Acosta, Carlos Omar c/ citricola ayui s. A. A. I. C. s/ Cobro de Pesos



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Autos: "ACOSTA, Carlos Omar c/ CITRICOLA AYUI S.A.A.I.C. s/ Cobro de Pesos" - (Expte. de Sala Nº 7137) - Juzgado del Trabajo Nº 4 - Expte. Nº 4120.------------------------------------------------------------------

Concordia, 6 de septiembre de 2016.



VISTO:

Estos autos caratulados "ACOSTA, Carlos Omar c/ CITRICOLA AYUI S.A.A.I.C. s/ Cobro de Pesos", Expte. de Sala Nº 7137, traídos a despacho para resolver y,

CONSIDERANDO:

I.-) Que a fs. 27/31 los abogados que representan en el pleito a la demandada interponen recurso de apelación contra la resolución obrante a fs. 23 de estos autos, punto II, a través de la cual el a quo decide no hacer lugar a la agregación del escrito de contestación de la demanda acompañado, ordenando su devolución.

Al referir a los antecedentes del caso, relatan haber presentado en estos actuados el escrito cuya copia adjuntan, en el que manifestaron que en los autos de igual carátula -Expte. Nº 3827-, les había sido devuelto el escrito de contestación de la demanda presentado ante el Juzgado y Secretaría de Primera Instancia, dejando a su parte sin la posibilidad de realizar dicha contestación, siendo que había sido dejada en el referido organismo, en el expediente "ACOSTA, Carlos Omar y Otros c/ Citrícola Ayuí S.A.A.I.C. s/ Cobro de Pesos" (Expte. Nº 4120), por lo que solicitaron al juez de grado corrigiese tal error en los términos de los arts. 33 inc. 3 y 169 C.P.C. y C, 141 y 48 del C.P.L., disponiendo se incorporase dicho escrito de contestación de demanda a los autos de referencia, teniéndola por contestada en tiempo y forma.

Indican que en dicha oportunidad acompañaron al escrito antes descripto el de contestación de la demanda que les fuera devuelto, dejando a su parte sin la posibilidad de contestarla, en el expediente nº 3827. Precisan que el escrito devuelto constaba de 11 fojas y documental en 6 fojas, y tenía inserto el cargo de su presentación en fecha 24.02.2016, a las 8:15.

Consideran que la resolución que apelan, en cuanto manda a devolver el escrito acompañado afecta derechos constitucionales del debido proceso, defensa en juicio y de legalidad.

