Asunto : sentencia segunda instancia



Descargar 276,91 Kb.
Página1/2
Fecha de conversión25.07.2017
Tamaño276,91 Kb.
  1   2

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO
Armenia, veinte (20) de noviembre de dos mil quince (2015)

Magistrado Ponente: JUAN CARLOS BOTINA GÓMEZ

Sentencia 2015-00649

ASUNTO : SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

MEDIO DE CONTROL : REPARACIÓN DIRECTA

PROCESO : 63001-3333-001-2013-00126-01 (2014–2318)

DEMANDANTE : MAURICIO VÁSQUEZ RODRÍGUEZ Y OTROS

DEMANDADO : NACIÓN – RAMA JUDICIAL, FISCALIA GENERAL DE LA

NACIÓN Y OTRO

APELACIÓN DE SENTENCIA

(REPARACIÓN DIRECTA)


Agotado el iter procesal de ley sin que se observen causales de nulidad que vicien la actuación, la Sala procede a decidir los recursos de apelación interpuestos por los apoderados de la Nación – Fiscalía General de la Nación, la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial y la parte actora, contra la sentencia de 31 de octubre de 2014, mediante la cual el Juzgado Primero Administrativo Oral de Descongestión del Circuito Judicial de Armenia - Quindío accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenó en costas.




