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Albert Soboul, Compendio de la Revolución Francesa (primera parte)


ALBERT SOBOUL
Compendio de historia de la Revolución Francesa
En 1789, Francia vivía en el marco de lo que más tarde se llamó el Antiguo Régimen.



La sociedad seguía siendo en esencia aristocrática; tenía como fundamentos el privilegio del nacimiento y la riqueza territorial. Pero esta estructura tradicional estaba minada por la evolución de la economía, que aumentaba la importancia de la riqueza mobiliaria y el poder de la burguesía. Al mismo tiempo, el progreso del conocimiento positivo y el impulso conquistador de la filosofía de la Ilustración minaron los fundamentos ideológicos del orden establecido. Si Francia continuaba siendo todavía, a finales del siglo XVIII, esencialmente rural y artesana, la economía tradicional se transformaba por el impulso del gran comercio y la aparición de la gran industria. Los progresos del capitalismo, la reivindicación de la libertad económica, suscitaban, sin duda alguna, una viva resistencia por parte de aquellas categorías sociales vinculadas al orden económico tradicional; mas para la burguesía eran necesarias, pues los filósofos y economistas habían elaborado una doctrina según sus intereses sociales y políticos. La nobleza podía, desde luego, conservar el principal rango en la jerarquía oficial, y su poder económico, así como su papel social, no estaban en modo alguno disminuidos.

Cargaba sobre las clases populares, campesinas sobre todo, el peso del Antiguo Régimen y todo cuanto quedaba del feudalismo. Estas clases eran todavía incapaces de concebir cuáles eran sus derechos y el poder que éstos tenían; la burguesía se les presentaba de una manera natural, con su fuerte armadura económica y su brillo intelectual, como la única guía. La burguesía francesa del siglo XVIII elaboró una filosofía que correspondía a su pasado, a su papel y a sus intereses, pero con una amplitud de miras y apoyándose de una manera tan sólida en la razón, que esta filosofía que criticaba al Antiguo Régimen y que contribuía a arruinarle, revestida de un valor universal, se refería a todos los franceses y a todos los hombres.

La filosofía de la Ilustración sustituía el ideal tradicional de la vida y de la sociedad por un ideal de bienestar social, fundado en la creencia de un progreso indefinido del espíritu humano y del conocimiento científico. El hombre recobraba su dignidad. La plena libertad en todos los dominios, económicos y políticos, tenía que estimular su actividad; los filósofos le concedían como fin el conocimiento de la naturaleza para dominarla mejor y el aumento de la riqueza en general. Así las sociedades humanas podrían madurar por completo.

Frente a este nuevo ideal, el Antiguo Régimen quedaba reducido a defenderse. La monarquía continuaba siendo siempre de derecho divino; el rey de Francia era considerado como el representante de Dios en la tierra; gozaba, por ello, de un poder absoluto. Pero este régimen absoluto carecía de una voluntad. Luis XVI abdicó finalmente su poder absoluto en manos de la aristocracia. Lo que llamamos la revolución aristocrática (pero que es más bien una reacción nobiliaria o, mejor dicho, una reacción aristocrática que no retrocede ante la violencia y la revolución) precedió, desde 1787, a la revolución burguesa de 1789. A pesar de tener un personal administrativo, con frecuencia excepcional, las tentativas que se hicieron de reformas estructurales, de Machault, de Maupeou, de Turgot, desaparecieron ante la resistencia de opinión de los Parlamentos y de los estados provinciales, bastiones de la aristocracia. Bien es verdad que la organización administrativa no mejoró y el Antiguo Régimen siguió siendo algo inacabado.

