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Causa Nº

En la ciudad de La Plata, a los treinta y un días del mes de agosto del año dos mil cuatro, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, dres. Gustavo Juan De Santis, Claudia Angélica Matilde Milanta y Gustavo Daniel Spacarotel, para entender en la causa “DOMINGUEZ, ROBERTO C/MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/AMPARO POR MORA”, en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo nº 1 del Departamento Judicial de Quilmes (expte. Nº 32) y, efectuado el sorteo de ley, se dispuso el siguiente orden de votación: dres. Claudia Angélica Matilde Milanta, Gustavo Juan De Santis y Gustavo Daniel Spacarotel, dictándose la siguiente sentencia.


A N T E C E D E N T E S


1. El Juez de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de Quilmes, en oportunidad de pronunciar sentencia, declaró que la cuestión planteada en el proceso de amparo por mora se había transformado en abstracta (art. 76 inc. 4, ley 12.008) e impuso las costas en el orden causado (art. 51, ley cit.).

2. Contra ese pronunciamiento se alza la actora e interpone recurso de apelación porque sostiene que le causa gravamen irreparable.

3. Concedido y sustanciado el recurso, el magistrado a-quo elevó la causa a la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, cuyo presidente, a su vez, la remitió a este Tribunal, con fundamento en la ley 12.074 y sus modificatorias y la Resolución de la S.C.B.A. N° 1.559/04.

4. Dictada la providencia de autos y efectuado el sorteo de ley, la causa ha quedado en estado de ser resuelta, planteándose las cuestiones que a continuación se mencionan.



C U E S T I O N E S


Primera: ¿Es admisible el recurso de apelación?

En caso afirmativo

Segunda: ¿Es fundado?
V O T A C I O N

A la primera cuestión planteada, la Dra. Milanta dijo:

1. La demandada, al contestar el recurso de apelación, sostiene que este medio de impugnación resulta improcedente en el proceso de amparo por mora. El art. 76 inc. 4 establece, a su criterio en forma clara, que la sentencia dictada en esta clase de juicio es susceptible solamente de reposición, pues no se halla previsto recurso de apelación. Aduce que el legislador se apartó deliberadamente del esquema general reglado en el Capítulo X, que la norma particular debe ser aplicada en forma estricta y que no se encuentra comprometido el derecho de defensa.

2. El mencionado precepto de la ley ritual prescribe que “Las resoluciones que adopte el juez en el trámite del amparo por mora serán irrecurribles. La sentencia será susceptible de reposición, dentro de los tres (3) días de notificada, mediante escrito fundado” (art. 76, último párrafo).

Luego, de allí no deriva, como interpreta la demandada, que sea inadmisible el recurso de apelación contra la sentencia dictada en el amparo por mora.

La norma sólo establece la irrecurribilidad de las resoluciones que se adopten en el trámite.

Con respecto a la sentencia, preve en forma expresa la reposición, fijando un plazo de tres días para deducirla. Este medio de impugnación difiere -en cuanto al objeto del recurso- del contemplado para el proceso administrativo con carácter general en el Capítulo X pues, este último procede contra las providencias simples o interlocutorias (art. 53, C.C.A.). Distinción que se presenta como justificación de la norma especial (art. 76 cit.).

De la regla particular (art. 76 último párrafo) no cabe extraer el principio de inapelabilidad del fallo, pues, la imprevisión normativa no implica la improcedencia del recurso. Por el contrario, el precepto específico guarda coherencia con las normas generales para predicar su admisibilidad.

En todo caso, las peculiaridades del amparo por mora no han dado motivo para que el legislador apartara la sentencia de la regla de apelabilidad (arts. 76, 55 y concs., C.C.A.). Criterio que es el que mejor se aviene a los principios que informan el nuevo sistema de justicia administrativa, estructurado sobre la base de una organización judicial de doble instancia ordinaria (leyes 12.008 y 12.074 y sus reformas; arts. 15, 166 y 215, C.P.).

Cabe concluir que el recurso de apelación procede contra la sentencia dictada en el proceso de amparo por mora, con arreglo a las disposiciones del Código de la materia.

En este sentido lo ha entendido este Tribunal, al admitir dicho recurso en subsidio del de reposición (causa Nº 16, C.C.A.L.P., "Gallo", res. del 10-8-04), criterio que no obsta, más bien al contrario confirma, su viabilidad en forma directa (art. 55, cit.).

