Autora María Celeste Fernandez Director



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CADH y CEDH


Antes de comenzar con la comparación, se debe mencionar, a modo de aclaración preliminar, que los 47 Estados miembros del Consejo de Europa son actualmente partes en el CEDH (puesto que su ratificación es actualmente una condición sine qua non para adherirse al Consejo), lo que hace que el compromiso de las partes contratantes, sea más extenso en el continente europeo que en el americano, en el cual sólo 25 Estados de los 35 que integran la OEA, han ratificado la CADH (actualmente quedan 23 Estados, es decir un 65,7% de los Estados de la OEA, puesto que Trinidad y Tobago y Venezuela la han denunciado), sin que ello obstaculice en modo alguno su calidad de miembros de la Organización.

Ambas Convenciones presentan numerosas similitudes, fundamentalmente en materia de derechos civiles y políticos. Ello se debe a que en la comunidad internacional existe un consenso sobre la mayor parte de los derechos que deben estar comprendidos en esta categoría, los cuales se afirmaron como tales durante el auge del liberalismo económico, particularmente luego de la independencia de los Estados Unidos (1776) y de la Revolución Francesa (1789).

De este modo, veremos que ambas incluyen entre sus primeros artículos un derecho humano por excelencia: el derecho la vida, de la cual nadie puede ser privado arbitrariamente. La Convención Americana, en su versión original, protege la vida dejando como excepción la pena capital en aquellos países en los cuales la misma no haya sido abolida, aunque manteniendo ciertas limitaciones previstas en el artículo 4. En 1990, se suscribió el Protocolo Adicional a la CADH relativo a la abolición de la pena de muerte, el cual prohíbe que los Estados partes en el mismo apliquen dicha pena, permitiéndose como única reserva su aplicación en tiempos de guerra conforme al derecho internacional por delitos sumamente graves de carácter militar (artículo 2, párrafo 1). Sin embargo, de los 25 Estados que han ratificado CADH, sólo 13 han ratificado este Protocolo (52%).

El CEDH, en su versión originaria, proscribía la pena de muerte, pero exceptuaba las condenas a la pena capital dictadas por un tribunal. Posteriormente, el Protocolo n° 6 (1983) la abolió, salvo para actos cometidos en tiempo de guerra o de peligro inminente de guerra, y luego, en 2002, el Protocolo n° 13 la abolió para todos los casos, quedando prohibida en cualquier situación. Es importante remarcar el hecho de que en este protocolo, a diferencia de lo que sucede en el sistema interamericano, no se admite ningún tipo de reserva, y por otro lado, el nivel de aceptación ha sido mucho más elevado, ya que fue ratificado por 43 Estados de los 47 que han ratificado la CEDH y que actualmente integran el Consejo de Europa (91,49%).

También encontramos en ambos instrumentos la prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado, el derecho a la libertad y a la seguridad, el principio de non bis in ídem, el principio de inocencia, de legalidad, de retroactividad, la protección de la vida privada y familiar, la inviolabilidad de la correspondencia y del domicilio, la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y de expresión, la libertad de reunión y de asociación, y la prohibición de la discriminación.

No obstante, y a pesar de las semejanzas, la Convención Americana parece ser más comprensiva en materia de derechos humanos. Faúndez Ledesma ha dicho respecto de ella que “el catálogo de derechos protegidos es más extenso que el de cualquier otro instrumento internacional sobre protección de derechos humanos”.32

Coincido con dicha afirmación. En primer lugar, porque la CADH incluye derechos que no son mencionados por el CEDH. A título de ejemplo, podemos mencionar el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica (artículo 3), la protección de la honra y la dignidad (artículo 11), el derecho de los padres o tutores a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones (artículo 12.4), el derecho de rectificación o respuesta (artículo 14), el derecho al nombre (artículo 18), los derechos del niño (artículo 19), y el derecho de los extranjeros de buscar y recibir asilo por delitos políticos o conexos con los políticos y la prohibición de expulsarlos a países donde pueda estar en riesgo su vida o su libertad por causa de raza, nacionalidad, religión, condición social u opiniones políticas (artículo 22.8). La prohibición de la prisión por deudas (artículo 7.7), la indemnización en caso de error judicial (artículo 10), la protección de la propiedad privada (artículo 21), el derecho de circulación y de residencia (artículo 22) y los derechos políticos (artículo 23) tampoco están consagrados en el CEDH, aunque sí en algunos de sus Protocolos adicionales.