Las instituciones monárquicas, poco tiempo antes, habían recibido su estructuración última bajo Luis XIV: Luis XVI gobernaba con los mismos ministerios y los mismos consejos que sus antepasados. Pero si Luis XIV había llevado el sistema monárquico a un grado de autoridad jamás alcanzado, no había hecho, sin embargo, de este sistema una construcción lógica y coherente. La unidad nacional había progresado bastante en el siglo XVIII, progreso que había sido favorecido por el desarrollo de las comunicaciones y de las relaciones económicas, por la difusión de la cultura clásica, gracias a la enseñanza de los colegios y las ideas filosóficas, a la lectura, a los salones y a las sociedades intelectuales. Esta unidad nacional continuaba inacabada. Ciudades y provincias mantenían sus privilegios; el Norte conservaba sus costumbres, mientras que el Mediodía se regía por el Derecho romano. La multiplicidad de pesos y medidas, de peajes y aduanas interiores impedía la unificación económica de la nación y hacía que los franceses fuesen como extranjeros en su propio país. La confusión y el desorden continuaban siendo el rasgo característico de la organización administrativa: las circunscripciones judiciales, financieras, militares, religiosas se superponían y obstruían las unas a las otras.

Mientras las estructuras del Antiguo Régimen se mantenían en la sociedad y en el Estado, una “verdadera revolución de coyuntura” (para emplear la expresión de Ernest Labrousse) multiplicaba las tensiones sociales: crecimiento demográfico y alza de precios fueron las causas que, combinando sus efectos, agravaron la crisis.

El desarrollo demográfico de Francia en el siglo XVIII, especialmente a partir de 1740, es aún más importante, ya que sigue a un período de estancamiento. En realidad, fue pequeño. La población del reino puede calcularse en unos diecinueve millones de habitantes hacia finales del siglo XVII, y en unos veinticinco la víspera de la Revolución. Necker, en su Administración de las finanzas de Francia (1784), da la cifra de 24,7 millones, cifra que parece un poco corta. Tomando como base 25 millones, el aumento hubiera sido de seis millones de habitantes, teniendo en cuenta las variaciones regionales de un 30 a un 40 por 100. Inglaterra en esa época no contaba con más de nueve millones de habitantes (aumento de un 80 por 100 durante el transcurso del siglo). España, 10,5 millones. La natalidad en Francia continuaba siendo elevada; su nivel alcanzaba el 40 por 1.000. No obstante, se manifestaba una cierta tendencia a reducir los nacimientos, particularmente en las familias aristocráticas. El censo de mortalidad variaba mucho de un año a otro, y en 1778 disminuyó a un 33 por 1.000. La media de vida eran los veintinueve años poco antes de la Revolución. Esta pujanza demográfica marca especialmente la segunda mitad del siglo XVIII; proviene, sobre todo, de la desaparición de las grandes crisis del siglo XVII, que se debían a la falta de alimentación, al hambre y a las epidemias (como las del “gran invierno” de 1709). Después de 1741-1742, esas crisis del tipo de “hambre” tendieron a desaparecer; la natalidad, con sólo mantenerse, sobrepasaba la mortalidad y multiplicaba los hombres, especialmente en las clases populares y en las ciudades. El auge demográfico parece que fue provechoso más bien para las ciudades que para el campo. Había en 1789 unas sesenta ciudades con más de 10.000 habitantes. Si se clasifican en la categoría urbana las aglomeraciones de más de 2.000 habitantes, la población de las ciudades puede valorarse aproximadamente en un 16 por 100. Este desarrollo demográfico aumenta la demanda de productos agrícolas y contribuye al alza de precios.

El movimiento de precios y rentas en Francia en el siglo XVIII se caracteriza por un alza secular, que va desde 1733 a 1817: la fase A, para emplear la terminología de Simiand, da lugar a una fase B, de depresión, que a partir del siglo XVII llegó hasta 1730. El movimiento de larga duración empezó hacia 1733 (la libra se estabilizó en 1726, no habiendo mutación monetaria alguna hasta la Revolución). El desarrollo, lento hasta 1758, se hizo violento desde 1758 a 1770 (la “edad de oro” de Luis XV) ; el alza se estabilizó, para volver a crecer de nuevo la víspera de la Revolución. Los cálculos de Ernest Labrousse sobre 24 mercancías y el índice de 100 tomado en el ciclo básico 1726-1741 dicen que el alza de larga duración media es de un 45 por 100 durante el período 1771-1789 y se eleva a un 65 por 100 para los años 1785-1789. El aumento es muy desigual según los productos; más importante para los alimenticios que para los fabricados, para los cereales más que para la carne: estas características son propias de una economía que ha permanecido esencialmente agrícola; los cereales ocupaban entonces un lugar importante en el presupuesto popular, su producción aumentaba poco, mientras que la población aumentaba rápidamente y la competencia de los granos extranjeros no podía intervenir. Durante el período de 1785-1789, el alza de precios es de 66 por 100 para el trigo, de 71 por 100 para el centeno y de un 67 por 100 para la carne; la leña bate todos los récords: un 91 por 100; el caso del vino es especial: 14 por 100: la baja en el beneficio vinícola es aun más grave, ya que bastantes comerciantes en vinos no producen cereales y han de comprar hasta su pan. Los textiles (29 por 100 para las mercancías de lana) y el hierro (30 por 100) se mantienen por debajo de la media.