Al tiempo de expresar agravios, expresan las siguientes consideraciones: a)- critican que el a quo no haya corregido su error, incorporando el escrito de contestación de demanda a este expediente, teniendo por contestada la misma, en tiempo y forma; b)- que la resolución de fs. 23, punto II, dictada en estos actuados, tendrá como consecuencia dar por decaído el derecho de contestar la demanda, lo cual resulta equiparable a una sentencia definitiva, en tanto impide definitivamente que su parte pueda ejercer su derecho de defensa, efectuando los planteos que estime pertinentes, y ofreciendo la prueba respectiva -como ya lo hiciera en el escrito presentado-, lo que no podrá ser reeditado posteriormente en éste ni en otro proceso, causando así un gravamen de imposible reparación ulterior; c)- que la decisión de devolver el escrito resulta arbitraria por exceso de rigor formal, invocando como único argumento que el número de la carátula a la que se dirige no coincide con la de autos, cuando el propio tribunal reconoce que del contenido del conteste y de la documentación adjunta como prueba, surge sin hesitación que la defensa lo es para este proceso y no para la carátula cuyo número es erróneamente citado, lo que con una mínima diligencia se podría haber subsanado; d)-que el juez de grado debió advertir que se presentó un escrito cuyo contenido íntegro es de una contestación de demanda y dirigido a procesos con sujetos iguales (actor y demandados), que tramita ante ese mismo Juzgado y Secretaría, conteniendo un error en el número del expediente pero no en el resto de los datos; e)- que con una mínima diligencia el Juzgado pudo determinar que el escrito correspondía al expediente Nº 4120; d)- que en el expediente Nº 3827 el juez de Primera Instancia, en un exceso rigor, manda a devolver el escrito de contestación de demanda presentado en tiempo y forma, pero nada dice respecto de que a fs. 149 estaba mal agregada una cédula del traslado de la demanda de estos autos (Nº 4120), incurriendo dicho Juzgado también en un error producto de la similitud de partes en ambos juicios; e)- que el juez de Primera Instancia pudo haber determinado que el escrito que manda a devolver correspondía a este Expte. Nº 4120 y no al otro -Nº 3827-, debido al estado de ambos juicios: este último en etapa de prueba; f)- que con una simple lectura del texto de la contestación devuelta se determinaba a qué expediente pertenecía, pero nada de eso hizo el magistrado, siendo que su juzgado también había incurrido en un error al mal agregar la cédula antes referida, motivado por la coincidencia de la carátula; g)- que dejar a su parte sin la posibilidad de contestar la demanda porque el escrito presentado difiere en el número de expediente resulta arbitraria por excesivo rigor formal, al dar preeminencia a las solemnidades por sobre la verdad jurídica material, afectando así su derecho de defensa en un juicio y el debido proceso; h)- que atendiendo a las circunstancias del estado de ambos juicios, al contenido de la contestación de la demanda y demás datos -monto del juicio, negativa de los hechos, tenor de la respuesta, etc.-, fácilmente se puede inferir que dicho número era un error y que tal escrito devuelto correspondía a estos autos; i)- que al juez de grado no le llamó la atención que en el Expte. Nº 3827 se había contestado dos veces la demanda, y que la segunda contestación no correspondía a ese proceso, lo cual evidencia una sustancial falta de control en el servicio de justicia que se brinda; j) que su parte, al advertir los hechos indicados, pretendió la agregación a este expediente de la contestación agregada a los autos Nº 3827, garantizando de ese modo la aplicación del principio constitucional de defensa en juicio, lo que fue desoído por el juzgado, quien ordenó la devolución de la contestación de la demanda; k)- que las causas involucradas en este yerro tramitan ante un mismo Juzgado e idéntica Secretaría, lo cual representa un peso menor del error advertido, y las partes de ambos procesos también coinciden, por lo que cabe concluir que se está en presencia de un error material que se encuentra sobradamente justificado; l)- que la contestación de demanda importa un acto procesal trascendental que involucra la garantía de defensa en juicio, por lo que una solución contraria importaría incurrir en un excesivo rigorismo formal que debe desecharse en el caso en que fue justificado el error material, más aún cuando la propia contestación de demanda posee el cargo del tribunal que revela la temporaneidad de su presentación; ll)- que como consecuencia del mencionado exceso ritual manifiesto se provoca un grave perjuicio a su parte, ya que se le dará por decaído el derecho a ejercer su defensa, sin poder reeditarlo por el vencimiento de los plazos; m)- que se exigen las solemnidades del escrito como si fueran un fin en sí mismas, ignorando el resto de la documentación adjunta y el contenido mismo del conteste, de los que se infiere claramente que el escrito iba dirigido a este expediente y no a otro; n)- que resulta indudable que se ha incurrido en un error material que carece de trascendencia jurídica, derivado de la "edición" de modelos de escritos predispuestos, generalizados desde que se extendió la utilización del sistema informático; ñ)- que no se puede dejar a su parte sin la posibilidad de contestar la demanda, ya que el plazo para hacerlo se encuentra vencido.

Luego de citar jurisprudencia en apoyo de su postura, solicitan que se haga lugar a la apelación interpuesta, mandando agregar el escrito de responde y teniéndola por contestada el día 24.02.2016 a las 8.15 hs., con costas.