Por otro lado, la CADH contiene prescripciones más detalladas en algunas materias. A título de ejemplo, con respecto a la protección de la familia, consagrando no sólo los derechos de los cónyuges sino también de los hijos y proclamando la protección que merece la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad (artículo 17). Otro ejemplo puede encontrarse en el caso del derecho a la protección judicial (siendo el artículo 8 de la CADH más amplio que el artículo 6 del CEDH) y del derecho a un recurso efectivo, (el artículo 25 de la CADH se refiere a violaciones de la Convención, de la Constitución o de las leyes, y el 13 del CEDH, en cambio, únicamente a violaciones del Convenio). Por último, en materia de libertad de expresión, se observa una característica distintiva: la CADH prohíbe expresamente la censura previa y limita el ejercicio del derecho sólo a responsabilidades ulteriores (artículo 13.2) y el CEDH, por su parte, establece que el reconocimiento del derecho a la libertad de expresión “(…) no impide que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa.33

Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, la CADH los reconoce indirectamente mediante una remisión a la Carta de la OEA en los siguientes términos: “Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados”.34

El artículo 34 de dicha Carta hace una enumeración de las metas básicas que la Organización se propone alcanzar. Entre ellas se destacan: el logro de salarios justos, oportunidades de empleo y condiciones de trabajo aceptables para todos, la erradicación rápida del analfabetismo y la ampliación de las oportunidades en el campo de la educación, y la vivienda adecuada para todos los sectores de la población.

Podría objetarse que esta remisión a otro instrumento de derecho internacional no es de buena técnica legislativa y, por otro lado, que no se consagra una obligación de resultados sino de medios. Pero pese a ello, esta disposición permite que queden comprendidos ciertos derechos que están ausentes en el Convenio Europeo y la Corte IDH podrá condenar a un Estado en caso de que éste omita adoptar las diligencias necesarias para garantizar estos derechos. A fin de comprender el vacío del CEDH en materia de derechos económicos, sociales y culturales, se debe tener presente que éste data del año 1950, y la CADH fue suscripta casi 20 años después, cuando este tipo de derechos ya estaban más consolidados en los derechos internos de los Estados miembros. De hecho, ya antes de que fuera suscripta la CADH, en 1961, el Consejo de Europa vio la necesidad de completar el sistema y suscribió la Carta Social Europea (ratificada por 43 Estados, 91,5%), revisada posteriormente en 1996 (ratificada por 33 Estados, 70,2%).

Por otro lado, es importante no minimizar la importancia del artículo 29, inciso c) de la CADH, que permite ampliar notablemente el campo de derechos protegidos. El mismo establece que la interpretación de la Convención no puede excluir derechos que, si bien no están expresamente reconocidos por la misma, son inherentes al ser humano o derivan de la forma democrática y representativa de gobierno, disposición ésta que puede recordarnos a la cláusula de los derechos implícitos introducida en el artículo 33 de nuestra Constitución Nacional. De este modo, podemos constatar otra diferencia con el Convenio Europeo, que no contiene una norma que le confiera esta amplitud y flexibilidad al catálogo de derechos tutelados.



  1. Otros instrumentos específicos en el sistema interamericano y europeo


Tal como se ha anticipado, se hará referencia a algunos de los instrumentos específicos de protección de los derechos humanos suscriptos en el marco de la OEA y del Consejo de Europa. Cabe aclarar que no se mencionarán todos ellos, sino que se efectuará una selección en base a su relevancia y a sus aportes a los instrumentos genéricos, sin desconocer que en muchos casos, al sancionar ciertas conductas específicas también se verán afectados varios de los derechos reconocidos por la CADH y el CEDH, como sucede en el caso de la desaparición forzada de personas.35 Cabe reiterar que salvo aquellos instrumentos que disponen expresamente la sujeción al procedimiento ante la Corte IDH, éstos estarán sometidos a un control más bien político. Ello no impide, como veremos, que los mismos sean aplicados indirectamente por la Corte IDH y el TEDH, y que sean sumamente útiles en la hermenéutica de sus instrumentos fundacionales.