Las variaciones cíclicas (ciclos 1726-1741, 1742-1757, 1758-1770,1771-1789) y las variaciones propias de las estaciones se superponen en un movimiento de larga duración acentuando el alza. En 1789, el máximo cíclico lleva el alza del trigo a un 127 por 100; la del centeno a 136 por 100. En lo que se refiere a los cereales , las variaciones propias de las estaciones, imperceptibles o casi, en período de abundancia, aumentan en los años malos; desde una recolección hasta la otra, los precios pueden aumentar de un 50 a un 100 por 100 e incluso más. En 1789, el máximo estacionario coincidió con la primera quincena de julio: llegó incluso a aumentar el trigo en un 150 por 100; el centeno, en un 165 por 100. La coyuntura se manifestó especialmente en el coste de vida: se pueden medir fácilmente las consecuencias sociales.

Las causas de esas fluctuaciones económicas son diversas. En lo que se refiere a las fluctuaciones cíclicas y estacionarias, y, por tanto, las crisis, las causas hay que buscarlas en las condiciones generales de la producción y en el estado de las comunicaciones. Cada región vive de sí misma, y la importancia de la recolección es la que regula el coste de vida. La industria, de estructura especialmente artesana y con exportación pequeña, queda subordinada al consumo interior y depende directamente de las fluctuaciones agrícolas. En cuanto al alza a largo plazo, provendría de la multiplicación de los medios de pago: la producción de metales preciosos aumentó considerablemente en el siglo XVIII, especialmente la del oro del Brasil y la plata mejicana. Se ha podido afirmar, por la tendencia de la inflación monetaria y el alza de precios, que la Revolución, en cierta medida, se había preparado en lo profundo de las minas mejicanas. El desarrollo demográfico contribuyó también por su parte al alza de los precios al multiplicar la demanda.



Así se manifestaba, por múltiples aspectos económicos, sociales y políticos, la crisis del Antiguo Régimen. Estudiarla nos lleva a trazar un cuadro de causas profundas y ocasionales de la Revolución y a establecer en principio lo que le dio su auténtica importancia en la historia de la Francia contemporánea.
CAPITULO I
LA CRISIS DE LA SOCIEDAD

En la sociedad aristocrática del Antiguo Régimen, el derecho tradicional distinguía tres órdenes o estados, el Clero y la Nobleza, estamentos privilegiados, y el Tercer Estado, que comprendía la inmensa mayoría de la nación.

El origen de los estamentos se remontaba a la Edad Media, en donde se hacía patente la diferencia entre aquellos que rezaban, los que combatían y los que trabajaban para que vivieran los demás. El estamento del clero era el más antiguo; tuvo desde un principio una condición especial regida por el derecho canónico. Más tarde se hizo necesario entre los laicos el grupo social de la nobleza. Quienes no eran ni clérigos ni nobles constituían la categoría de “artesanos”, que dio lugar al nacimiento del Tercer Estado. Pero la formación de este tercer orden fue lenta. En un principio sólo figuraban los burgueses, es decir, los hombres libres de aquellas ciudades que gozaban de un fuero o una carta puebla. Los campesinos penetraron en el Tercer Estado cuando participaron por primera vez en 1484 en la elección de los diputados de este orden. Los órdenes se consolidaron poco a poco y se impusieron a la monarquía, aunque la distinción entre ellos convirtióse en una ley fundamental del reino, consagrada por la costumbre. Voltaire, en su Essai sur les moeurs et l’esprit des nations (1756), califica a los estamentos de legales y los define como “naciones dentro de la nación”.