II)- Que a fs. 33, punto I.- el juzgado de origen resuelve conceder el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra el punto II de la resolución de fs. 23 con efecto suspensivo. Aclara que si bien no se trata la apelada de una sentencia definitiva ni susceptible de poner fin al juicio, las implicancias que la misma tiene, al poderse ver afectado el derecho constitucional de defensa en juicio, imponen que por razones de economía procesal, ante una eventual modificación del decisorio, se conceda por vía de excepción el recurso con efecto suspensivo.

III)- Corrido el traslado de la expresión de agravios a la actora (cfr. fs. 33, punto II.-), ésta lo contesta en legal tiempo y forma, solicitando el rechazo del recurso interpuesto, con costas (cfr. fs. 34/35 y vta.).

IV)- Efectuada la reseña que antecede, corresponde dar debida respuesta al recurso.

A)- De las constancias de la causa se desprende que en fecha 26.10.2015 el Dr. Gustavo Dario Blumhagen, actuando en representación del Sr. Carlos Omar Acosta promovió demanda por cobro de pesos de diversos rubros laborales por la suma de $668.813,34 con más la ilíquida que se devengue derivada de la sanción del art. 132 bis de la L.C.T. y astreintes, intereses y costas contra Citrícola Ayuí S.A., en los términos del escrito agregado a fs. 5/12. En fecha 05.02.2016 la accionada fue notificada de la demanda promovida en su contra mediante cédula de estilo (cfr. fs. 14 y vta.).

A fs. 20/21 obra agregada presentación de los Dres. Mariano Caprarulo y Luis Enrique Stempels, en su carácter de apoderados de la demandada, informando que en el expediente caratulado "ACOSTA, Carlos Omar y otros c/ CITRICOLA AYUI S.A.A.I.C. s/ Cobro de Pesos", Expte. Nº 3827, en trámite por ante el mismo Juzgado y Secretaría, les había sido devuelto el escrito de contestación de demanda que fuera dejada por su parte en las presentes actuaciones -de igual carátula, Expte. Nº 4120, y acompañando copia del mencionado escrito. Afirmaron que si bien la presentación contenía un error en el número del expediente, su contenido era el de una contestación de demanda, dirigido a un proceso con iguales sujetos (actor y demandada), que tramitaba ante el mismo Juzgado y Secretaría, y carecía de errores en el resto de los datos. Cuestionaron que el órgano hubiese ordenado el desglose del escrito de contestación y no haya advertido las circunstancias del estado de ambos juicios y el contenido de la contestación (monto del juicio, negativa de los hechos, tenor de la respuesta), de todo lo cual se podía inferir que la consignación del número era un yerro material y que el escrito devuelto correspondía a las presentes actuaciones. Invocaron el perjuicio que le causaba a su parte la devolución del escrito, desde que les impedía el ejercicio de su derecho de defensa, resultando ser un proceder en extremo ritualista. Solicitaron se mandase a agregar al expediente el escrito de contestación de demanda presentado en tiempo y forma, y en subsidio, se tuviese por interpuesta apelación.



A través de la resolución de fs. 23 -hoy objeto de recurso-, el a quo esgrimió que luego del primer proveído no había sido dictada ninguna resolución, por lo que no existía decisorio susceptible de ser revocado o apelado. En lo que aquí interesa, denegó el pedido de agregación del escrito de contestación de demanda acompañado y ordenó su devolución a los recurrentes, bajo constancia.

A fs. 24 el apoderado del actor solicitó que ante la falta de contestación de la demanda, se tuviesen por reconocidos los hechos expuestos en el promocional y se declarase la cuestión de puro derecho.

A fs. 25 el juez de grado tuvo presente a sus efectos y en su caso, para su oportunidad, lo manifestado por la actora y decidió tener por decaído el derecho dejado de usar por Citrícola Ayuí SAAIC para contestar la demanda, ordenando la notificación de dicha providencia mediante cédula, con confección a cargo de la actora. (No obra constancia en el expediente ni del libramiento de la cédula, ni de la notificación personal de dicha resolución a los apoderados de la empresa demandada).