  1. PARTE DESCRIPTIVA


1.1.- IDENTIFICACIÓN DEL TEMA DE DECISIÓN
1.1.1.- DEMANDA
Mediante escrito presentado ante la oficina de reparto de Armenia, el 5 de marzo de 2013 (fl. 20, C. Ppal.), los señores Paola Andrea Mayorga Moncayo, Nelson Vásquez Rodríguez, Luís Felipe Vásquez Rodríguez, Héctor Fabio Vásquez Rodríguez, Diana Yamileth Vásquez Rodríguez y Mauricio Vásquez Rodríguez, este último quien actúa en nombre propio y representación de sus hijos menores Sebastián Vásquez Mayorga y Santiago Vásquez Mayorga, en ejercicio del medio de control de reparación directa formularon demanda en contra la Nación - Fiscalía General de la Nación, la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial y la Nación – Policía Nacional, con fundamento en los hechos que a continuación se sintetizan (fls. 9-11, C. Ppal.):
1.- El 6 de diciembre de 2011, en la ciudad de Armenia fue capturado el señor Mauricio Vásquez Rodríguez, presuntamente en flagrancia, por el delito de tentativa de extorsión, en virtud de la denuncia formulada ante la Fiscalía General de la Nación por el señor Andrés Alberto Moncaleano Arroyo, quien señaló que estaba siendo constreñido para que suscribiera una letra de cambio por un valor de $40.000.000.oo, por concepto de un incumplimiento contractual.
2.- El señor Mauricio Vásquez Rodríguez fue presentado ante el Juez de Control de Garantías, el cual avaló el procedimiento de captura en flagrancia, por reunir los requisitos formales del procedimiento penal vigente.
3.- El 8 de diciembre de 2011, se adelantó la audiencia de imputación en contra del señor Vásquez Rodríguez, como presunto autor del delito de extorsión agravada, ordenándose detención intramural, decisión que fue impugnada por la defensa del imputado, siendo confirmada en su integridad por el superior.
4.- La Fiscalía General de la Nación solicitó al Juez de Conocimiento la preclusión de la investigación, por cuanto consideró que no existía mérito para acusar.
5.- El 24 de mayo de 2012, el Juzgado Primero Penal Municipal de Conocimiento de Armenia celebró audiencia pública, en la cual resolvió precluir la investigación penal adelantada en contra de los señores Fredy Wilson Londoño López, Mauricio Vásquez Rodríguez y Julio César Moreno Mellán, por la presunta comisión del delito de extorsión agravada en grado de tentativa, al considerar que no existía material probatorio y, en virtud de la solicitud de preclusión que realizó la Fiscalía General de la Nación.
6.- Por la investigación penal adelantada, el señor Vásquez Rodríguez estuvo privado de la libertad por un período de tres meses y tres días, tiempo durante el cual estuvo recluido en un establecimiento penitenciario, alejado de su entorno familiar, laboral y social, situación que le generó a él y a su familia, perjuicios patrimoniales y morales que deben ser resarcidos por las accionadas.
En virtud de los supuestos fácticos anteriormente descritos, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERA.- Que se declare a la NACIÓN COLOMBIANA – RAMA JUDICIAL, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y POLICÍA NACIONAL; administrativa y solidariamente responsables por la privación injusta de la libertad, de la cual fue objeto el señor MAURICIO VASQUEZ RODRIGUEZ ocurrida entre 6 de Diciembre (sic.) de 2011 y el 9 de Marzo de 2012, es decir por espacio de tres (3) meses tres (3) días, tiempo durante el cual permaneció interno en las instalaciones de la Cárcel del Distrito Judicial de Armenia.
SEGUNDA.- Que como consecuencia de la anterior declaración, se realicen las siguientes condenas:
2.1.- Que se condene a los entes demandados a pagar a favor del demandante MAURICIO VASQUEZ RODRIGUEZ en calidad de perjudicado por la privación injusta de la libertad a que fue sometido, a título de indemnización por PERJUICIOS MATERIALES en la modalidad de LUCRO CESANTE, la suma de dinero que resulte de la aplicación de de (sic.) las pautas consignadas en el numeral 2.1.3 del capítulo V de esta demanda.
2.2.- Que se condene a los entes demandados a pagar a favor del demandante MAURICIO VÁSQUEZ RODRÍGUEZ, en calidad de perjudicado por la privación injusta de la libertad a que fue sometido, a título de indemnización por PERJUICIOS MATERIALES en la modalidad de DAÑO EMERGENTE, la suma de dinero que resulte de la aplicación de de (sic.) las pautas consignadas en el numeral 2.1.2 del capítulo V de esta demanda, con ocasión de los gastos generados por el pago de agencia judicial y honorarios profesionales que tuvo que sufragar el mismo señor VASQUEZ RODRIGUEZ.
2.3.- Que se condene a los entes demandados a pagar a favor de los demandantes, una suma de dinero equivalente a las siguientes cantidades de salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria del fallo, a título de indemnización por los PERJUICIOS MORALES causados con la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto el señor MAURICIO VASQUEZ RODRIGUEZ así:
2.3.1.- Para el señor MAURICIO VASQUEZ RODRIGUEZ (Afectado) una suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
2.3.2.- Para el menor SEBASTIAN VASQUEZ MAYORGA, (Hijo menor de edad del afectado) una suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
2.3.3.- Para el menor SANTIAGO VASQUEZ MAYORGA, (Hijo menor de edad del afectado) una suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
2.3.4.- Para la señora PAOLA ANDREA MAYORGA MONCAYO, (Esposa del Afectado) una suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
2.3.5.- Para el señor NELSON VASQUEZ RODRIGUEZ, (Hermano del afectado) una suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
2.3.6.- Para el señor LUIS FELIPE VASQUEZ RODRIGUEZ, (Hermano del afectado) una suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
2.3.7.- Para el señor DIANA YAMILETH VASQUEZ RODRIGUEZ, (Hermana del afectado) una suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
2.3.5.- Para el señor HECTOR FABIO VASQUEZ RODRIGUEZ, (Hermano del afectado) una suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
TERCERA.- Que se condene a los entes demandados a pagar a favor del demandante MAURICIO VASQUEZ RODRIGUEZ una suma de dinero equivalente a Doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales a la fecha de ejecutoria del fallo, como indemnización por los perjuicios por DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN, es decir, por la alteración a sus condiciones de existencia en razón a la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto, e imputable a los entes demandados.
CUARTA.- Que se reconozca la INDEXACIÓN por las sumas reconocidas por PERJUICIOS MATERIALES, en su modalidad de daño emergente, al señor MAURICIO VASQUEZ RODRIGUEZ, de acuerdo a la variación porcentual del índice de precios al consumidor, certificado por el DANE.

QUINTA.- Que se condene a los entes demandados al pago de intereses remuneratorios y moratorios sobre todas las sumas reconocidas por concepto de PERJUICIOS MATERIALES, PERJUICIOS POR DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN, los primeros a partir del 6 de Diciembre (sic.) de 2011, y los segundos; a partir del (sic.) la ejecutoria ejecutoria del fallo que ponga fin a este proceso y hasta cuando se efectúe el pago de las mencionadas sumas de dinero, en concordancia con la sentencia C-188 de 1999, de la Corte Constitucional.
SEXTA.- Que se condene en costas a los entes demandados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 188 de la ley 1437 de 2011.
SÉPTIMA.- Que se de (sic.) cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192, 194 y 195 de la ley 1437 de 2011”.

