Accion : tutela actor : ramiro hermosa vargas accionado : instituto de seguros sociales



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REPÚBLICA DE COLOMBIA

Rama Judicial

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

SALA TERCERA DE DECISIÓN
Magistrado: Dr. Enrique Dussán Cabrera
Segunda Instancia
Neiva, mayo diecinueve (19) de Dos mil ocho (2008).
ACCION : TUTELA

ACTOR : RAMIRO HERMOSA VARGAS

ACCIONADO : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

PROVIDENCIA : SENTENCIA

RADICACION : 41 001 33 31 005 2008 00095 01

NUMERO INTERNO: 2008-0024


Aprobada en la fecha. Acta N. 058.

1. ANTECEDENTES.
Decide la Sala la impugnación interpuesta por el representante del Instituto de los Seguros Sociales, contra la sentencia de fecha 17 de abril de 2008, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Neiva, que negó la protección al derecho de petición solicitado por el señor RAMIRO HERMOSA VARGAS contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES –DEPARTAMENTO DE RIESGOS PROFESIONALES – por encontrarse el hecho superado, pero ordenó la indemnización de daños y perjuicios a favor del accionante condenando en costas a la entidad demandada por haber contestado extemporáneamente. Así mismo ordenó el compulsar las copias para el trámite incidental respectivo.
2. FUNDAMENTO FACTICOS DE LA SOLICITUD DE TUTELA.

En nombre propio, el señor Ramiro Hermosa Vargas, presentó acción de tutela contra el Instituto de Seguros Social argumentando que presentó derecho de petición el día 4 de marzo de 2008 a las oficinas de Riesgos profesionales de la mencionada entidad, solicitando información sobre la calificación de la enfermedad profesional diagnosticada por Saludcoop E.P.S. y que esta misma entidad radicó oficio ante la accionada el día 7 de febrero de los corrientes.


Señaló que en diferentes ocasiones se desplazó hasta las oficinas del instituto demandado donde le contestaban que tenía que esperar pues había que agotarse unos trámites.
Igualmente que el día 25 de marzo de 2008 recibió oficio No. SH-DPRL 0763 que decía “Asunto: Su solicitud de calificación de origen de enfermedad Profesional.” Considerando que este oficio no atendió el fondo del asunto del derecho de petición presentado. Es por ello, que se solicitó sea resuelto conforme lo requerido el 4 de marzo de 2008.
3. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.
El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Neiva, negó la protección al derecho de petición solicitado por el señor RAMIRO HERMOSA VARGAS por encontrar el hecho superado, pero ordenó la indemnización de daños y perjuicios a favor del accionante condenando en costas a la entidad demandada por haber contestado extemporáneamente. Así mismo ordenó el compulsar las copias para el trámite incidental respectivo
4. LA IMPUGNACIÓN DE INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES
La mencionada entidad a través del representante de la ARP, impugna la providencia respecto de los motivos que tuvo el Juez de instancia y resolutorio segundo de la sentencia al ordenar la indemnización de daños y perjuicios a favor del accionante, arguyendo que frente al artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional, ha establecido dicha condena cuando el Estado, sus organismos, autoridades o funcionarios, o un particular agreda o amanece un derecho fundamental de una persona y se haya causado un perjuicio, el cual estará siempre sujeto a la comprobación derivada del daño por la acción u omisión, conforme a los artículos 6 y 90 de la Constitución Política.
Continúa su recurso indicando que se trata de reparar por orden judicial el daño emergente causado si fuere necesario para asegurar el goce efectivo del derecho cuando el accionante no disponga de otro medio de defensa judicial, además la violación debe ser manifiesta y debe provenir de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria, lo que hace justificable para el fallador imponga justicia en el caso.
Expone que en el caso concreto, al accionante se le dio respuesta el día 25 de marzo de 2008 mediante oficio de marzo 4 de 2008, donde se le informó que el caso se encontraba en medicina laboral de la ARP donde se analiza la historia clínica así como los demás documentos, para determinar el origen del evento reportado en la ARP-ISS.
Por lo anterior, como en este caso fue superado el hecho objeto de la tutela mediante el oficio SH-DPRL 0805 de abril 7 de 2008 se ordena indemnizar daños y perjuicios al accionante sin razón.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA.
5.1. Asunto jurídico a resolver:
Corresponde determinar la procedencia de la condena impuesta en el numeral segundo de la sentencia de fecha abril 17 de 2008 que ordena la indemnización de los daños y perjuicios padecidos por el actor, por parte del Instituto del Seguro Social –Administrador de riesgos profesionales, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del circuito de Neiva, cuando niega tutelar el derecho de petición del accionante por encontrarse el hecho superado.
5.2. Del fondo del asunto.
5.2.1. Procedencia de la indemnización de daños y perjuicios
El artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 establece:
ARTICULO 25. INDEMNIZACIONES Y COSTAS. Cuando el afectado no disponga de otro medio judicial, y la violación del derecho sea manifiesta y consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria, además de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, en el fallo que conceda la tutela el juez, de oficio, tiene la potestad de ordenar en abstracto la indemnización del daño emergente causado si ello fuere necesario para asegurar el goce efectivo del derecho así como el pago de las costas del proceso. La liquidación del mismo y de los demás perjuicios se hará ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo o ante el juez competente, por el trámite incidental, dentro de los seis meses siguientes, para lo cual el juez que hubiere conocido de la tutela remitirá inmediatamente copia de toda la actuación.

La condena será contra la entidad de que dependa el demandado y solidariamente contra éste, si se considera que ha mediado dolo o culpa grave de su parte, todo ellos sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles o penales en que haya incurrido.



