Ariel salazar ramírez magistrado ponente stc1022-2017 Radicación n. 11001-02-03-000-2017-00113-00



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ARIEL SALAZAR RAMÍREZ

Magistrado ponente
STC1022-2017

Radicación n. 11001-02-03-000-2017-00113-00

(Aprobado en sesión de primero de febrero de dos mil diecisiete)


Bogotá, D. C., primero (01) de febrero de dos mil diecisiete (2017).
Se decide la acción de tutela promovida por E.F.Q. y J.F.C.V., en nombre propio y en representación de su hijo menor de edad J.F.C.F., contra la Sala Civil – Familia – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, trámite al que se ordenó vincular al Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad y a los intervinientes en el proceso de responsabilidad civil contractual donde se origina la queja.
I. ANTECEDENTES
A. La pretensión
En el libelo introductorio de la presente acción, los ciudadanos solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales, al debido proceso, prevalencia del derecho sustancial y acceso a la administración de justicia, que consideran vulnerados por la Corporación accionada, al declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, cuando fue presentado con apego a los lineamientos establecidos en el artículo 322 del Código General del Proceso. Adicionalmente, censuran el fallo del juzgador A quo, por considerar que incurrió en indebida valoración probatoria, así como en múltiples yerros de interpretación para denegar las súplicas de la demanda.
En consecuencia, pretenden que se dejen sin valor ni efecto los autos por medio de los cuales se denegó la admisibilidad del recurso de apelación y se puso fin a la causa. [Folios 38-73, c.1]

B. Los hechos
1. Los accionantes promovieron demanda de responsabilidad civil contractual, contra la CAJA DE COMPENSACIÒN FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR S.A., a fin de que se le condenara al pago de los perjuicios materiales y morales ocasionados con la no autorización del examen amniocentesis terapéutica ordenado prioritariamente durante la gestación de su hijo JFCF a la madre y por ende, no brindarle el tratamiento oportuno ni adecuado a la toxoplasmosis congénita que con posterioridad al parto le fue diagnosticada, situación que desembocó en múltiples patologías, como hidrocefalia severa, retardo global del desarrollo, epilepsia sintomática, microcráneo y compromiso visual, para el recién nacido. (Véase Cd adjunto al petitorio)

2. El conocimiento del asunto correspondió por reparto al Juzgado 3º Civil del Circuito de Neiva, tras ser reasignado por la justicia laboral, en virtud de lo dispuesto en el Código General del Proceso.


3. Notificada, la demandada manifestó su oposición a las pretensiones del libelo introductor, con fundamento en la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, soportada en que no existe relación directa entre el daño y la falta de realización de la valoración reclamada.

4. El 19 de agosto de 2016, el juzgador de la causa desestimó las pretensiones de los peticionarios del amparo, por no hallar acreditado el nexo causal entre la conducta endilgada a la caja de compensación y el daño ocasionado en la salud del infante.


5. En desacuerdo, el extremo actor formuló recurso de apelación contra la sentencia, censura que le fue concedida en el efecto suspensivo.
6. En proveído de agosto 23 de 2016, el Tribunal Superior de Neiva, declaró inadmisible la impugnación por considerar que no cumple con los presupuestos consagrados en los artículos 322 y 325 del Código General del Proceso.