1.2.- POSICIÓN DE LAS DEMANDADAS
1.2.1.- NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL
En la oportunidad procesal dio contestación a la demanda y se opuso a las pretensiones de la misma (fl. 33-43, C. Ppal.) al considerar que no existe indicio alguno que permita inferir que los miembros adscritos al Gaula de la Policía Nacional del Quindío, hubiesen actuado con violación de las normas, toda vez que en el momento de la captura se cumplía con los presupuestos procesales suficientes para llevar a cabo dicha diligencia, pues se contaba con los elementos materiales probatorios que amparaban el procedimiento.
Agregó que si los miembros de la Policía Nacional hubiesen actuado de manera irregular en la captura del señor Vásquez Rodríguez, el fiscal o el juez de control de garantías eran los competentes para declarar la ilegalidad de la misma, lo cual, no sucedió en el caso bajo examen, dado que no se presentó un mal actuar ni se configuraron circunstancias que ameritaran invalidar el trámite o una compulsa de copias por irregularidades de los funcionarios de la institución.
De otro lado, afirmó que es el juez de control de garantías quien debe ponderar el ejercicio de la acción estatal tendiente a la verificación de la sospecha, de búsqueda de la verdad y del acopio del material probatorio, con la preservación de los derechos y garantías constitucionales previstas para el procesado. Por consiguiente, en su criterio, toda vez que dicha autoridad judicial no advirtió un actuar irregular de la Policía Nacional, carece de todo fundamento jurídico señalar que el procedimiento fue inadecuado, ilegal o arbitrario.
Argumentó que ante la existencia de una denuncia legalmente obtenida y la posible existencia de un delito, este debe ser atacado por el Estado, lo cual implica que se ponga en movimiento el aparato estatal, independientemente que con posterioridad se termine la actuación penal con preclusión de la investigación o la absolución del investigado.
Indicó que en el presente caso, no se configura el nexo causal entre el daño alegado por la parte demandante y la actuación de la Policía Nacional, el cual permitiría atribuir un grado de responsabilidad a dicha entidad. En su criterio, no fue la institución demandada, la autoridad que mantuvo privado de la libertad al accionante, pues tal decisión era competencia del funcionario judicial correspondiente y, si bien, con posterioridad surgieron elementos materiales probatorios que llevaron a solicitar la preclusión de la investigación, tal circunstancia no puede afectar la validez del procedimiento inicial, toda vez que la diligencia de captura se llevó a cabo porque se reunían los requisitos para su procedencia y los agentes de la Policía Nacional actuaron en cumplimiento de un deber legal.
Finalmente, propuso como excepción la siguiente:
- Falta de legitimación en la causa por activa
Manifestó que no existe legitimación en la causa para actuar y demostrar interés legítimo en el proceso para los señores Luís Felipe, Héctor Fabio, Nelson y Diana Yamileth Vásquez Rodríguez, por cuanto no está demostrado su parentesco con el directamente afectado, esto es, no se acreditó en debida forma el vínculo familiar con el señor Mauricio Vásquez Rodríguez, a través del registro civil de nacimiento de este último.

