan al Estado la elección de los medios a utilizar en su ordenamiento jurídico interno para cumplir con la obligación de acatar su sentencia.124 Este criterio fue confirmado en los casos “Belilos vs. Suiza”125, “Saïdi vs. Francia”126, “Duclos vs. Francia”127 y “Selmouni vs. Francia”128, cuando el TEDH rechazó los pedidos que se le formularon para que ordenara o indicara a los Estados condenados las medidas concretas que deberían adoptar (injonctions).

Sin embargo, la jurisprudencia del TEDH ha evolucionado en esta materia, y el Tribunal fue adoptando un rol más activo, reconociendo siempre como principio el del carácter declarativo de sus sentencias, pero admitiendo indicar las medidas más adecuadas para subsanar la violación. Así, en el caso “Öcalan vs. Turquía” el tribunal expresó: “(…) the Court reiterates that its judgments are essentially declaratory in nature and that, in general, it is primarily for the State concerned to choose, subject to supervision by the Committee of Ministers, the means to be used in its domestic legal order in order to discharge its obligation under Article 46 of the Convention (…) However, exceptionally, with a view to helping the respondent State to fulfill its obligations under Article 46, the Court will seek to indicate the type of measure that might be taken in order to put an end to a systemic situation it has found to exist. In such circumstances, it may propose various options and leave the choice of measure and its implementation to the discretion of the State concerned (…) In other exceptional cases, the nature of the violation found may be such as to leave no real choice as to the measures required to remedy it and the Court may decide to indicate only one such measure (…)”.129 Con este fundamento, consideró que en el caso en especie (en el que constató que se había violado el artículo 6 del CEDH, por haberse dictado una condena penal sin que el tribunal cumpliera con los requisitos de imparcialidad e independencia), la forma más apropiada para remediar la violación era realizar un nuevo juicio o reabrir el que había sido concluido. Este tipo de medidas generan dificultades para los Estados que deben ejecutarlas, ya que la reapertura de un proceso implica desconocer el valor de la cosa juzgada y el principio de non bis in ídem. Por otro lado, el TEDH no ha dudado en ordenar medidas más generales, como la publicación de su sentencia o una reforma legislativa.

El Tribunal Europeo no sólo se ha considerado facultado para indicar las medidas, sino también para juzgar su eficacia y su oportunidad, poniendo un límite a la libertad de los Estados.130

Como lo dispone el CEDH, solamente cuando la reparación ofrecida por el Estado se revele insuficiente y por lo tanto no sea posible la restitutio in integrum (ya sea porque el Estado ha sido reticente a tomar las medidas necesarias, o porque en función de la naturaleza del derecho violado no hay reparación posible), el TEDH concederá una satisfacción equitativa. En el sistema europeo se observa entonces, de manera análoga a lo que sucede con el agotamiento de los recursos internos, que primeramente se le otorga al Estado la posibilidad de reparar su conducta.

La noción de “satisfacción equitativa” alude a una reparación esencialmente pecuniaria. Sólo excepcionalmente el TEDH ha considerado que la sola constatación de una violación constituye por sí sola una satisfacción equitativa y con ese fundamento ha rechazado otorgar indemnizaciones pecuniarias.131 Aquí vemos una diferencia sustancial con la Corte IDH. La sentencia del TEDH no sólo es subsidiaria sino que también está limitada a reparaciones pecuniarias. La Corte IDH en cambio, ha adoptado medidas de índole diversa, que trascienden notoriamente la indemnización, lo que ha llevado a Londoño Lázaro a afirmar que sus sentencias son “complejas”.132 Además, no existe en el CEDH una disposición relativa a la forma de ejecutarla semejante al artículo 68.2 de la CADH.

Las diferencias fundamentales entre ambos sistemas son entonces: el carácter declarativo de las sentencias del TEDH, la menor “complejidad” de sus sentencias en materia de medidas de reparación y la subsidiariedad de su intervención. La CADH le concede a la Corte IDH la facultad de imponer la forma de reparación que juzgue adecuada y de ordenar medidas concretas a los Estados, sin esperar a que el Estado lo haga por sus propios medios. El TEDH, en cambio, les otorga un mayor margen de apreciación, dándoles la oportunidad de elegir los medios para reparar la violación, si bien su jurisprudencia más reciente muestra una intervención más activa en el campo de las injonctions. Sólo cuando las diligencias de los Estados se revelen insuficientes, el Tribunal Europeo ordenará las medidas de satisfacción equitativa. Es posible que el sistema de la Corte IDH redunde en una mayor efectividad del sistema, ya que los Estados contarán con obligaciones específicas predeterminadas. En efecto, el TEDH ha recibido críticas por no tener una postura similar. En el caso “W. vs. Reino Unido” el Juez De Meyer manifestó su desacuerdo con el criterio adoptado por el tribunal, al considerar que el deber del Tribunal de asegurar la observancia de los compromisos asumidos por los Estados puede implicar en ciertas circunstancias el poder de dar órdenes (injonctions).133

Sin embargo, también es posible que al otorgarle a los Estados más libertad en la elección de los medios, éstos busquen la forma que les sea más fácil y conveniente para cumplir, lo cual será más efectivo que imponer medidas que les resulten más dificultosas. De hecho, los países europeos suelen tener un grado de cumplimiento de las sentencias más elevado que los americanos.

Habiendo abordado entonces lo atinente al contenido de las sentencias, resta analizar la cuestión relativa a su obligatoriedad y su efectivo cumplimiento por parte de los Estados.




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