B)- La lectura del escrito titulado "DENUNCIA CONCURSO PREVENTIVO - CONTESTA DEMANDA" que fuera presentado ante el juez a quo, Secretaría única el día 24 de febrero de 2016 a las 8.15 hs. (dentro del plazo de gracia del vencimiento del término para contestar demanda en las presentes actuaciones) evidencia que si bien en la individualización de la carátula se consignó un número de expediente equivocado (Nº 3827), no quedan dudas de que estaba dirigido a ser presentado en los presentes autos (Nº 4120). Ello es así, entre otras razones, porque expresamente se niega "que el actor se encuentre habilitado para demandar a (su) mandante por la suma de $688.813,34, con más la suma ilíquida que se devengue derivada de la sanción del art. 132 bis de la L.C.T., astreintes y/o cualquier otra suma", monto y pretensiones que coinciden en un todo con las que son objeto de reclamo en los presentes. Si se continúa leyendo las negativas formuladas, resulta manifiesto que refieren a los hechos invocados por el accionante en el escrito inicial de estos autos (cfr. fs. 5 vta./7 y sus correspondientes negativas a fs. 55 vta./56). En el apartado c) Documental se desconoce la documental obrante en Legajo de la parte actora, negando la autenticidad de los telegramas agregados a fs. 1 a 5 del mismo y de los recibos de haberes que obran a fs. 6/29. Tanto la foliatura como los documentos desconocidos coinciden con los agregados en las presentes actuaciones.

A lo anterior se suma la circunstancia, no discutida en el marco de las presentes actuaciones, de que ante el mismo Juzgado de Trabajo de Primera Instancia y Secretaría tramita otro proceso entre las mismas partes y con igual carátula, aunque con distinto número de expediente (nº 3827), en el que Citrícola Ayuí S.A. ya había contestado la demanda, y el que se encontraba al tiempo de la presentación del segundo escrito de contestación, en etapa de prueba (cfr. fs. 28, cuarto párrafo y fs. 28 vta. último párrafo, extremos no desconocidos por la actora en su contestación de agravios de fs. 34/35).

Siendo que uno y otro expediente se encontraban en diferente estadío procesal no puede albergarse duda alguna de que el escrito de contestación de demanda presentado el día 24 de febrero de 2016 en el juzgado de Primera Instancia fue dirigido a evacuar el traslado que se le corriera en las presentes actuaciones mediante la cédula que luce agregada a fs. 14 vta., y no en la causa que lleva la misma carátula pero otro número de expediente, desde que allí la demanda ya había sido contestada con anterioridad. Tal circunstancia y el contenido del responde al que antes nos hemos referido imponen considerar que la inserción del número de expediente 3827 obedeció a un error material involuntario.

Anticipamos que, desde nuestra perspectiva, el mencionado error material carece de entidad para privar de eficacia al acto procesal de contestación de demanda ejercitado en tiempo oportuno por ante el mismo Juzgado y Secretaría.

Es que encontrándose en juego el derecho de defensa en juicio de la empresa accionada, ya sea que el juez hubiese interpretado que la consignación del número de expediente en el escrito de contestación de demanda (3827) obedecía a un error de los letrados que suscribieron la presentación, ya sea que hubiese albergado alguna duda sobre el punto, debió proceder a ejercitar los poderes-deberes de los que se encuentra investido en su rol de director del proceso (arts. 7, b) y c) y 8, a) y 31, inc. 5) del C.P.C. y C., aplicable en función del art. 141 del C.P.L.), intimando a los presentantes a que aclarasen el punto, bajo apercibimiento de tener por no efectuada la presentación y no proceder, sin más, a devolver el escrito, lo que, en definitiva, importó la frustración de la posibilidad de ejercer el derecho de ser oído ante el órgano jurisdiccional.

