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UN JUEZ DECLARÓ INCONSTITUCIONAL EL DNU DE MACRI QUE MODIFICÓ LA LEY DE ART

El subrogante Alejandro Aníbal Segura falló que la iniciativa es contraria a la Carta Magna y el Derecho internacional de los derechos humanos.


Un juez del fuero laboral declaró hoy la inconstitucional del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modificó la Ley de Riesgos de Trabajo, por entender que la iniciativa es contraria a la Carta Magna y el Derecho internacional de los derechos humanos.
Según el fallo, la norma fija un doble estándar para los trabajadores registrados y los informales, a la hora de iniciar una demanda laboral, lo cual viola el principio de igualdad ante la ley.
El fallo fue firmado ayer por el juez nacional del Trabajo número 41, el subrogante Alejandro Aníbal Segura, en el marco de un expediente que analizaba un reclamo de Florencia Soledad Alcaraz contra la compañía de seguros Federación Patronal iniciado el 2 de febrero pasado, por un accidente de trabajo que sufrió en 2015.
Según informa la agencia DyN, en la resolución, el juez declaró "de oficio la inconvencionalidad e inconstitucionalidad del art. 1º del DNU 54/2017, más allá de que por motivos que son de público y notorio conocimiento, el Poder Ejecutivo Nacional haya decidido convocar a Sesiones Extraordinarias a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y, en sesión del día 15-2-2017 con el voto de 88 sobre 257 diputados nacionales, haya sancionado con fuerza de ley el proyecto que en Orden del Día Nº 1269 puede ser consultado en el Boletín de la Cámara respectiva".
El cuestionamiento se focalizó en las Comisiones Médicas Jurisdiccionales creadas por el artículo 51 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, lo cual –dijo la reglamentación- "constituirá la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención, para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contigencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo".
"No abordaré la declaración de inconvencionalidad e inconstitucionalidad del art. 1º, DNU 54/2017 por los carriles del avasallamiento de las autonomías provinciales, sino por su propia naturaleza excluyente e irrazonablemente violadora del principio de igualdad", advirtió el magistrado.
Tras citar profusa jurisprudencia, el juez resaltó que "el principio de igualdad consiste en que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se conceda a otros en iguales circunstancias" y afirmó que hay diferencias para trabajadores registrados e informales.
"Existen, para el art. 1º, DNU 54/2017 sendas hipótesis que van a determinar el carácter obligatorio y excluyente de la instancia administrativa o la eximición del mismo. La primera es la de autos, una persona que trabaja y cuya relación laboral se encuentra debidamente registrada. La segunda hipótesis consta en el segundo párrafo de la norma: los trabajadores vinculados por relaciones laborales no registradas..., no están obligados a cumplir con lo dispuesto en el presente artículo y cuentan con la vía judicial expedita", detalló.
Y agregó que "el trámite ante las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, la Comisión Médica Central y el recurso de apelación aleja en el tiempo al enfermo o accidentado de una pronta reparación del daño sufrido", tras consideralo "otro insólito despropósito que ratifica la irrazonabilidad del trato desigual" con el trabajador informal.
"Declaro inconstitucional al art. 1º, DNU 54/2017 en cuanto viola el principio de igualdad ante la ley contenido en el art. 16, CN: "...Todos sus habitantes son iguales ante la ley...", dado que establece un trato diferencial inaceptable entre dos personas en igual condición –trabajar y accidentarse o enfermarse– de acuerdo con una condición ajena a su voluntad (estar o no registrada su relación laboral)", concluyó.

GRUPO MACRI



PIDEN QUE LA AGN AUDITE EL ACUERDO DEL GOBIERNO CON EL CORREO ARGENTINO

La comisión parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas encomendó que se haga un "estudio especial"respecto de los créditos del Estado en el concurso preventivo de la empresa de Franco Macri.


AGN y el correo Argentino Foto:DyN
La comisión parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas encomendó hoy a la Auditoría General de la Nación (AGN) un "estudio especial" de las gestiones administrativas realizadas en el Ministerio de Comunicaciones, la ex secretaría del área y la ex Comisión Nacional de Comunicaciones respecto de los créditos del Estado en el concurso preventivo de la empresa Correo Argentino S.A.
La AGN, que depende del Congreso Nacional y actualmente encabeza el exdiputado justicialista Oscar Lamberto, tendrá un plazo de 90 días, prorrogable a 120 días, para realizar el informe solicitado por la comisión bicameral.
En la reunión, realizada en el salón del Senado "Arturo Illia", hubo momentos de tensión entre el oficialismo y el peronismo con cruce de chicanas y responsabilidades políticas. La propuesta de asignar la investigación a la AGN partió de una nota presentada a la presidencia de la comisión, a cargo del senador José Mayans (PJ-FPV), por los diputados Mario Negri, Luis Borsani y Álvaro González, del interbloque Cambiemos.
Borsani explicó que "como hay posibilidad que exista conflicto de intereses es necesario esclarecer" y dar "más luz" sobre el fallido convenio firmado el 28 de junio del año pasado que prácticamente condonaba la deuda que la empresa mantiene con el Estado por, se estima, unos 70 mil millones de pesos.
El "conflicto de intereses" a que se refirió el funcionario es porque el concurso de intereses fue iniciado a principios de la década pasada cuando el concesionario de la empresa era el grupo Socma que encabeza Francisco "Franco" Macri, padre del Presidente, según consignó la agencia DyN.
Por su parte, Negri resaltó que la decisión de Cambiemos de pedir el "estudio especial" a la AGN sirve para que "nadie pueda pensar que nuestra intención" es "amañar algún tipo de información" y pronosticó que "va a ser muy buena la contribución del Parlamento al esclarecimiento de este tema".
El jefe del bloque de senadores del PJ-FPV, Miguel Ángel Pichetto, apuntó que la Auditoría cuenta en su archivo con abundante material sobre Correo Argentino que servirá de antecedente para el informe que ahora le encomendó la comisión.
En ese contexto, la diputada del Frente Renovador Carla Pitiot sugirió que la investigación abarque también las medidas "post-concursales" porque dijo "ha habido muchas idas y vueltas" desde que en el gobierno de Néstor Kirchner se le quitó la concesión al grupo encabezado por Macri padre.
La mayor tensión política sobrevino cuando la senadora kirchnerista Virginia García le enrostró a los miembros de Cambiemos utilizar eufemismos para no mencionar que el fallido convenio está "sospechado de corrupción" porque "la familia Macri logró una quita del 98,2 por ciento de su deuda" con el Estado.
"Ahora entendemos por qué se fue (Alfonso) Prat Gay, que logró menos quita con los (fondos) buitre que el Grupo Socma", ironizó. Además, especuló en que si no se hubiera filtrado en los medios el convenio "no estaríamos acá reunidos" y afirmó que "no hubo una voluntad (del Gobierno) de dar a conocer los términos del acuerdo".
Alvaro González, vicejefe del bloque de diputados del PRO, replicó que "la licuación del crédito es producto de las políticas públicas que se aplicó en los últimos 12 años" y recordó que el acuerdo no era un secreto y que estaba en la justicia.



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