Ancap, los contratos de explotación y la soberanía energética



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ANCAP, los contratos de explotación y la soberanía energética
Cuatro contratos de explotación de hidrocarburos, y dos más de prospección, firmados entre ANCAP y distintas empresas proyectan su sombra larga sobre la Cuenca Norte del país. Como muestra, el contrato con Schuepbach que consagra mecanismos que complican la soberanía energética vernácula y abre la puerta a pleitos internacionales. También, la posibilidad (o no) de que el fracking llegue al Uruguay. De fondo, un conflicto que agita aguas dentro de la fuerza de gobierno.
El entierro del oro negro
Fue en una de la segunda reunión de la Comisión de Cuenca del Acuífero Guaraní. Un organismo sin peso para tomar decisiones, un ámbito menor pero amplio. El gerente de exploración y producción de Ancap Héctor De Santana, se explayó durante una buena hora y media detallando los compromisos que la empresa estatal había parido con distintas multinacionales del petróleo. En esos tórridos primeros días de enero, el geólogo compartió con la atónita audiencia que para comienzos de 2014, ya existían cuatro contratos de explotación de hidrocarburos on shore, es decir, terrestres. Dos con la empresa Schuepbach energy Uruguay y dos con la empresa Total E&P Uruguay. Agregó, a su vez, que existían otros dos en etapa de prospección: uno con la empresa Miwen s.a, filial de la argentina YPF y el otro, con Petrina s.a.

El plazo para estos últimos es de un año, con opción a dos. Para los cuatro primeros, es de treinta años, con opción a diez más. Todos firmados.

El proceso, sin embargo, empezó mucho antes. Durante los tres primeros años del anterior gobierno de Tabaré Vázquez, el ejecutivo reavivó el interés de escarbar bajo el subsuelo. Dos rondas petroleras internacionales se realizaron buscando las empresas que tuviesen la trayectoria y el know how suficiente para encarar la tarea.

Fue el periodista Víctor Bachetta, mediante un juicio con el estado por el acceso a la información pública, quien logró acceder al primer contrato de prospección, firmado entre Ancap y Schuepbach en el año 2009.

En alguna parte de ese proceso, el tablero de las decisiones fue dejando jugadores afuera y ancap pasó a jugar el rol protagónico en los contactos con las multinacionales del petróleo. Hoy, se ha transformado en un conflicto que subyace y se mueve como el líquido negro por los ámbitos ministeriales. Fue el año pasado que el ejecutivo empezó a notar que la manija estaba en otra parte y resolvió la conformación de un espacio de coordinación para definir globalmente los lineamientos de una política petrolera, integrado por 11 ministerios. La respuesta fue algo tardía. Los contratos de explotación (el paso siguiente a la prospección) firmados con Schuepbach son del año 2012 y con Total, de octubre de 2013. El próximo gobierno será el heredero del trabajo de esta comisión y de los matetes que los contratos firmados puedan ocasionar.

El punto en discusión es la discreción del ente estatal para elaborar los contratos sin un acuerdo gubernamental previo. Dos son los puntos criticados sotto voce. Por un lado, que consagran una relación bilateral entre ancap y las empresas, cada uno con dos representantes en el comité de administración director de las explotaciones. “Ancap no es el dueño del petróleo, es el administrador”, sostienen desde el gobierno.



Y por otro, íntimamente ligado, la pretensión de acaparar todas las tareas de monitoreo y control de las actividades petroleros bajo la égida del ente. En aquella sesión de la comisión del acuífero, es el propio De Santana quien propone que el monitoreo del acuífero lo haga ANCAP.
CONFLICTOS. Otro riesgo es la pérdida de la responsabilidad intransferible del Estado en la conducción de la política energética. Ello se desprende de la constitución del Comité de Administración, “para la aprobación de los programas de trabajo de exploración y explotación (donde se definen técnicas, zonas a ser trabajadas, instrumentos, recursos y un extenso etcétera)”. Ese comité está integrado por cuatro miembros, dos representantes del SEI y dos de Ancap. Las decisiones serán adoptadas por unanimidad, de modo que cualquier tropiezo o desinteligencia será dirimido en los tribunales uruguayos…o llevados a una comisión de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, (CCI) un organismo privado integrado por abogados y expertos en comercio internacional, cuyos vínculos con las transnacionales se expresan particularmente en la predilección por privilegiar, en sus fallos, los criterios contenidos en los acuerdos bilaterales sobre inversiones, que se oponen a los intereses de los Estados litigantes.

Ciertamente, los gobiernos que representan a los Estados son responsables por la firma de esos tratados que habilitan a que el capital trasnacional se engulla bocados importantes de la riqueza nacional. Uruguay tiene experiencia en materia de arbitrajes, cuando el cierre del Banco Comercial, por ejemplo y más recientemente el litigio aun en trámite con la tabacalera Philip Morris, No se explica entonces que acepte a la Camára de Comercio Internacional cuando está en vigencia un tratado bilateral de inversiones con Estados Unidos.