Los estamentos no constituían clases sociales en sí; cada uno de ellos estaba dividido en grupos más o menos antagónicos. Sobre todo la antigua estructura social fundada sobre el sistema feudal, el desprecio de las actividades manuales y las ocupaciones productoras, no estaban en absoluto en armonía con la realidad.

La estructura social francesa del Antiguo Régimen conservaba el carácter de su origen, de la época en que Francia había empezado a tomar forma, hacia los siglos X y XI. La tierra constituía entonces la única fuente de riqueza; quienes la poseían eran también los dueños de aquellos que la trabajaban, los siervos. A partir de entonces habían cambiado este orden primitivo una multitud de transformaciones. El rey había arrebatado a los señores los derechos de regalía, dejándoles, sin embargo, sus privilegios sociales y económicos, lo que les permitió conservar un lugar preeminente en la jerarquía social. El renacimiento del comercio a partir del siglo XI y el desarrollo de la producción artesana habían creado, no obstante, una nueva forma de riqueza, la riqueza mobiliaria, y al mismo tiempo una nueva clase social, la burguesía.

A finales del siglo XVIII esta última iba a la cabeza de la producción; proporcionaba los cuadros de la administración real y también los capitales necesarios para la marcha del Estado. La nobleza sólo tenía un papel parasitario. La estructura legal de la sociedad no coincidía con las realidades sociales y económicas.


I. Decadencia de la aristocracia feudal

La aristocracia constituía la clase privilegiada de la sociedad del Antiguo Régimen; abarcaba la nobleza y el alto clero.

Si la nobleza, como estamento, existía en 1789, había perdido, sin embargo, desde hacía tiempo los atributos del poder público como los había tenido en la Edad Media. Al precio de un gran esfuerzo, la monarquía capeta había vuelto a ejercer sus derechos de regalía: percibir el impuesto, hacer la leva de los soldados, acuñar moneda, hacer justicia. Después de La Fronda, la nobleza, vencida y en parte arruinada, fue domada. Los nobles conservaron el primer lugar en la jerarquía social hasta 1789; la nobleza constituía, después del clero, el segundo estamento del Estado.

La aristocracia no se confundía exactamente con los privilegiados; los curas y los religiosos de origen campesino no descollaban. La aristocracia era esencialmente la nobleza. El clero constituía un orden privilegiado, dividido en dos por la barrera social. Según Sièyes era, por otra parte, más que estamento una profesión. De hecho, el alto clero pertenecía a la aristocracia: obispos, abades, presbíteros, la mayoría de los canónigos; mientras que el bajo clero, es decir, los curas y los vicarios, casi todos plebeyos, pertenecían socialmente al Tercer Estado.



1. La nobleza: decadencia y reacción

Los efectivos de la nobleza pueden ser valorados aproximadamente en unas 350.000 personas, o sea, el 1,5 por 100 de la población del país. Pero hay que tener en cuenta los matices regionales. Después de ciertos registros del impuesto per cápita, o también según el número de electores nobles que habían participado en las operaciones electorales de 1789, la proporción de nobles en las ciudades variaba en más de un 2 por 100 o en menos de un 1 por 100: Evreux, + 2 por 100; Albi, - 1,5 por 100; Grenoble, - 1 por 100; Marsella, -1 por 100.