1.2.2.- NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
La Fiscalía General de la Nación contestó en forma oportuna la demanda (fls. 88-102, C. Ppal.), para lo cual se opuso a todas las pretensiones formuladas por la parte demandante, pues en su criterio, en el sub examine no se configuran los supuestos esenciales que permitan estructurar ninguna clase de responsabilidad en cabeza de la entidad demandada.
Sobre el particular, manifestó que la actuación de la demandada se surtió de conformidad con la Constitución Política y las normas vigentes para la época de los hechos, actuación de la cual no es viable argumentar un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, alguna clase de error, ni menos una privación injusta de la libertad del señor Mauricio Vásquez Rodríguez.
Argumentó que conforme a la ley 906 de 2004, le corresponde a la Fiscalía adelantar la investigación, para de acuerdo con la prueba obrante en ese momento procesal, solicitar como medida preventiva la detención del sindicado, correspondiéndole al juez de control de garantías estudiar dicha solicitud, analizar las pruebas presentadas por el ente acusador y, decretar las que estime procedentes, para luego establecer la viabilidad o no de decretar la medida de aseguramiento, es decir, si todo se ajusta a derecho, es el juez de control de garantías quien decide y decreta la medida de aseguramiento a imponer.
Agregó que en el caso bajo estudio, fue el juez quien consideró que se daban los requisitos exigidos por la norma procedimental y conforme al caudal de elementos probatorios allegados a la investigación, legalizó la captura del demandante y le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva.
Aclaró que el señor Mauricio Vásquez Rodríguez fue exonerado de responsabilidad en los cargos que le profirió la Fiscalía General de la Nación, pues los testigos no aportaron las evidencias requeridas, razón por la cual dicha entidad retiró los cargos, declinando de su potestad acusatoria, posición que está permitida dentro del sistema penal acusatorio.
Finalmente, resaltó que para imputar responsabilidad patrimonial a la Fiscalía General de la Nación, deben estar acreditados los requisitos señalados en el artículo 90 de la Constitución Política, esto es, una acción u omisión, donde participe activamente uno de sus agentes; un daño, como consecuencia de lo anterior y, un nexo causal entre el hecho, la omisión y el daño; lo cual no se presenta ni mucho menos se prueba en el caso bajo examen.
No obstante lo anterior, propuso la siguiente excepción:
- Falta de legitimación en la causa por pasiva
Indicó que a la Fiscalía General de la Nación no le corresponde imponer la medida de aseguramiento, conforme al nuevo estatuto de procedimiento penal, toda vez que solo le corresponde adelantar la investigación, para de acuerdo con las pruebas obrantes en el momento procesal, solicitar como medida preventiva la detención del sindicado, si lo considera pertinente, correspondiéndole al juez de control de garantías estudiar dicha solicitud. En consecuencia, si bien en el presente caso se presentó una detención preventiva, tal decisión no fue proferida por la Fiscalía General de la Nación.
De otro lado, resaltó que en casos similares los Tribunales Administrativos de Cundinamarca, César y Risaralda, han negado las pretensiones de la demanda, exonerando de responsabilidad patrimonial a dicha entidad, al establecer que no se dan los requisitos para condenar.
1.2.3.- NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Mediante apoderada judicial, esta entidad se pronunció en forma oportuna frente a la demanda (fls. 138-143, C. Ppal.), para lo cual se opuso a todas y cada una de las pretensiones, pues en su criterio no obra prueba documental que acredite los perjuicios materiales deprecados, por lo tanto, es procedente absolver a la Rama Judicial de cualquier responsabilidad.
Expuso que la relación de causalidad derivada de la privación injusta de la libertad del ciudadano y de la conducta desplegada por los jueces de control de garantías y de conocimiento, no existe, toda vez que dentro del presente caso se ha configurado un eximente de responsabilidad a favor del Estado, como lo es la culpa exclusiva de la víctima.
Precisó que frente a la Rama Judicial no se puede endilgar el título de imputación de falla en el servicio, por cuanto este se aplica en los asuntos donde se haya establecido que la absolución del procesado se verificó por algunas de las siguientes causales: i) In dubio pro reo, ii) imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, iii) imposibilidad de iniciar y/o proseguir la investigación penal, iv) en virtud de una causal que excluya la responsabilidad penal conforme al Código Penal y, v) por prescripción de la acción penal.
De otro lado, manifestó que el juez de control de garantías dictó la correspondiente medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía General de la Nación, con el fin de prevenir que se presentara alguna situación que impidiera el correcto desarrollo del proceso penal, decisión adoptada en el cumplimiento de los postulados de la ley penal, esto es, conforme al artículo 308 de la ley 906 de 2004.
Al respecto, argumentó que el imputado –hoy demandante- se encontraba inmerso en la causal segunda del mencionado artículo, pues por la gravedad del delito cometido constituía un peligro para la sociedad y para los testigos.
En consecuencia, resaltó que la medida de aseguramiento dictada por el juez de control de garantías se ajustó a los postulados legales, máxime que sobre el imputado existían denuncias y trabajos investigativos que presuntamente comprometían su responsabilidad en la comisión del delito, lo que llevó al juez a dictar la correspondiente medida de aseguramiento con el fin de velar por el correcto desarrollo del proceso penal.
Finalmente, recordó que la solicitud de preclusión, la formuló la Fiscalía General de la Nación debido a que no contaba con los elementos materiales probatorios para abordar una acusación en contra del hoy demandante.