Por si existiera alguna duda de las preferencias y los criterios de la CCI, hay que consignar que el abogado que representa jurídicamente los intereses en Uruguay de Schuepbach Energy, Paul Arrighi, del estudio del mismo nombre, es consultor para arbitrajes de la Comisión de Comercio Internacional. Difícilmente el abogado Arrighi podrá desprenderse de su relación con una de las partes a la hora de arbitrar un litigio entre SEI y Ancap.

Sería ingenuo suponer que Ancap desconoce esa doble representación de los abogados de SEI; más bien parece imponerse el criterio de que tales situaciones son aceptadas y aceptables. Tal es lo que ocurrió –según denunció el periodista Carlos Pelaez en Sudestada- con el gerente de producción de Ancap, Hector de Santa Ana, cuyo sobrino, el docente de la Facultad de Ciencias Gerardo Veroslavsky fungía como presidente de dos empresas de explotación minera, Edowell SA y Explotaciones Mineras SRL, cargos incompatibles con su dedicación total a la docencia. Interrogado por el Consejo de la Facultad Veroslavsky aclaró que era un simple testaferro de su tío, dado que el ingeniero de Santa Ana estaba inhabilitado de presidir dichas empresas.

No se sabe si fue peor la enmienda que el soneto. En todo caso no hubo reacción gubernamental por la evidente y confesa colisión entre el interés público y el privado. Y si no fuera por la fuerte reacción social, también hubiera prosperado la designación de Veroslavsky como director de Energía en el elenco que apoyará a la ingeniera Carolina Cosse en el Ministerio de Industrias y Energía, siendo que Veroslavsky es actualmente consultor de la empresa SEI, que está explorando la viabilidad comercial de la extracción de petróleo. El presidente electo Rabaré Vázquez decidió vetar la designación de Veroslavsky, cortando así un tandem sobrino-tio que no se inquieta por la conjunción de intereses públicos y privados.

Estos pequeños escandaletes están a tono con el aspecto central: la aceptación de contratos y de tratados, cuyos términos –o falta de precisión- terminan siempre favoreciendo al capital trasnacional. El presidente José Mujica ofreció recientemente una muestra de esa “fatalidad”: justificó la prórroga concedida a Aratirí para la firma del contrato definitivo referido a la extracción de hierro en la necesidad de “demostrar buena voluntad de negociación en un problema que es difícil” para así, “evitar un posible juicio internacional”.
FRACKING. Desde que la explotación petrolera en Uruguay dejó de ser una posibilidad abstracta, un deseo fantasioso, para convertirse en una posibilidad real, algunas cuestiones, que repentinamente se volvieron críticas, se sumergieron en un mar de ambigüedades. Por ejemplo: la eventualidad de que las compañías petroleras extranjeras apliquen técnicas de fractura hidráulica para explotar lo que se llama “petróleo no convencional”, que aquí en Uruguay y en todo el mundo provoca rechazos por sus consecuencias medioambientales y sanitarias.

En principio, el controvertido concepto de fracking no debería provocar sofocones porque, según el resultado de las prospecciones on shore verificado por consultores externos, se detectaron unos 20 posibles yacimientos de petróleo y gas convencionales ubicados en la vasta zona explorada en Paysandú, Salto y Tacuarembó y que podrían, si las próximas exploraciones lo confirman, aportar entre 2 y 241 millones de barriles en cada bloque. Fue el propio De Santana quien declaró ese cálculo públicamente (El país, 13/1/15)

Las autoridadades se apresuraron a advertir que la noticia no implica confirmar que Uruguay podrá explotar petróleo. Depende de las nuevas prospecciones determinar la calidad y cantidad de los hidrocarburos y la viabilidad económica de esos reservorios ubicado a una profundidad de entre 2.000 y 3.000 metros.

Estudios realizados por expertos de la organización Redes, apuntan que el contrato de 2013 entre SEI y Ancap exhibe otras debilidades, además de las referencias al fracking. Las licenciadas Viviana Barreto y Natalia Carrau subrayan como un peligro el que el texto no detalle las técnicas a ser utilizadas “y queden vagamente acotadas en un contrato legal vinculante. Esto sugiere la probabilidad de incluir técnicas que el Estado uruguayo pueda considerar en un futuro prohibir”.

Es más, la empresa norteamericana Schuepbach Energy International, que actualmente mantiene un litigio con el gobierno de Francia por la cancelación de un contrato para la explotación no convencional de hidrocarburos, debido a la prohibición del método de fracking por parte de la Asamblea Nacional.

Será, entonces, ese comité de administración, paritario entre ancap y la schuetbach el encargado de definir las técnicas a utilizar.

Hay una sensación que se carga entre ciertos actores del gobierno que deslizan que estudiar estos contratos es como hacer una autopsia: ya cargamos con el muerto. Según se rumorea, sin ser aún conocidos públicamente, es que los contratos con la empresa francesa Total, tiene aun peores condiciones que el de marras.

Desde el gobierno, la esperanza recae una vez más en la dinama. “Independientemente de los contratos comerciales que se firmaron, que son comerciales entre una empresa estatal y una privada extranjera, están las leyes nacionales. Existe la dinama y no se puede hacer ninguna actividad en el territorio sin su autorización ambiental”, insisten las fuentes.



No es exclusivo de piedra sola cruzar los dedos para que lo que haya allá abajo no sea gas de esquisto.


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