La nobleza formaba el segundo estamento de la monarquía, pero era la clase dominante de la sociedad. Este adjetivo, por otra parte, ocultaba a finales del siglo XVIII una serie de elementos dispares, verdaderas castas hostiles entre sí. Todos los nobles poseían privilegios honoríficos, económicos y fiscales; derecho a espada, banco reservado en la Iglesia, decapitación en caso de ser condenado a muerte -en vez de ser ejecutado en la horca- y, sobre todo, exención de impuestos sobre las tierras, de trabajo en carreteras y de alojamiento de soldados, derecho a caza, monopolio de acceso a los grados superiores del ejército, a las dignidades de la Iglesia y a los altos cargos de la magistratura. Además, los nobles propietarios de un feudo percibían sobre los campesinos los derechos feudales (se podía, desde luego, ser noble sin poseer ningún feudo o ser un campesino y poseer un feudo noble, habiendo desaparecido toda conexión entre la nobleza y el sistema feudal). La propiedad territorial noble variaba según las regiones. Era especialmente fuerte en los países del Norte (22 por 100), en Picardía y en Artois (32 por 100),en los del Oeste (60 por 100), en los Mauges, en Borgoña (35 por 100), menos importante en el Centro, el Sur (15 por 100 en la diócesis de Montpellier) y el Sudeste. En conjunto, la nobleza venía a poseer, aproximadamente, la quinta parte de las tierras del reino.

Unidos sólo por los privilegios, los nobles mantenían entre sí diversas categorías, con intereses con frecuencia opuestos.

La nobleza de la Corte estaba compuesta por nobles que habían sido presentados a ella, unas 4.000 personas que vivían en Versalles en torno del rey. Llevaban una vida muy lujosa gracias a las pensiones que les asignaba la prodigalidad real, los sueldos militares, las rentas de los impuestos de la Casa Real, las abadías en encomienda, es decir, que un eclesiástico secular o un laico nombrado por el rey percibían la tercera parte de la renta sin ninguna obligación por su parte, y no hablemos de los recursos que percibían de sus extensos dominios. La alta nobleza estaba, sin embargo, arruinada en parte; la mayor renta no llegaba para mantener su rango; la gran cantidad de servidumbre de que se rodeaban, el lujo de sus atavíos, el juego, las recepciones, las fiestas, los espectáculos, la caza, les exigían cada vez más dinero. La alta nobleza se endeudaba. Los matrimonios con ricas herederas de origen campesino no bastaban para sacarles de apuros. La vida mundana, en efecto, acercaba cada vez más a una parte de esta nobleza a las altas finanzas y a las ideas filosóficas: así en el salón de Mme. D’Epinay. Por sus costumbres, por sus ideas liberales, una parte de la alta nobleza empezó a alejarse de su clase social; esto en una época en que la jerarquía social parecía ser de lo más rígido. Este grupo de la nobleza liberal, aunque manteniendo sus privilegios sociales, se veía impulsado hacia la alta burguesía, con la que compartía ciertos intereses económicos.

La nobleza provinciana tenía una suerte menos brillante. Los gentiles hombres rurales vivían con sus campesinos y con frecuencia casi con las mismas dificultades. Su recurso principal, ya que estaba prohibido a los nobles, so pena de perder sus derechos, practicar alguna ocupación manual, incluso cultivar su propia tierra más allá de un cierto número de fanegas, dependía de que percibiesen los derechos feudales que estaban obligados a pagar los campesinos. Estos derechos, si eran percibidos en dinero según una tarifa establecida hacía varios siglos, constituían una débil ayuda teniendo en cuenta la constante disminución del poder adquisitivo del dinero y el aumento continuo del coste de vida. Así, muchos de los nobles de provincias vegetaban en sus casas de campo arruinados y odiados cada vez más por aquellos campesinos a quienes les exigían el pago de los derechos feudales. De este modo se formó, para emplear la expresión de Albert Mathiez, una verdadera plebe nobiliaria, que vivía replegada en su miseria, odiada por los campesinos, despreciada por los grandes señores que a su vez odiaban a los nobles de la Corte por las múltiples rentas que obtenían del tesoro real y a la burguesía de las ciudades por las riquezas que sus actividades productivas les permitían amasar.

La nobleza de toga estaba constituida desde que la monarquía desarrolló su aparato administrativo y judicial. Nació en el siglo XVI de la alta burguesía. Esta nobleza de oficio ocupaba todavía en el siglo XVII una posición intermedia entre la burguesía y la nobleza de espada; en el siglo XVIII tendía a confundirse con la última. A la cabeza estaban las grandes familias parlamentarias, que pretendían controlar el gobierno real y participar en la administración del Estado. Inamovibles (habían comprado sus cargos), se transmitían éstos de padres a hijos; los parlamentarios representaban una gran fuerza, con frecuencia en pugna con la realeza, pero profundamente vinculados a los privilegios de su casta y hostiles a toda reforma que les pudiese alcanzar. Los filósofos los atacaban violentamente.