3. En el caso, el recurso fue interpuesto dentro del tercer día de la notificación de la sentencia que declaró abstracta la cuestión (fs. 32 y sigts.), en escrito fundado, por lo que reúne los extremos de admisiblidad y corresponde conocer sobre sus fundamentos (arts. 55, 56, 58, 76 y concs., C.C.A.).

A la primera cuestión planteada, voto por la afirmativa.

Los señores jueces doctores De Santis y Spacarotel, por los mismos fundamentos de la doctora Milanta, a la primera cuestión planteada, votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión planteada, la Dra. Milanta dijo:

I. 1. El actor promovió acción de amparo por mora "ante la falta de dictado del acto administrativo en el expediente 2137-534.121/97" (fs. 12, I. Objeto). Según el relato, en esas actuaciones caratuladas “Infracción art. 59 inc. 7 decreto ley 9.550/80”, impugnó la Resolución Ministerial nº 1.420 que dispuso su sobreseimiento provisorio y, no obstante haber requerido pronto despacho el 8-7-03, no había recaído decisión, configurándose la demora administrativa. Solicitó el juez que ordene a la Policía de la Provincia dictar el acto final (fs. 15, Petitorio). La presentación judicial se efectuó el 6-4-04 (fs. 15 vta.).

2. Sustanciado el proceso con arreglo a lo dispuesto por el art. 76 del Código de la materia, compareció el representante fiscal y acompañó copia de la Resolución N° 679 de fecha 21-4-04, dictada en el sumario administrativo de referencia (2137-534.121/97), mediante la cual se rechazó el recurso de reconsideración interpuesto por el ex comisario Roberto Domínguez, contra la resolución Nº 1.420/02 (fs. 17/17 vta.). En atención a la naturaleza del proceso, solicitó que se declare abstracta la cuestión, con costas en el orden causado.

3. Al tomar conocimiento de tal circunstancia, el demandante se agravió por la demora de la autoridad administrativa y porque el acto dictado no se le había notificado. En esa inteligencia, entendió que la cuestión no se había tornado abstracta, debido a la falta de eficacia de la resolución recaída en el sumario, que impedía todo remedio judicial posterior, no encontrando satisfecho el objeto del proceso. Denunció de temeraria la conducta de la demandada. Por todo ello, solicitó que se dicte la sentencia ordenándose la notificación administrativa, con costas a la contraparte.

4. El juez de primera instancia declaró abstracta la cuestión e impuso las costas en el orden causado (arts. 76 inc. 4 y 51, ley 12.008). Consideró que el dictado de la Resolución 679/04 “satisface lo peticionado por el actor en su presentación” y que el planteo relativo a la notificación del acto resultaba improcedente, por hallarse fuera del contexto del objeto de la demanda. En cuanto a las costas, ponderó el contenido específico de la acción y el cese de la omisión antes de la contestación del informe, además de lo dispuesto por el art. 51 del C.C.A. y arts. 68 y 70 del C.P.C.C. (fs. 29/31).

5. Contra ese pronunciamiento se interpone el recurso de apelación (fs. 32/36 vta.). Sostiene la actora que le causa gravamen irreparable, que carece de motivación autosuficiente, no respeta el postulado de congruencia, ni se ajusta a las pautas de razonabilidad. Aduce en primer término que la Resolución nº 679 no fue dictada en el plazo señalado por la ley de procedimiento administrativo, sino a casi un año del pedido de revocatoria y luego de haberse deducido la presente acción.

Agrega que para que el acto administrativo sea efectivo, se debe cumplir con el requisito de la publicidad y la Resolución nº 679 carece de eficacia, pues no le ha sido notificada, motivo por el cual se encuentra privado de continuar defendiendo sus derechos. Entiende que es aún necesario el libramiento de la orden judicial en los términos del art. 76 de la ley 12.008.

En cuanto a las costas, sostiene que es temeraria la conducta de la demandada, en razón de la inconsistencia del informe producido por la demandada. En consecuencia, considera que aquélla debe soportar los gastos causídicos.

6. Al contestar el recurso, la demandada esgrime la inexistencia de agravio para el apelante y argumenta acerca de la conformidad a derecho del fallo impugnado. Solicita su confirmación.

II- Al apelante no le asiste razón.

a) En primer término, el recurso debe sostenerse sobre la base del agravio que provoca el pronunciamiento. Al respecto, los argumentos vertidos en la queja no logran demostrarlo.