En primer lugar, cabe mencionar la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores (1994, ratificada por 15 países, 42,9%), que tiene por objeto prevenir y sancionar el tráfico internacional de menores de 18 años, regulando los aspectos penales y civiles del mismo. En el caso del Consejo de Europa existe el Convenio del Consejo de Europa sobre la Protección de los Niños contra la Explotación Sexual y el Abuso Sexual (2007, 30 ratificaciones, 63,8%) pero además, trascendiendo la protección de los menores, el Convenio del Consejo de Europa sobre Lucha contra la Trata de Seres Humanos (2005, 41 ratificaciones, 87,2%). Además de que la protección europea no se limita a los menores, ha de observarse que el número de ratificaciones ha sido notablemente superior a las que se han logrado en el sistema interamericano.

En la OEA ha surgido la preocupación por la problemática específica de la desaparición forzada de personas. La Convención respectiva fue suscrita en 1994 y fue ratificada por 15 Estados (42,9%). Si analizamos la historia política de América Latina, podremos fácilmente observar que la casi totalidad de sus países, han estado bajo regímenes dictatoriales durante gran parte del siglo pasado. Tal es así, que Alain Rouquié ha expresado: “La América Latina del siglo XX parecía destinada a las dictaduras. En 1958, solamente tres países escapaban al autoritarismo: Colombia, Venezuela y Costa Rica. Pero los regímenes de hecho y de fuerza son por naturaleza efímeros, y los retornos a la democracia representativa jalonan el siglo en una alternancia popular que parece interminable”.36 Esta Convención nos muestra una preocupación típicamente americana, vinculada a su idiosincrasia y a su historia política, marcada por una gran cantidad de gobiernos de facto y víctimas del terrorismo de estado.37 Argentina no sólo ratificó esta Convención sino que le otorgó jerarquía constitucional, encontrándose actualmente comprendida entre los tratados del artículo 75, inc. 22 de nuestra Constitución Nacional. Prueba de la sensibilidad que existe sobre este tema es que la propia Convención autoriza la intervención de la Corte IDH de acuerdo con las normas de la CADH. Una sentencia relevante vinculada a esta temática fue la dictada en el caso “Heliodoro Portugal vs. Panamá”, en la cual la Corte IDH consideró que el Estado demandado había violado los artículos 2 y 3 de la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas, puesto que aun cuando este instrumento había sido ratificado en 1996, el delito había sido tipificado en el derecho interno panameño recién en 2007, excediendo lo que podría considerarse un plazo razonable para hacerlo y sin respetar los estándares mínimos para su correcta tipificación.38

En este sentido, podemos observar que si bien los países que actualmente integran el Consejo de Europa han sufrido también las atrocidades y persecuciones perpetradas por regímenes dictatoriales, no cuentan con una Convención específica en esta materia.

Otro convenio específico en materia de derechos humanos es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia en contra de la Mujer (Convención de Belem do Pará, 1994, 32 ratificaciones, 91,4%). En el sistema europeo también existe un instrumento de lucha contra la violencia contra la mujer. Se trata del Convenio de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul, 2011). Este último no tiene por objetivo erradicar sólo la violencia contra la mujer, sino también la violencia doméstica, es decir, aquella que tiene lugar en el seno de una familia o unidad doméstica, o entre personas que mantienen una relación de pareja, aunque no convivan (artículo 3). Si bien extiende notablemente la protección al comprender también la violencia doméstica, esta Convención por el momento sólo ha logrado 8 ratificaciones (17%).