La aristocracia feudal estaba en decadencia a finales del siglo XVIII. No cesaba de empobrecerse; la nobleza de la Corte se arruinaba en Versalles, la nobleza provinciana vegetaba en sus tierras. Por ello exigía con tanta premura la aplicación de sus derechos tradicionales, pues cada vez estaban más cerca de la ruina. Los últimos años del Antiguo Régimen se caracterizaron por una violenta reacción aristocrática. Políticamente, la aristocracia intentaba monopolizar todos los altos cargos del Estado, la Iglesia y el Ejército; en 1781, un edicto del rey reservó los grados del Ejército para aquellos que hiciesen la prueba de los cuatro cuarteles de nobleza. Económicamente, la aristocracia agravaba el sistema señorial. Por medio de los edictos de selección, los señores se atribuían la tercera parte de los bienes que pertenecían a las comunidades rurales. Con el restablecimiento de los títulos de señorío y sus rentas, los registros conteniendo la enumeración de sus derechos ponían en vigor antiguos derechos caídos en desuso y exigían con toda exactitud lo que les era debido. Por entonces los nobles empezaron a interesarse por las empresas de la burguesía, colocando sus capitales en las nuevas industrias, especialmente en las industrias metalúrgicas. Algunos aplicaban a sus tierras las nuevas técnicas agrícolas. En esta carrera por el dinero una parte de la alta nobleza se aproximaba a la burguesía, con la que compartía en cierta medida las aspiraciones políticas. Pero el conjunto de la nobleza provincial y la de la Corte no veía otra solución que mantener cada vez más estrictamente sus privilegios. Hostil a las ideas nuevas, sólo reclamaba a los Estados generales para que les devolviesen su primacía y sancionasen sus privilegios.

En resumen, la nobleza no constituía una clase social homogénea verdaderamente consciente de sus intereses colectivos. La monarquía era blanco de la oposición frondista de la nobleza parlamentaria, de la crítica de los grandes señores liberales y de los ataques de los hidalgos de provincias excluidos de las funciones políticas o administrativas y que soñaban con volver a la antigua constitución del reino, constitución que les hubiera costado trabajo precisar. La nobleza de provincias, abiertamente reaccionaria, se oponía al absolutismo. La nobleza de la Corte ilustrada se beneficiaba con los abusos del régimen, pidiendo a la vez que se reformase sin tener en cuenta que su abolición le traería el golpe de gracia. La clase dominante del Antiguo Régimen no estaba unida para defender el sistema que garantizaba su primacía. Frente a ella estaba el Tercer Estado en pleno: los campesinos, a quienes exasperaba el régimen feudal; los burgueses, que se irritaban ante los privilegios fiscales y honoríficos; el Tercer Estado, unido por su hostilidad común contra el privilegio aristocrático.

2. El clero, dividido

El clero, compuesto aproximadamente de 120.000 personas, se proclamaba como “la primera corporación del reino”. Primero de los estamentos del Estado, poseía importantes privilegios políticos, judiciales y fiscales. Su poder económico estaba en lo que percibía por el diezmo y la propiedad territorial.

La propiedad territorial del clero era urbana y rural. Poseía numerosos inmuebles en las ciudades y por ellos percibía alquileres, cuyo valor se duplicó según transcurría el siglo. Para el clero regular la propiedad urbana era, al parecer, más importante que la propiedad rural; en las ciudades como Rennes, Ruán, los conventos poseían numerosos terrenos e inmuebles. La propiedad rural eclesiástica era más importante todavía. Es difícil hacer una valoración para el conjunto del país. Voltaire valoraba la renta que el clero obtenía de sus tierras en 90 millones de libras, Necker en 130, valoración sin duda más próxima a la realidad; pero lo cierto es que entonces se tenía tendencia a supervalorar las rentas territoriales del clero. La propiedad eclesiástica, generalmente, estaba dividida y se componía de propiedades aisladas, con un rendimiento mediocre como consecuencia, tal vez, de una mala administración y de un control lejano de los arrendatarios. Si se intenta, a base de estudios locales y regionales, valorar de una forma más precisa la propiedad territorial eclesiástica se comprobará que variaba de una a otra región, disminuyendo hacia el oeste ( 5 por 100 en los Mauges) y en el mediodía (6 por 100 en la diócesis de Montpellier). El porcentaje alcanzó a veces un 20 por 100 ( el Norte, Artois, Brie), pero descendía por debajo de 1 por 100; se le puede valorar en un 10 por 100 como tipo medio: proporción importante si se tiene en cuenta la debilidad numérica del orden.