Como excepciones formuló, las siguientes:


- Culpa exclusiva de la víctima, pues fue la víctima del presunto delito quien realizó el señalamiento en contra del hoy demandante.
- Ausencia de nexo causal, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, se debe aplicar no solo el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, sino también los demás artículos aplicables a dicha normatividad.
- Innominada o genérica, en la medida que se declare cualquier excepción que el fallador encuentre probada, de conformidad con el artículo 164 inciso 2° del C.C.A.
1.3.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
1.3.1.- PARTE DEMANDANTE
Manifestó que del material probatorio obrante en el proceso, resultó debidamente acreditado que el señor Mauricio Vásquez Rodríguez y su núcleo familiar cercano, soportaron un daño antijurídico con la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto por parte del Estado en cabeza de las entidades demandadas.
En su criterio, la parte demandada no presentó prueba alguna tendiente a desvirtuar las cuantificaciones, los daños de orden material, moral y de daño a la vida de relación que sufrieron los demandantes.
Reiteró que con todo el material probatorio recaudado, la detención del señor Vásquez Rodríguez fue absolutamente injusta, la cual constituye un daño antijurídico en contra de los demandantes, pues si bien como ciudadano está en el deber de soportar una persecución penal, también es cierto que no está en el deber de soportar esta cuando al final de la misma se descubre que la detención fue indebida.
Concluyó que no es posible sustraerse de la existencia del daño antijurídico alegado, en tanto este se configuró a partir de las decisiones de revocatoria de la medida de aseguramiento y la preclusión de la investigación, ya que los demandantes no se hallaban en la obligación legal de soportar la limitación a su libertad impuesta por el Juzgado Sexto Penal Municipal con Función de Control de Garantías, circunstancia que comprometió la responsabilidad del Estado (fls. 164-171, C. Ppal.).
1.3.2.- NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Expuso que los elementos materiales probatorios y la evidencia física presentada por la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con las normas procesales vigentes, permitieron solicitar al juez penal de control de garantías en la audiencia de legalización de la captura, la imposición de la medida de aseguramiento privativa de la libertad del hoy demandante, las cuales, a su vez permitieron “inferir razonablemente” al juez la procedencia de la medida de aseguramiento de detención preventiva.

Igualmente, argumentó que la solicitud formulada por la Fiscalía General de la Nación, por medio de la cual requirió la imposición de la medida restrictiva de la libertad del señor Vásquez Rodríguez, no representaba para el juzgador la obligación de acceder a la aplicación de dicha medida, pues de acuerdo a la nueva función dada a la entidad, no constituye un factor determinante en la decisión, la cual le corresponde única y exclusivamente al juez de control de garantías, quien es el llamado a valorar las pruebas presentadas para tal efecto y, finalmente adoptar la decisión que corresponda dentro de los parámetros de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad de la medida de detención preventiva, que constituye la fuente de responsabilidad que pueda llegar a tener el Estado, ante un eventual perjuicio y, en consecuencia, no compromete a la Fiscalía General de la Nación (fls. 159-163, C. Ppal.).