En materia de niñez, el Consejo de Europa ha logrado un mayor desarrollo que la OEA, habiendo suscripto un mayor número de Convenios para su protección, entre ellos el Convenio Europeo sobre Ejercicio de los Derechos del Niño (1996, 17 ratificaciones, 36,2%) y el Convenio del Consejo de Europa sobre la Protección de los Niños contra la Explotación Sexual y el Abuso Sexual (2007, 30 ratificaciones, 63,8%). Sin embargo, cabe destacar que dichos convenios en general no han alcanzado demasiadas ratificaciones en ninguno de los dos continentes.

Por otra parte, en ambos continentes hay abundantes regulaciones en materia de refugiados, migrantes y desplazados internos. Sin embargo, un tópico al que se le otorga suma importancia en el continente americano es el del asilo diplomático. En tal sentido, se ha sancionado, además de las Convenciones de asilo territorial (1954, 12 ratificaciones, 34,2%) y político (1933, 16 ratificaciones, 45,7%), una específica sobre asilo diplomático (1954, 14 ratificaciones, 40%). Siguiendo la definición de Galindo Vélez, éste puede definirse como “un instituto reservado a la facultad que tiene un Estado de brindar protección en su territorio o en sus legaciones o representaciones diplomáticas a extranjeros perseguidos por razones exclusivamente políticas o bien por delitos políticos o conexos con esta categoría. En igual sentido, el Instituto de Derecho Internacional ha definido el asilo como la protección que un Estado da a una persona que lo solicite dentro de su territorio u otro lugar bajo el control de alguna de sus instituciones”.39 Este instituto se encuentra profundamente vinculado a la historia política de América.40 Prueba de la importancia que revistió esta temática en la década del ‘60, es un informe de 1965 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos citado por Esponda Fernández.41

Además, existen en el sistema interamericano convenios que tienen por fin luchar contra la discriminación por diferentes motivos: la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra Personas con Discapacidad (1999, 19 ratificaciones, 54,3%), la Convención Interamericana sobre el Racismo, la Discriminación Racial y Formas conexas de Intolerancia (2013), y la Convención contra toda forma de Discriminación e Intolerancia (2013), aunque estas dos últimas aún no han entrado en vigor debido a la insuficiencia de ratificaciones. En el sistema europeo existe el Protocolo n° 12 a la CEDH (2000, 18 ratificaciones, 38,3%), pero éste sólo prohíbe genéricamente la discriminación.

Con respecto a la discriminación por motivos de orientación sexual, no hay en el sistema interamericano ninguna convención sobre el tema, pero sí 3 resoluciones de la Asamblea General (2008, 2009 y 2010). Del mismo modo, en Europa existe la Recomendación sobre las medidas para combatir los motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género (2010). Siendo que todas ellas son simplemente Recomendaciones, no son vinculantes para los Estados, pero su importancia radica en que nos permite conocer cuál es el criterio adoptado por cada Organización en esta materia y hacia dónde estarán orientadas las decisiones jurisprudenciales.

En el caso “Atala Riffo y Niñas vs. Chile”, la Corte IDH afirmó que la orientación sexual era una de las categorías de discriminaciones prohibidas, hallándose comprendida dentro de la expresión “cualquier otra condición social” contenida en el artículo 1.1 de la CADH, ya que la interpretación de la misma debe hacerse eligiendo la alternativa más favorable a la tutela de los derechos protegidos por ese tratado, según el principio de la norma más favorable al ser humano (principio pro homine).42 Teniendo ello en cuenta, consideró que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Chile, mediante la cual se le retiró a la Sra. Atala la tuición de sus 3 hijas menores por convivir con una persona de su mismo sexo, vulneraba el derecho a la no discriminación (artículo 1.1 de la CADH) y a la igualdad (artículo 24 de la CADH), ya que si bien se había esgrimido como fundamento el interés superior de las niñas, no se comprobó que el mismo resultara afectado por la convivencia de su madre con su nueva pareja.43

El Tribunal Europeo ya había adoptado un criterio similar en 1999, en oportunidad de resolver el caso “Salgueiro Da Silva Mouta v. Portugal”, considerando que había existido una violación del artículo 14 del CEDH (prohibición de discriminación), al estimar que la homosexualidad del peticionario había sido un factor determinante al momento de otorgarle la custodia a su madre.44

Estas soluciones son ejemplos de tutela de derechos específicos que, si bien no están reconocidos expresamente en la CADH y el CEDH, pueden considerarse incluidos a través de una interpretación extensiva de estas Convenciones.

Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, además de la Carta Social de las Américas (declaración genérica de principios focalizada en la justicia social, equidad e inclusión social) en el marco de la OEA se ha suscripto el Protocolo de San Salvador (1988, 16 ratificaciones, 45,7%), que consagra el derecho al trabajo, a condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo, los derechos sindicales, el derecho a la seguridad social, a la salud, a un medio ambiente sano, a la alimentación, a la educación, a los beneficios de la cultura y la protección de sectores vulnerables de la población (niños, ancianos, minusválidos). En el sistema europeo, se ha suscripto la Carta Social Europea, siendo la versión de 1961 ratificada por 43 Estados (91,5%) y la de 1996 por 33 (70,2%). Esta Carta consagra, en líneas generales los mismos derechos que el Protocolo de San Salvador, pero ha logrado una mayor cantidad de ratificaciones.

Ventura Robles señala una diferencia de vital importancia entre este tipo de derechos y los civiles y políticos. Mientras que los estos últimos son reconocidos y garantizados, los económicos, sociales y culturales son sólo reconocidos.45 Siguiendo el mismo criterio, Faúndez Ledesma expresa que “tradicionalmente se ha sostenido que por tratarse de derechos de realización progresiva, estos derechos no son justiciables y que, por lo tanto, este sistema de supervisión no es idóneo para controlar el cumplimiento de las obligaciones asumidas en esta materia por los Estados”.46 No obstante esta diferencia en la exigibilidad, ya no puede decirse que este tipo de derechos no sean justiciables. En efecto, ya se ha mencionado que la CADH permite la intervención de la Corte IDH en el caso de que un Estado no realice las diligencias necesarias para garantizar este tipo de derechos (artículo 26). Del mismo modo, el Protocolo de San Salvador, en su artículo 19.6, establece que una violación de los derechos consagrados en su artículo 8.a (derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección) y 13 (derecho a la educación) por parte de un Estado parte puede tornar aplicable el procedimiento de peticiones regulado por la CADH en los artículos 44 a 51 y 61 a 69.

En el caso “Baena, Ricardo y otros vs. Panamá”, originado por el despido de 270 empleados públicos que habían sido destituidos por participar de una manifestación por reclamos laborales, la Corte IDH estimó que no podía imputársele al Estado panameño la violación de las disposiciones del Protocolo de San Salvador, por cuanto los hechos habían ocurrido con anterioridad a su ratificación por dicho Estado (a contrario sensu, se observa que si la ratificación hubiera sido previa a los hechos, se habría responsabilizado al Estado por violación del artículo 8 del Protocolo, con lo cual queda constatada su aplicabilidad y su obligatoriedad para los Estados ratificantes). Aún siendo que en el caso no podía imputársele la violación del Protocolo, la Corte IDH condenó a Panamá por violación del artículo 16 de la CADH relativo a la libertad de asociación. Para llegar a esa conclusión, estimó que debía analizar dicha libertad en relación con la libertad sindical47 y precisó su importancia y sus alcances, haciendo referencia al Protocolo.48

Es importante señalar que en lo que se refiere específicamente a seguridad social y salud, el Consejo de Europa se halla notablemente más avanzado que la OEA, que por el momento no cuenta con ningún Convenio especializado en esta materia. Ello se explica por el mayor desarrollo que ha alcanzado esta temática en los países europeos. Así, se han suscripto, por ejemplo, el Convenio Europeo sobre Asistencia Médica y Social y Seguridad Social (1953, 18 ratificaciones, 38,3%), el Código Europeo de Seguridad Social (1964, 21 ratificaciones, 44,7%) y el Convenio para la protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y de la Medicina (1997, 29 ratificaciones, 61,7%).