7. La decisión fue recurrida a través del recurso de súplica por los interesados.


8. El 5 de octubre de 2016, la sede plural cuestionada dispuso ratificar su criterio.
9. Los reclamantes acuden a este mecanismo constitucional porque consideran que la determinación del fallador de segunda instancia desconoce sus prerrogativas fundamentales, en tanto sacrifica sus derechos frente a las formas, cuando en su sentir, con la interposición del recurso de apelación se satisfizo la carga mínima exigida por el legislador para ese momento procesal. Así mismo, cuestionan la sentencia emitida en primera instancia por incurrir en diversos yerros valorativos e interpretativos.
Por lo anterior, pretenden la concesión de la protección invocada, en la forma vista. [Folios 38-73, c.1]
C. El trámite de la instancia
1. El 20 de enero de 2017 se admitió la acción de tutela y se ordenó el traslado a los interesados para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 75, c.1]
Las vinculadas manifestaron su ajenidad a la actuación, tras argumentar que no fueron convocadas al trámite ordinario objeto de reproche.
A su turno, la demandada en el juicio de responsabilidad civil contractual, consideró ajustadas a la legalidad las actuaciones y decisiones allí adoptadas.
II. CONSIDERACIONES
1. La jurisprudencia, de manera invariable, ha señalado que, por regla general, la acción de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, sólo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas, cuando con ellas se causa vulneración a los derechos fundamentales de los asociados.
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilación de sus conflictos a la jurisdicción.
Una de las causas que justifican la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales se da cuando en desarrollo de su actividad el funcionario se aparta de manera evidente de las normas sustanciales o procesales aplicables al caso y por contera, incurre en una inadecuada valoración de los hechos, cuya situación termina produciendo un fallo que vulnera derechos fundamentales.
2. En el presente asunto, como resultado del análisis de las decisiones adoptadas por el Tribunal Superior de Neiva, se advierte su incursión en un defecto por excesivo rigorismo, que transgrede los derechos fundamentales de los accionantes y que hace necesaria la intervención del juez constitucional.
En efecto, la autoridad mencionada, mediante providencia de agosto 23 de 2016, declaró inadmisible el recurso de apelación impetrado por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia dictada el 19 del mismo mes y año por el Juzgado 3º Civil del Circuito de Neiva, por estimar que en su intervención, el recurrente «…no cumplió con la exigencia legal de concretar los reparos a la sentencia; por cuanto no basta con referir que “no se hizo una adecuada valoración probatoria e indebido rompimiento del nexo causal”, sino se indican las razones y argumentos que motivan a interponer la alzada, toda vez que la competencia para resolver la apelación de sentencia no estaríamos ante una revisión total de ella sino a los puntos claros y concretos de la inconformidad.»
Al respecto, observa la Sala que una vez enterada del fallo desestimatorio de primer grado, la parte demandante indicó de viva voz «…Gracias su señoría, me permito interponer el respectivo recurso de apelación y definir los reparos concretos que establece el Código General del Proceso en una inadecuada valoración probatoria y un indebido rompimiento del nexo causal.»
Acto seguido y tras resolver el recurso de reposición que el extremo pasivo formuló contra el auto que concedió inicialmente la censura vertical, el juzgador de la causa mantuvo incólume su determinación, por considerar que el recurrente cumplió con la carga procesal exigida.
Ahora bien, el inciso 2º del numeral 3º del artículo 322 del Código General del Proceso establece que:
«…Cuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) días siguientes a su finalización o a la notificación de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deberá precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisión, sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el superior.
Para la sustentación del recurso será suficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad con la providencia apelada.» (Negrilla para resaltar)
En vista de lo anterior, la Sala encuentra que, en efecto, incurre en un excesivo rigorismo el Tribunal accionado al declarar inadmisible el recurso de apelación que los tutelantes formularon contra la sentencia de primera instancia proferida en su causa, pues la exigencia hecha en el auto por medio del cual se resolvió adversamente la súplica, de referirse a hechos concretos o a los medios de prueba específicos inadecuadamente valorados, no es la que se desprende del inciso 2º de la norma en cita, donde el legislador simplemente ordena al recurrente concretar los reparos sobre los cuales versará la sustentación ante el superior, que en este caso, son “una indebida valoración probatoria y un inadecuado rompimiento del nexo causal”, según lo expresó el inconforme.
Entonces, no puede afirmarse que la exposición de los reparos contra la demanda fue general y abstracta, como lo hizo la autoridad accionada, pues exigir al recurrente que indique cuales fueron los medios probatorios indebidamente valorados o los argumentos con base en los cuales considera que el nexo causal se rompió indebidamente, equivale a imponerle la carga de sustentar su recurso en la misma audiencia, cuando con tal propósito el legislador consagró la respectiva diligencia de sustentación del recurso (inciso 2º del artículo 327 del Código General del Proceso).
En el mismo sentido, la inadmisibilidad del recurso de apelación, desconoce que la oportunidad idónea para desarrollar los reparos que le hizo a la sentencia – indebida valoración probatoria e indebido rompimiento del nexo causal -, es la audiencia de sustentación, donde, precisamente para concretar cuál será la competencia del juzgador Ad quem, se indicarán cuales fueron esas pruebas indebidamente valoradas en sentir del apelante y porqué se concluyó erradamente que el nexo causal no estaba acreditado y será esa y no otra la temática sobre la cual versará dicha argumentación ante el superior.
Así, la manifestación del extremo activo fue suficiente para “concretar los reparos contra la sentencia”, sin que sea posible imponerle cargas argumentativas de ninguna otra índole en aquella fase procesal.

Es necesario recordar que el respeto por las formas propias de cada juicio no implica, en manera alguna que los ritos procesales sean un fin en sí mismos, todo lo contrario, la primacía de lo sustancial, impone que los procedimientos sirvan como medio para lograr la efectividad de la administración de justicia y de los derechos subjetivos de quienes someten sus conflictos a ella.


No se trata de avalar el desconocimiento absoluto de la ritualidad procesal, que en este caso no se presenta, pero tampoco de que el funcionario judicial atienda de manera tan rigurosa a esas formalidades, pues ello apareja un “excesivo ritual manifiesto” que sacrifica prerrogativas constitucionales para salvaguardar la forma.
Ante tal panorama, es evidente que la sede judicial demandada, no garantizó la prevalencia del derecho sustancial, tal como lo ordena el artículo 228 de la Constitución Política y se atuvo más a la literalidad de las palabras que a la verdadera intención del recurrente tutelante.
En consecuencia, la Sala otorgará el amparo constitucional invocado frente a los autos proferidos los días 23 de agosto y 5 de octubre de 2016 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva y, por sustracción de materia, se abstendrá de emitir pronunciamiento alguno en lo tocante a los reparos de los accionantes contra el fallo de primera instancia dictado en el proceso cuestionado.

Por lo anterior, se ordenará a la autoridad accionada, que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda a dejar sin efectos sus decisiones y profiera un nuevo pronunciamiento con observancia de las consideraciones aquí expuestas.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE PARCIALMENTE la protección constitucional deprecada. En consecuencia, dispone:
PRIMERO: ORDENAR al Tribunal Superior de Neiva, que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda a dejar sin efectos sus autos de agosto 23 y octubre 5 de 2016, y en su lugar, profiera un nuevo pronunciamiento frente a la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, con observancia de las consideraciones aquí expuestas.
SEGUNDO: ABSTENERSE de emitir pronunciamiento frente a los reparos del tutelante contra el fallo de primer grado dictado en el proceso objeto de cuestionamiento, por sustracción de materia.
TERCERO: COMUNÍQUESE lo aquí resuelto a las partes por el medio más expedito; y, en su oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnado este fallo.

LUIS ALONSO RICO PUERTA

Presidente de Sala



MARGARITA CABELLO BLANCO

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO


ARIEL SALAZAR RAMÍREZ

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA


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