El diezmo constituía aquella parte correspondiente a los frutos de la tierra o de los rebaños que las ordenanzas 779 y 794 habían obligado a los propietarios de la tierra a dar a los beneficiarios. Era universal y pesaba sobre las tierras de la nobleza, sobre las propiedades personales de los clérigos y sobre las tierras de los campesinos. Variaba según las regiones y las recolecciones. El diezmo mayor pesaba sobre los cuatro granos más importantes ( el trigo, el centeno, la cebada y la avena), el diezmo menor sobre los demás frutos. El impuesto del diezmo era siempre inferior a un 10 por 100; el tipo medio para los granos y para el conjunto del país parece situarse en una treceava parte. Es difícil valorar en conjunto la renta que el clero obtenía del diezmo. Se puede considerar en una valoración de unos 100-120 millones de libras; a éstas se añadían las rentas de la propiedad territorial, que venía a ser, aproximadamente, la misma suma.

Por el diezmo y las tierras el clero disponía, pues, de una parte considerable de la cosecha, que revendía. Con todo ello se aprovechaba de la subida de los precios y del alza de los arrendamientos; el valor del diezmo parece haber más que duplicado su valor durante el siglo XVIII. La carga de los diezmos, tan insoportable para los campesinos, lo era más, ya que frecuentemente se desviaban de su primitivo objetivo y, a veces, iban a parar a los laicos con el nombre de diezmos enfeudados.

Sólo el clero constituía un verdadero orden, provisto de una administración (agentes generales del clero y cámaras diocesanas) y sus tribunales (la curia). Cada cinco años se reunía la Asamblea, que se ocupaba de asuntos religiosos y de los intereses del estamento. Votaba una contribución voluntaria para subvenir a las cargas del Estado, el don gratuito, que constituía con las décimas, la única imposición del clero, un término medio de 3.500.000 libras por año, cifra mínima con relación a las rentas del estamento. Es cierto que el clero tenía la carga del Estado civil (registros de bautismos, matrimonios y sepulturas), de las asistencias y de la enseñanza. La sociedad laica dependía aún estrechamente del poder eclesiástico.

El clero regular (de 20 a 25.000 religiosos y, por término medio, unas 40.000 religiosas), tan floreciente en el siglo XVII, conoció, a finales del XVIII, una decadencia moral profunda y un gran desorden. En vano la Comisión de regulares, instituida en 1766, había intentado una reforma. En 1789 existían 629 abadías de hombres de encomienda y 115 regulares; 253 abadías de mujeres consideradas regulares; en resumen, casi todas las abadías regulares se debían al nombramiento real. El descrédito del clero regular se debía en parte a la importancia de sus considerables propiedades, cuyas rentas iban a los conventos despoblados y aún más a los abades encomenderos ausentes. Los mismos prelados eran muy severos para con el clero regular; según el arzobispo de Tours, en 1778, “la raza franciscana (de la Orden de San Francisco de Asís) está envilecida en provincias. Los obispos se quejan de la conducta crapulosa y desordenada de estos religiosos”.

El relajamiento de la disciplina continuaba, en efecto. Muchos monjes adoptaban las nuevas ideas, leían a los filósofos. Eran los que iban a proporcionar una parte del clero constitucional, una parte incluso de los revolucionarios. La decadencia era menos sensible en las comunidades de mujeres, en especial las que se ocupaban de la enseñanza o asistencia: precisamente las que eran más pobres. Las abadías antiguas gozaban a veces de considerables rentas. Gran parte de las abadías eran por nombramiento del rey. Con frecuencia, el rey no dejaba las rentas de estas abadías a los propios monjes; las daba en encomienda a beneficiarios, eclesiásticos seculares e incluso laicos que no ejercían la función, pero que percibían la tercera parte de la renta.