Tenemos decidido, con criterio aplicable en la especie, que: "... encontrándose involucrado un derecho humano fundamental (en el caso, el acceso a la tutela judicial efectiva), es insoslayable remarcar la vigencia del principio pro persona (pro homine). "La alternativa más favorable para la tutela de los derechos protegidos `debe siempre elegirse´(...) En la consideración del alcance y contenido de los derechos, libertades y garantías humanas, la pauta pro persona impone al exégeta preferir la inteligencia más amplia (...) Una expresión particular de este principio es el llamado principio pro actione, es decir, el deber de interpretar las normas procesales en el sentido más favorable a la admisibilidad de la acción (cfr. GIALDINO, Rolando E., Derecho Internacional de los Derechos Humanos: Principios, Fuentes, Interpretación y Obligaciones, Abeledo Perrot, 2013, pág. 466/469)".



"La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sentado que "las garantías a la tutela judicial efectiva y al debido proceso imponen una interpretación más justa y beneficiosa en el análisis de los requisitos de admisión a la justicia, al punto que por el principio "pro actione", hay que extremar las posibilidades de interpretación en el sentido más favorable al acceso a la jurisdicción" (cfr. CIDH, Informe 105/99, caso 10.194: Palacios, Narciso-Argentina, 29/09/1999, La Ley 2000-F, 595, Cita On line AR/JUR/1197/1199). Este principio es recogido por los tribunales de distintos fueros (cfr. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala VI, "Vera, María Soledad c/ Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo s/ accidente - ley especial", 20/08/2015, publicado en IMP 2016-2, 297; en igual sentido, ver fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II, en autos "Estancia S.A. c/ U.C.E.S.C.I.-resol 1387/2007 y otros s/ proceso de conocimiento", 12.12.2013, La Ley On line, Cita online AR/JUR/95036/2013, donde se señaló que "en supuestos de duda, rige el principio pro actione por el cual se debe estar a favor de la habilitación de la instancia judicial, con el fin de resguardar la garantía de la defensa en juicio de los derechos. Una solución contraria implicaría privar al demandante de la efectiva posibilidad de acceder a la jurisdicción, con menoscabo de su derecho de defensa" (cfr. esta Sala, in re, "Brugna, Rosana Marina y otros c/ E.N.-M° Economía (ley 25.053) y otro s/ empleo público", del 14/8/2012). Este criterio obviamente rige tanto al momento de asegurar el derecho de defensa del accionante -en su faz activa de acceso a la jurisdicción- como cuando de lo que se trata es de posibilitar que el demandado ejerza debidamente todos las defensas que estime pertinentes en resguardo de sus derechos". (cfr. este Tribunal, en autos: "DEL PINO, Rodolfo c/ COOPERATIVA AGRARIA GENERAL SAN MARTIN LIMITADA Y OTROS s/ COBRO DE PESOS", 21.04.2016).

Jurisprudencia ampliamente mayoritaria se inclina por decidir en favor de la eficacia al acto procesal ejercitado en tiempo oportuno pese a la existencia de algún error material involuntario del que pudiere adolecer la presentación, cuando una interpretación excesivamente ritual pudiere conducir a la pérdida de la posibilidad de ejercitar el derecho de defensa involucrado en el caso.