La falta de notificación de la resolución administrativa no coloca al actor en situación de indefensión, como aduce. Los medios de anoticiamiento previstos en la ley (decreto-ley 7647) posibilitan el acceso al expediente para tomar conocimiento del acto administrativo (cfr. art. 63) y avalan la idoneidad de todo otro medio que permita cumplir con esa finalidad (arts. 63 y 67). A ello cabe agregar que cuando resulta en forma indubitable que el interesado ha tenido conocimiento del acto, la notificación surtirá desde entonces todos sus efectos (art. 67, última parte, cit.). En este proceso el actor se impuso del dictado del acto y de su contenido (fs. 17/21, 25/27 vta.), razón por la cual carece de sustento el alegato sobre la ausencia de notificación incorporado para mantener la actualidad de la cuestión litigiosa, a fin de lograr una orden de pronto despacho al respecto.

Tampoco se desprende de la circunstancia apuntada por el recurrente, la configuración de lesión al derecho de defensa. La invocada falta de eficacia de la resolución -en todo caso- no lo priva de ejercitarlo, salvo desconocimiento de la existencia del acto o de su contenido, que no es el supuesto de marras.

b) Por otra parte, la acción se abrió con el objeto que se ordenara a la administración resolver el recurso de revocatoria interpuesto en el sumario administrativo. El acto se dictó después de iniciado el juicio y antes de producirse el informe del art. 76 inc. 2 del C.C.A..

La pretensión quedó satisfecha fuera del proceso, antes de la oportunidad de decidir acerca de la mora (art. 76 inc. 4, cód. cit.), tornándose en consecuencia inoficioso cualquier pronunciamiento al respecto, a la vez que impropio de la función judicial (arg. art. 163, inc. 6, segundo párrafo, C.P.C.C. y art. 77, C.C.A.; doctr. S.C.B.A, causa B-64.272, “Hernández”, sent. del 18-9-02).

Es ineficaz la resistencia a ese resultado sobre la base de haberse dictado la resolución administrativa tras el vencimiento de los plazos previstos, pues el amparo por mora tiene por finalidad remediar la omisión en el procedimiento administrativo, librando la orden de pronto despacho de las actuaciones, razón por la que carece de sentido la condena si la diligencia, el acto o actuación han sido cumplidos (art. 76 inc. 4, C.C.A.).

Es así que, cuando por circunstancias extraprocesales, como la ocurrida en esta causa, se conforma el objeto de la pretensión, corresponde declarar extinguida la controversia por haberse convertido en abstracta la cuestión litigiosa. En ese sentido lo resolvió el juez a-quo.

c) Por último, la distribución de las costas en el orden causado, es la solución prevista en la norma de aplicación (art. 51, C.C.A.). Además, responde adecuadamente al principio general de imposición en los casos, como éste, donde la contienda ha perdido virtualidad (en este sent. v. causa B-64.272 y sus citas; cc. arts. 68 y 71, C.P.C.C.).

No se alegan razones o circunstancias que prueben la conducta temeraria de la demandada y no hay mérito para considerar que el informe producido en la causa que se limita a denunciar el dictado del acto en sede administrativa, acompañando copia, configure ese supuesto.

En estas condiciones, la imposición por su orden no merece objeción.

III. Por las razones expuestas, considero que corresponde rechazar el recurso de apelación y, consecuentemente, confirmar la sentencia, en cuanto ha sido materia de agravios.

A la segunda cuestión planteada, voto por la negativa.

Los señores jueces doctores De Santis y Spacarotel, por los mismos fundamentos de la doctora Milanta, a la segunda cuestión planteada, votaron en el mismo sentido.

Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente


S E N T E N C I A


Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada a fs. 29/31, y se la confirma en cuanto ha sido materia de apelación (arts. 15, 166 y 215, Constitución provincial; 53, 55, 56, 58 y 76, ley 12.008 –texto según ley 13.101-).

Las costas, en la alzada, se imponen en el orden causado (art. 51, C.C.A.).

Por la actuación en segunda instancia, regúlanse los honorarios del letrado de la parte actora, doctor Gabriel Antonio Talco, en la suma de cien pesos ($100) y los de los letrados de la parte demandada, doctores Javier Dente y Luis Carlos Alfredo Novello, en la suma de sesenta pesos ($60), respectivamente, cantidad a la que deberá adicionarse el 10% (arts. 12 inc. a) y 16, ley 6716 y modificatorias; 9, 10, 13, 15, 16, 31, 1ª parte, 49, 51, 54 y concs., decreto-ley 8904/77).

Regístrese, notifíquese y devuélvase al juzgado de origen.


Fdo.: Gustavo Juan De Santis. Juez. Claudia A.M. Milanta. Juez. Gustavo Daniel Spacarotel. Juez. Dra. Griselda S. Picone. Secretaria.

Registrado bajo el nº 1 (S)







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