El clero secular estaba expuesto también a una verdadera crisis. La vocación religiosa no se basaba, como en el pasado, en el fundamento único de la fe; la propaganda filosófica la había debilitado desde hacía tiempo.

En realidad el clero, aunque constituyese un estamento y poseyese una unidad espiritual, no formaba un conjunto socialmente homogéneo. En sus filas, como en el conjunto de la sociedad del Antiguo Régimen, se oponían nobles y campesinos, el bajo y el alto clero, la aristocracia y la burguesía.

El alto clero, obispos, abades y canónigos, se reclutaba cada vez de modo más exclusivo en la nobleza; entendía con esto que defendía sus privilegios, de cuyo beneficio el bajo clero quedaba generalmente excluido. Ni uno solo de los 139 obispos no era noble en 1789. La mayor parte de las rentas del estamento iba a los prelados; el fausto y la magnificencia de los príncipes de la Iglesia igualaba al de los grandes señores laicos: la mayor parte residían en la Corte y no se ocupaban demasiado de su obispado; el de Estrasburgo, cuyo titular era príncipe y landgrave, proporcionaba 400.000 libras de renta.

El bajo clero (50.000 curas y vicarios) conocía con frecuencia lo que eran verdaderas dificultades. Curas y vicarios, casi todos de origen campesino, no percibían más que la parte congrua (750 libras para los curas, 300 para los vicarios, desde 1786), que les dejaban los beneficiarios, eclesiásticos y, a veces, incluso, laicos, que percibían las rentas del curato sin ejercer los cargos. También los curas y los vicarios constituían frecuentemente la verdadera plebe eclesiástica, nacida del pueblo, que vivía con él y compartía su espíritu y sus aspiraciones. El ejemplo del bajo clero delfiniano es bastante significativo en este sentido. Más que en cualquier otra provincia, en el Delfinado apareció muy pronto la insurrección de los curas, que provocó la escisión del estamento clerical en las primeras reuniones de los Estados generales. Este espíritu de venganza se explicó por el número tan elevado de congruistas que habían sido dejados aparte por el alto clero y por el apoyo que hallaron cerca de los parlamentarios. Las dificultades materiales en las que se debatían curas y vicarios les llevaron a formular reivindicaciones temporales, que pronto llegaron al campo teológico. A partir de 1776 el futuro obispo constitucional de Grenoble, Henry Reymond, publicó un libro, inspirado por el richérisme (*) que establecía los derechos de los párrocos en la historia de los primeros siglos de la Iglesia, la tradición de los Concilios y la doctrina de los padres. En 1789, la memoria de cuestiones expuestas al Rey de los del Delfinado, aunque conservando un tono respetuoso para con los obispos, llevó estas ideas hasta sus conclusiones extremas, vinculando la suerte del bajo clero a la del Tercer Estado.

A pesar de esta actitud del bajo clero, no se puede olvidar que la sociedad del Antiguo Régimen, la Iglesia, había vinculado su suerte a la de la aristocracia. Esta última, pues, no había cesado, durante todo el transcurso del siglo XVIII, de cerrarse a medida que se agravaban sus condiciones de existencia. Frente a la burguesía se transformaba en casta: la nobleza de la espada, la nobleza de la toga, la alta Iglesia, se reservaba el monopolio de los cargos militares, judiciales o eclesiásticos, de los cuales se excluía a los rurales u hombres llanos. Y esto en el momento en que esta aristocracia se había convertido en algo puramente parasitario, que no justificaba en absoluto, por los servicios prestados al Estado o a la Iglesia, los honores y los privilegios que habían podido constituir en un momento dado una contrapartida legítima. La aristocracia se aislaba de la nación por su inutilidad, por sus pretensiones, por su obstinada despreocupación frente al bienestar general.

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