Así, se ha considerado que debía tenerse por contestada la demanda, aun cuando se había consignado por error la representación de una persona que no estaba demandada en el expediente, como consecuencia de haber utilizado un modelo de contestación utilizado en otro juicio. En tal caso, la Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil señaló: "... en el caso de autos el decisorio en crisis conlleva tener por no contestada la demanda a la demandada, cuando en realidad ... fue presentada en término. No escapa a este tribunal que en forma errónea se consignó que se estaba representando a una persona que no estaba demandada en autos, pero de la lectura de esa presentación se advierte que la misma guarda estricta relación con lo que es materia del escrito inicial (...) se advierte que nos encontramos frente a un error formal, no pudiendo soslayarse en definitiva que la demanda fue contestada en tiempo oportuno, en la causa y tribunal correctos". Se puntualizó que mantener la decisión de Primera Instancia "importaría admitir un exceso ritual manifiesto que cobraría primacía sobre la "verdad jurídica objetiva". "En ese sentido nuestro Alto Tribunal sostuvo que anteponer ese exceso ritual que oculta la verdad jurídicamente objetiva, vulnera la exigencia del adecuado servicio de la justicia que garantiza el art. 18 de la Constitución Nacional (CS, mayo 11-970, Municipalidad de La Matanza c. Vivina", ED, 36-227, íd. "Colalillo c. Cía. de Seguros España y Río de la Plata" pub. en Fallos: 238-550 --La Ley, 143-549-26.516-S; 89-412--). En ese orden de ideas, no puede dudarse que efectivamente el error incurrido por los apelantes sólo fue formal y consistió en el olvido de modificar el nombre de la persona representada. Entonces, mantener el decisorio en crisis importaría admitir una renuncia consciente a la verdad, lo que es incompatible con el servicio de justicia (CNCiv., sala A "in re": "Centro de Fomento c. Agencia" del 7/1969, ED, 28-325). Por todo ello, teniendo en consideración que lo que se encuentra en juego es el escrito en virtud del cual se contestó la demanda, el cual reviste una importancia relevante por encontrarse involucrada la garantía constitucional de la defensa en juicio, debe apreciarse con criterio restrictivo, más aun cuando, como en el caso de autos, nos encontramos frente a un error formal". (cfr. Cám. Nac. de Apel. en lo Civil, sala F, 17.06.1998, en autos "Godoy, Juan M. c/ Pelikan Argentina S.A.", publicado en LA LEY 1998-F, 159, DJ 1998-3, 1120, Cita online AR/JUR/607/1998).

También desde el ámbito de la Justicia Nacional del Trabajo se ha remarcado, en un supuesto que guarda aristas similares al que nos ocupa y cuya doctrina -de aplicación al sub examen- compartimos plenamente: "Constituye directriz aceptada que los tribunales deben descartar aquellas decisiones que entrañen, en sustancia, excesos de rigor adjetivo pues éstos son incompatibles con un adecuado servicio de justicia y con las reglas del debido proceso. Ello porque se desnaturalizan las formas procesales, que deben considerarse en razón del fin al que tributan (Conf. CSJN, Fallos 312:623) y no de una manera abstracta, como si debiera realizarse un homenaje a la formalidad en sí misma. En el caso, la resolución de fs. 48 que tuvo a la demandada por rebelde ... con base en la falta de contestación de la demanda pese a estar debidamente notificada y que demostraría la tácita aceptación de los hechos no se trasluce en las constancias de la causa, máxime si se repara en lo exteriorizado por el letrado a fojas 38, donde denunció un "error de tipeo" al consignar equivocadamente el carácter del presentante de la contestación obrante a fs. 30/35. La declaración de rebeldía en ese contexto entraña un exceso de rigor formal que violenta la garantía del debido proceso". (cfr. Cám. Nac. de Apel. del Trabajo, sala I, 12.08.2011, en autos "Rojas Navarro, Honoria c/ Dirm S.R.L. y otro s/ Despido", con voto de la Dra. Gabriela Alejandra Vázquez, al que adhirió el Dr. Julio Vilela, publicado en La Ley Online, Cita online AR/JUR/49165/2011). En similar orden de ideas, la Corte de Justicia de la Provincia de San Juan, Sala I, señaló que la decisión de la Cámara que "ordena el desglose del escrito de contestación de demanda y da por decaído al accionado el derecho a contestarla, invocando como único argumento que la carátula del proceso a la que se dirige y la representación invocada por el letrado no coincide con la de autos" importa un razonamiento que "resulta en extremo ritualista, apartado de la verdad jurídica objetiva e ilógico" (...) A diferencia de lo sostenido por el tribunal de mérito, el error del letrado al consignar los datos del expediente es meramente material, derivado de la "edición" de modelos de escritos predispuestos, bastante generalizados desde que se extendió la utilización del sistema informático. En estas condiciones, la pérdida del derecho a ejercer el derecho de defensa indispensable, fundada en la falta de correlación de la carátula y representación del abogado, carece de base en los hechos de la causa (contenido del escrito de defensa y documentación aportada) y produce menoscabo al derecho de defensa y al debido proceso que garantiza el artículo 18 de la Constitución Nacional. En palabras de nuestro Máximo Tribunal: El proceso civil no puede ser conducido en términos estrictamente formales. No se trata ciertamente del cumplimiento de ritos caprichosos, sino del desarrollo de procedimientos destinados al establecimiento de la verdad jurídica objetiva (Fallos, 238:550)" (cfr. Corte de Justicia de la Provincia de San Juan, sala I, 18.10.2013, "M., M. Á. c. O., E. s/ cumplimiento de contrato - inconstitucionalidad", La Ley Gran Cuyo 2014 (marzo), 161, DJ 16/04/2014, 39, Cita online AR/JUR/70872/2013).