Otra temática propia del sistema interamericano además de la desaparición forzada de personas es la de los derechos de los pueblos indígenas. Si bien aún no existe un instrumento que sea vinculante para los Estados, se han suscripto 3 resoluciones (2004, 2005 y 2006) en las cuales se pone a la elaboración de una Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas como una cuestión prioritaria en la OEA. Esta es una preocupación típicamente americana, que se explica por su tradición cultural, por la confluencia de la cultura europea y los pueblos originarios de América, que se inició durante el proceso de colonización y que persiste aún en nuestros días. Ya en la Carta Democrática Interamericana (2001) se dispone que: “La eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la discriminación de género, étnica y racial, y de las diversas formas de intolerancia, así como la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y los migrantes y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas, contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana.49

Prueba de esta profunda concientización ha sido la creación de la Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 1990, cuyo objetivo fundamental es brindar atención a los pueblos indígenas de América que se encuentran especialmente expuestos a violaciones de derechos humanos por su situación de vulnerabilidad y de fortalecer, impulsar y sistematizar el trabajo de la propia Comisión Interamericana en el área”.50



Tal preocupación también se ve reflejada a nivel jurisprudencial. La Corte IDH, en el caso de la “Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua”, reformuló el concepto de propiedad privada a fin de adecuarlo a las concepciones culturales de los pueblos indígenas.51 He aquí otro ejemplo de la forma en la que la Corte extiende la protección a derechos no específicamente protegidos por la CADH.

En el continente europeo no se plantea la problemática de los pueblos indígenas, debido a su diversa tradición cultural. No obstante, las regulaciones más próximas a este tema son aquellas que protegen a las minorías nacionales. Actualmente el Consejo de Europa cuenta con dos documentos en la materia: la Carta Europea sobre las lenguas regionales o minoritarias (1992, 25 ratificaciones, 53,2%) y el Convenio Marco para la protección de las Minorías Nacionales (1995, 39 ratificaciones, 83%). Si bien han tenido un nivel de ratificaciones bastante elevado, especialmente el segundo, lo cierto es que no existe una definición unánime de lo que debe comprenderse por minoría nacional, motivo por el cual la inclusión los grupos que sean incluidos en dicha calificación dependerán de la voluntad de cada Estado. Aunque estos textos están sujetos únicamente a un control de tipo político, el TEDH se ha pronunciado en esta materia en el caso “Mathieu-Mohin y Clerfayt vs. Bélgica”. Si bien en esa oportunidad el Tribunal consideró que la conducta del Estado no era reprochable52, aceptó examinar los hechos denunciados la luz del artículo 14 (principio de no discriminación).

De este modo, es posible observar que la generalidad de los artículos de la CADH y el CEDH y las interpretaciones extensivas que realizan la Corte IDH y el TEDH, permiten que derechos no reconocidos expresamente en los instrumentos que estos tribunales aplican, puedan ser igualmente protegidos. La jurisprudencia de estos tribunales también ha creado la técnica conocida como protección indirecta o “par ricochet”. Gialdino expresa respecto del sistema europeo que: “El ámbito material de la Convención y sus Protocolos ha sido objeto de una suerte de efecto expansivo proveniente de la llamada protección indirecta o par ricochet (o por rebote), de creación puramente pretoriana. Dicha protección permite a los órganos de la Convención, según lo expresa F. Sudre, extender la tutela de determinados derechos garantizados por la Convención, a derechos no protegidos expresamente por ésta. Algunos ejemplos aclararán esta técnica: La convención no garantiza, a las personas detenidas, formas determinadas de detención. Los Estados gozan, por ende, de un poder de discreción para reglar la materia. Empero, este poder no sería absoluto pues, en determinadas condiciones, aún cuando la Convención nada diga al respecto, dichas condiciones podrían alcanzar un grado de severidad que permitiera calificarlas v.gr., de malos tratos, estos sí prohibidos por el art. 3 de la Convención”.53 Ello es plenamente aplicable al sistema interamericano.




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