1.3.3.- NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL
Reiteró los argumentos planteados en la contestación de la demanda, enfatizando que conforme al acervo probatorio recaudado, no se logró demostrar que el procedimiento que realizaron los miembros del Gaula adscritos a la Policía del Quindío estuviera viciado de ilegalidad, irregularidad o anormalidad y, en consecuencia, no se deriva algún tipo de perjuicio para los demandantes; por lo tanto, solicitó negar las pretensiones de la parte demandante (fls. 172-176, C. Ppal.).
1.3.4.- NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Luego de hacer un análisis de los elementos probatorios más relevantes, concluyó que no hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, toda vez que se configuró la causal de exclusión de responsabilidad del Estado, esto es, el hecho de un tercero, pues la captura obedeció a la denuncia planteada por la presunta víctima del hecho punible y al “indebido” procedimiento y recaudo probatorio por parte de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación (fls.177-180, C. Ppal.).
II. LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 31 de octubre de 2014 (fls. 193-221, C. Ppal.), el Juzgado Primero (1º) Administrativo Oral de Descongestión del Circuito Judicial de Armenia, resolvió:
PRIMERO: Declarar probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa respecto de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y disponer su desvinculación del proceso.
SEGUNDO: Declarar no Probada (sic.) la excepción de falta de legitimación por pasiva propuesta por la Fiscalía General de la Nación.
TERCERO: Declarar no probadas las excepciones de culpa exclusiva de la víctima y Ausencia (sic.) Nexo (sic.) causal propuesta por la Nación – Rama Judicial.
CUARTO: Declárese a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL y a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, administrativamente responsables de los daños causados a los demandantes como consecuencia de la privación de la libertad de que fue objeto el señor MAURICIO VÁSQUEZ RODRÍGUEZ, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa.
QUINTO: Condenar a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL y A (sic.) la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por partes iguales (50%), a pagar las siguientes sumas:
Por concepto de perjuicios morales: A favor de cada uno de los demandantes el valor que les corresponda en virtud de la aplicación de la tabla contenida en la parte considerativa de esta providencia, teniendo en cuenta el tiempo de privación de la libertad que efectivamente se acredite ante las accionadas (entre el momento de imponerse la medida de aseguramiento y su revocación) al momento de efectuar el respectivo pago, y sin que en ningún momento pueda estimarse como lapso de detención un periodo superior a tres meses y tres días, y sin que las indemnizaciones a reconocer a la víctima directa, esto es al señor Mauricio Vásquez Rodríguez, y sus parientes en primer grado de consanguinidad, esto es esposa e hijos, superen los 50 SMLMV para cada uno.
Por concepto de perjuicios materiales – Daño Emergente: A favor del señor MAURICIO VASQUEZ RODRIGUEZ, la suma de diez millones quinientos sesenta mil ochocientos noventa y ocho pesos ($10.560.898) de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa.
Por Concepto (sic.) de Pejuicios (sic.) materiales – Lucro cesante: Lo que resulte de aplicar la fórmula expuesta en la parte considerativa de esta providencia, y teniendo en cuenta los criterios allí señalados.
SEXTO: Negar las demás pretensiones de la demanda.
SEPTIMO: Condenar en costas a las entidades demandadas, para lo cual se fija como agencias en derecho el equivalente al 3% de las pretensiones reconocidas en la sentencia, los cuales deberán cancelarse en los términos establecidos en la parte considerativa de esta sentencia. Por secretaría proceder a la liquidación de las costas, de conformidad con el artículo 366 del C.G.P.
OCTAVO: Las entidades condenadas, darán cumplimiento a las (sic.) sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA.
NOVENO: Notifíquese la presente sentencia, conforme el artículo 203 del CPACA.
DECIMO: Ejecutoriada la presente providencia y con observancia de lo dispuesto en el artículo 114 del C.G.P. expídase copia de la misma con destino a las partes.
UNDECIMO: En firme la sentencia, por Secretaría devuélvase a la parte actora el remanente de los gastos del proceso, si a ello hubiere lugar, efectúense las comunicaciones del caso para su cabal cumplimiento, cancélese su radicación previa anotación en el Sistema Informático de Administración Judicial Siglo XXI”.