Bajo la misma óptica, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires ha considerado que constituye un excesivo rigor formal denegar el recurso de apelación interpuesto "por derecho propio" por la madre de la menor, que reviste la condición de parte actora, cuando había actuado durante todo el proceso en representación de su hija, pues un evidente desliz material no puede echar por tierra el derecho de los menores de hacer revisar las sentencias por un tribunal de alzada. El Dr. de Lázzari señaló: "... aprecio que la conceptualización hecha por la Cámara es equivocada, porque no interpreta el referido escrito de fs. 239 en su significación real. Aunque del mismo, desde la perspectiva puramente gramatical, pudiera inferirse que la actora obró solamente por su propio derecho, esta afirmación es sólo aparente, pues de otra forma no tendría sentido la tramitación del proceso hasta el estadio donde se produjo el error (...) Es cierto que no fue feliz la expresión utilizada al momento de deducir el recurso de apelación, mas ... éste encuentra su razón, su justificación, en un evidente desliz material que no puede echar por tierra con el derecho de la menor de hacer revisar la sentencia de primera instancia por un tribunal de alzada (...) era deber de la Cámara atender detenidamente las cláusulas de la presentación efectuada (...). Al rehusar efectuar un examen que pondere estos extremos, la conducta desplegada por el órgano cae en exceso de rigor formal que debe ser remediado con el acogimiento de la impugnación (...) La Corte nacional ha señalado que un excesivo rigor de las formas, un juez inmóvil y distante, o una interpretación que vacíe al proceso de significación, resultarían lesivos del adecuado servicio de justicia garantizado por el art. 18 de la Constitución nacional (C.S., "Banco Nacional de Desarrollo", 20-II-1993 y otras citas del consid. 3). Es por ello que estimo que la recta hermenéutica de los elementos de juicio existentes en la causa, conduce a repeler la postura injustificadamente rígida expresada en la sentencia en crisis, en tanto se desentiende de la real significancia del acto jurídico procesal actuado por la madre en beneficio de los intereses que representó -y representa- a lo largo de la litis" (cfr. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 6.10.2010, "P., M. N. v. Piovano, Nicolás M. y otra", La Ley On line, Cita online 70066217).