Como argumentos de su decisión, el a quo manifestó que de las pruebas allegadas al plenario, se probó que el señor Mauricio Vásquez Rodríguez fue capturado por miembros del Gaula de la Policía Quindío, junto con otros dos individuos el 6 de diciembre de 2011, en la ciudad de Armenia, cuando presuntamente incurría en el delito de extorsión agravada y una vez realizados los actos que conllevaron a dicha detención fueron puestos a disposición del fiscal de turno de la URI.
Argumentó que está igualmente acreditado que el 24 de mayo de 2012, el Juez Primero Penal Municipal de Conocimiento del Circuito Judicial de Armenia – Quindío aceptó la solicitud de preclusión de la investigación elevada por la Fiscalía General de la Nación dentro del proceso penal adelantado en contra del señor Vásquez Rodríguez por el presunto delito de extorsión agravada, en atención a que el ente acusador no contaba con los elementos materiales probatorios necesarios para abordar una acusación en contra del imputado.
El juez de primera instancia consideró que si bien los elementos materiales probatorios recaudados en el presente proceso no son suficientes para establecer con certeza la fecha en la cual se impuso la medida de aseguramiento consistente en detención privativa de la libertad sobre el señor Vásquez Rodríguez, ni tampoco para determinar cuándo la misma fue revocada, teniendo en cuenta lo manifestado por las partes en la audiencia inicial, es posible afirmar que “se encuentra probado que en efecto el señor Mauricio Vásquez Rodríguez fue cobijado con medida de aseguramiento consistente en detención intramural, a raíz de la investigación que se adelantó en su contra por el presunto delito de extorsión agravada y la cual terminó al prosperar la solicitud de preclusión de la Investigación (sic.) elevada por la Fiscalía General de la Nación, por la imposibilidad de recaudar medios probatorios que le permitieran sustentar una acusación en contra del imputado”.
Por otra parte, el a quo no encontró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Fiscalía General de la Nación, dado que dicha entidad en su condición de titular de la acción penal, fue quien solicitó al juez competente la imposición de la medida de aseguramiento de privación de la libertad en contra del señor Vásquez Rodríguez, siendo tal petición acogida por el funcionario judicial en la audiencia de legalización de la captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento.
En cuanto a la legitimación para actuar y comparecer al proceso de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, advirtió que si bien dicha institución fue la que realizó la captura, es claro que las decisiones sobre la libertad del detenido eran competencia del fiscal en primera instancia, al establecer si era procedente o no presentarlo ante el juez de control de garantías y solicitar o no la imposición de una medida de aseguramiento y, en segunda del juez quien debería convalidar o no el procedimiento de captura y aceptar la imposición de la medida de aseguramiento. Por lo tanto, consideró procedente declarar probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de esta entidad demandada.
Finalmente, el juez de instancia concluyó que en el sub lite se reúnen las condiciones necesarias para declarar que la privación de la libertad de la cual fue objeto el señor Mauricio Vásquez Rodríguez fue injusta, en la medida que el Estado a través de sus agentes, esto es, la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, no logró desvirtuar la presunción de inocencia del demandante dentro del proceso penal que se adelantó en contra del referido señor, durante el cual fue sometido a una restricción de su libertad, situación que se terminó al decretarse la preclusión de la respectiva investigación por la ausencia de material probatorio que relacionara al actor con el delito imputado.
III. SEGUNDA INSTANCIA
1.- RECURSOS DE APELACIÓN
Inconformes con la decisión adoptada en primera instancia, la Nación – Fiscalía General de la Nación (fls. 230-240 C. Ppal.), la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (fls. 241-251, C. Ppal.) y, la parte demandante (fls. 252-255, C. Ppal.) mediante sus apoderados judiciales, interpusieron y sustentaron oportunamente recurso de apelación, solicitando la revocatoria de la sentencia impugnada con fundamento en los siguientes argumentos:

1.1.- NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Precisó que en el sub lite no se configuran los supuestos esenciales que permitan estructurar ninguna clase de responsabilidad en cabeza de la Fiscalía General de la Nación.
Al respecto, señaló que la actuación del ente acusador se surtió de conformidad con la Constitución Política y las normas vigentes para la época de los hechos, actuación de la cual no es ajustado a derecho predicar un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, ni mucho menos un daño antijurídico por privación injusta de la libertad del señor Mauricio Vásquez Rodríguez.
Agregó que los elementos materiales probatorios y la evidencia física presentadas por la Fiscalía General de la Nación en su momento, de conformidad con las normas procesales que regulan la materia, permitieron solicitar al Juez Penal Municipal de Control de Garantías en la audiencia de legalización de la captura, la imposición de la medida de aseguramiento privativa de la libertad del hoy demandante; los cuales permitieron “inferir razonadamente” al juez la procedencia de la medida de aseguramiento de detención preventiva.
Reiteró sus argumentos frente a la falta de legitimación en la causa por pasiva de la entidad demandada, insistiendo en la posibilidad de adoptar la posición de otros Tribunales Administrativos del país.
1.2.- NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Argumentó que fue la Fiscalía General de la Nación quien en audiencia pública solicitó al Juez de Control de Garantías la imposición de la medida de aseguramiento al señor Vásquez Rodríguez, de lo que se presume que en el momento en que el ente acusador solicitó la medida, se entiende que su teoría del caso se encuentra sólida con los elementos necesarios y veraces para seguir adelante con su acusación, teoría que tenía como fundamento la denuncia que presentó la víctima del hecho punible, por lo cual el cuerpo técnico de investigación a cargo de la Fiscalía General de la Nación procedió a efectuar la captura de los indiciados en flagrancia y a solicitar en audiencia preliminar ante el funcionario judicial correspondiente el control de legalidad de la captura, la formulación de imputación y la solicitud de medida de aseguramiento con base en los elementos materiales que soportaron dichas solicitudes.
Afirmó que el juez competente legalizó la captura del señor Vásquez Rodríguez, teniendo en cuenta los elementos materiales probatorios presentados en esa instancia, lo cual con el propósito de prevenir alguna situación que impidiera el correcto desarrollo del proceso penal, fue dictada la correspondiente medida de aseguramiento, solicitada por el ente acusador, con fundamento en el postulado previsto en el artículo 108 del Código de Procedimiento Penal.
Por tal razón, resaltó que el error jurisdiccional no puede ser analizado únicamente desde la perspectiva orgánica, por el contrario, la posible comisión de una falta por parte del administrador de justicia que conlleve responsabilidad patrimonial del Estado, debe ser estudiada desde una perspectiva funcional, esto es, bajo el entendido que al juez, por mandato de la Constitución Política, se le otorga una autonomía y una libertad para interpretar los hechos que se sometan a su conocimiento, y así mismo aplicar las normas constitucionales o legales que juzgue apropiadas para la resolución del respectivo conflicto jurídico conforme al artículo 228 de la Constitución Política, por lo tanto, el error jurisdiccional de partir del respeto a la autonomía funcional del juez.
En consecuencia, concluyó que entre la privación de la libertad del demandante y la actuación de los jueces de la República no existió un nexo causal, por cuanto en el presente caso, no se puede hablar de error jurisdiccional de alguno de los funcionarios judiciales y menos afirmar que la decisión de preclusión por sí misma, convierte en injusta la privación de la libertad, según lo ha expresado la jurisprudencia del Consejo de Estado.
También expresó que se configuró la causal eximente de imputación del hecho de un tercero a raíz de que la captura se dio ante denuncia presentada por un particular y tuvo respaldo constitucional y legal en el material probatorio aportado por la Fiscalía General de la Nación ante el juez de control de garantías.
Agregó que tal y como lo adujo el a quo, la causal de solicitud de preclusión a favor del investigado representa la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, situación que es ajena al proceder de los jueces, siendo claro que la facultad de investigación recae es en la Fiscalía quien no presentó una teoría del caso tan sólida como para determinar que el señor Vasquez Rodríguez fue quien cometió la conducta punible y luego no tuvo los elementos materiales de prueba para sostener tal afirmación.
Sobre el tema de perjuicios pidió se estudie que según el fallo de primera instancia el detenido estuvo privado de su libertad por espacio de tres meses y tres días, y que en virtud a ello no resulta justo aplicar una indemnización de 15 SMLMV más por tan solo tres días que excedieron a los 90, según la nueva tabla de indemnización de que trata la sentencia de unificación del Consejo de Estado sobre liquidación de perjuicios morales.
En relación a la condena por perjuicio material en la modalidad de daño emergente pidió revocar la providencia al manifestar que no existe prueba que demuestre que la víctima en forma directa canceló los honorarios al profesional del derecho, como tampoco obra contrato de prestación de servicios suscrito con el togado ni factura de pago por el valor reclamado.

Sobre la condena por perjuicio material en la modalidad de lucro cesante, expresó que no se observa en la sentencia del a quo ningún valor por este concepto.


Por lo expuesto pidió la revocatoria de la providencia de primera instancia y en su lugar se absuelva a la Nación – Rama judicial – Dirección Ejecutiva de Administración judicial en virtud de la causal excluyente de responsabilidad del hecho de un tercero y en subsidio solicita modificar en valor de la condena por perjuicios morales y revocar la misma por concepto de daño emergente.
  1   2


La base de datos está protegida por derechos de autor ©absta.info 2016
enviar mensaje

    Página principal