En la especie resulta incuestionable que el escrito que luce agregado -a instancias de este Tribunal- a fs. 55/65, presentado en el Juzgado de origen, Secretaría única en fecha 24.02.2016 a las 8:15 hs., tuvo por objeto contestar el traslado de la demanda que se le corriera en estos autos. Ello surge elocuente tanto de su contenido, como de su carátula y fecha de presentación, teniendo en cuenta el estadío procesal de este expediente y del que lleva el número 3827, que si bien tramitara entre las mismas partes y por ante el mismo Juzgado y Secretaría, se encontraba más avanzado con relación al de autos. El error en la consignación del número de expediente, error material evidente, no constituye una razón válida para tener por no efectuada la presentación y, en definitiva, por incontestada la acción, lo que a todo evento debió ser subsanado por el juzgador mediante una intimación a los letrados a los fines de que aclarasen en cuál de los dos expedientes pretendían agregar su responde.

Por lo tanto, la decisión del juez de grado que, en el marco de las presentes actuaciones, se negó a agregar el escrito de contestación de demanda que fuera presentada en tiempo oportuno ante el Juzgado a su cargo, importa un exceso ritual manifiesto, que no se presenta como un acto jurisdiccional compatible con la garantía del debido proceso legal, la protección constitucional del derecho de defensa en juicio, el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva y el adecuado servicio de justicia (art. 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, art. 18 de la Constitución Nacional, art. 65 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos).

Se impone en consecuencia, hacer lugar al recurso en análisis, subsanando así el perjuicio irreparable que la resolución atacada ha provocado a los apelantes.

V)- Las costas de Alzada deberán ser soportadas en el orden causado (cfme. art. 65, segunda parte del C.P.C. y C., aplicable en función del art. 141 del C.P.L.), en tanto las particulares circunstancias del caso autorizan un apartamiento del principio objetivo de la derrota. En efecto, si bien los recurrentes resultan ser vencedores en la Alzada, ha sido el error material contenido en la presentación por ellos efectuada la que ha generado la incidencia suscitada. Dicha circunstancia constituye una razón objetiva para considerar que el apelado pudo justificadamente considerarse con derecho para repeler la procedencia del recurso.

VI)- La admisión del recurso de apelación deducido contra la decisión del a quo de no hacer lugar al pedido de agregación del escrito de contestación de demanda, impone, por razones de economía y celeridad procesal y para evitar eventuales nulidades y/o incidencias (cfme. art. 7, b) y c) del C.P.L.) dejar sin efecto oficiosamente la resolución de fs. 25, punto II.-, en la que se decidió tener por decaído el derecho dejado de usar por la demandada CITRICOLA AYUI S.A.A.I.C. para contestar la acción, desde que tal providencia -que aún no ha sido notificada a la accionada y, por ende, no se encuentra consentida por la parte afectada- no resulta ser sino una necesaria consecuencia de la anterior.

Por todo ello, la Sala del Trabajo de la Cámara de Apelaciones de Concordia



RESUELVE:

1º) HACER LUGAR al recurso de apelación deducido a fs. 27/31 y, en consecuencia: a) REVOCAR el punto II.- de la resolución de fs. 23; b) DEJAR SIN EFECTO lo resuelto a fs. 25, punto II.-; c) TENER por CONTESTADA en tiempo y forma por la accionada CITRICOLA AYUI S.A.A.I.C., en los términos del escrito que obra a fs. 55/65 la demanda promovida en las presentes actuaciones, ENCOMENDANDO al a quo proceda a proveer lo demás interesado en tal presentación.

2º) IMPONER las COSTAS de Alzada en el ORDEN CAUSADO (cfme. art. 65, segunda parte del C.P.C. y C., aplicable en función del art. 141 del C.P.L.);

3°) DIFERIR la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes hasta que, una vez determinada la base económica y establecidos los de Primera Instancia, vuelvan a tal efecto.

REGISTRESE, NOTIFIQUESE y oportunamente, BAJEN.

Fdo.: Dres. LAURA M. SOAGE, CARLOS H. VIANCO -Vocales-. Ante mí: Esc. Rubén D. Capistro -Secretario-.


ES COPIA.

RUBEN D. CAPISTRO

Secretario


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