Si la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, éste condenará al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurrió en temeridad. “ (Subrayado fuera de texto).
Observa la Sala dentro del artículo trascrito, que el juez cuando concede el fallo, de oficio, tiene la facultad de ordenar la indemnización del daño emergente para asegurar el goce efectivo del derecho presuntamente vulnerado. De igual forma que si la tutela es rechazada o denegada puede en el fallo condenarse en costas cuando se estime fundada la temeridad.
Ahora bien, cuando el accionante considera que, por la mora en la contestación de una petición, se le ha afectado sus derechos, tiene otro medio judicial para solicitar la reparación el daño presuntamente causado, así lo ha dicho la Corte Constitucional:
Respecto de la condena en costas solicitada, no accederá esta Corporación a tal pretensión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, que establece que "cuando el afectado no disponga de otro medio judicial, y la violación del derecho sea manifiesta y consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria, (...), en el fallo que conceda la tutela el juez, de oficio, tiene la potestad de ordenar en abstracto la indemnización del daño emergente si ello fuere necesario para asegurar el goce efectivo del derecho así como el pago de las costas del proceso." De conformidad con este precepto, si bien en el caso presente se encuentra probada una demora injustificada por parte de CAJANAL en la respuesta a la petición formulada por la accionante, no corresponde ésta a una acción clara e indiscutiblemente arbitraria contra de la señora FANNY DULCEY ERAZO, como lo exige la norma transcrita, sino que se trata de una omisión en cuanto a la obligación de la accionada de dar una pronta resolución a la solicitud que se le formulara, con lo cual se vulneró su derecho fundamental de petición, tal como ya quedó expresado en este proveído. Además porque "el goce efectivo del derecho" fundamental vulnerado se asegura mediante el cumplimiento oportuno de la orden judicial de resolver la referida solicitud por parte de dicha entidad, tal como lo dispuso el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Popayán -Sala Civil Laboral- en el fallo objeto de revisión, decisión que, como ya se anotó, esta Corporación procederá a confirmar.
En relación con el pago de los intereses cuyo reconocimiento pretende la accionante a través del presente proceso, respecto de la suma de dinero que a su juicio le adeuda la Caja Nacional de Previsión Social por concepto de auxilio funerario desde el día 15 de febrero de 1993, no es viable ordenar tal reconocimiento a través del mecanismo de la acción de tutela, pues la protección del derecho de petición que le fue vulnerado por la demandada va solamente hasta lograr el cumplimiento efectivo de la orden de dar una respuesta definitiva a su solicitud, la cual puede ser favorable o adversa a sus pretensiones. Además, porque una vez resuelta la petición por parte de la Caja Nacional de Previsión Social en los términos establecidos en la Constitución y en la ley, y de conformidad con lo ordenado por el juez de tutela, la demandante cuenta con los respectivos mecanismos de defensa judicial, bien sea en vía gubernativa a través de la interposición de los recursos legales, o en sede contencioso administrativa por medio del ejercicio de las acciones consagradas en el Código Contencioso Administrativo, a fin de lograr el eventual reconocimiento de sus pretensiones.”1
5.2.2. Del caso concreto.
Dentro del presente caso, se tiene que el señor Ramiro Hermosa Vargas instauró acción de tutela al advertir que su derecho de petición remitido al Instituto de Seguro Social – Administradora de riesgos profesionales- se encontraba vulnerado, toda vez que la entidad demandada le había contestado mediante oficio de fecha 25 de marzo de 2008 informándole que el caso su se encontraba en medicina laboral y estaba siendo analizado, lo que consideró que no satisfacía lo preguntado pues no le había decidido de fondo.
Posterior a ello y dentro del trámite de la acción de tutela en primera instancia la ARP del Instituto de Seguro Social mediante oficio SH-DPRL 805 de abril 7 de 2008 dio respuesta por lo que se superó el objeto de la tutela pedida y que condujo a que se negó la protección al derecho alegado por el actor (f. 21)
El A-quo ordenó la indemnización de daños y perjuicios a favor del señor Hermosa Vargas, fundamentándose en que fue incompleta la información entregada al accionante tanto en la primera como en la segunda contestación por cuanto le dieron una información necesaria pero para complementarla con unos documentos para resolver de hecho y de derecho, considerando que la entidad actuó tardíamente ya que tal documentación pudo haber sido solicitada con el primer oficio de respuesta; considerando de esta manera que actúo con temeridad el Instituto de Seguro Social, pues se tuvo que poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional para la obtención de una respuesta efectiva..
Al respecto, se tiene que la entidad accionada ciñéndose a un trámite administrativo, inicialmente a través del oficio SH-DPRL 0763 de marzo 25 de 2008 informó al accionante el estado en que se encontraba su solicitud, y finalmente calificó la enfermedad y se le comunicó al Sr. Hermosa Vargas a través del oficio SH-DPRL 805 de abril 7 de 2008.
En criterio de la Sala, la extemporaneidad en la respuesta no puede asimilarse ni confundirse con una actuación temeraria y de otro lado si se le causó un daño al actor, él tiene otro medio de defensa judicial para solicitar la reparación del perjuicio, y no es el medio de tutela el que deba ordenar la indemnización de los mismos y menos cuando la solicitud de tutela fue negada por superación del hecho.
No debe olvidarse que el artículo 25 del Decreto 2195 de 1991 establece que cuando se tutele el derecho vulnerado, es allí cuando el juez de instancia tiene la facultad para ordenar que se indemnice por concepto de daño emergente, y cuando se rechaza o se niega la tutela puede condenar en costas al actor cuando ha actuado temerariamente.
Así las cosas la Sala modificará la sentencia impugnada en el sentido de revocar el numeral segundo de la misma y como lógica consecuencia el tercero y cuarto.
6. Decisión.
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO: Revocar los numerales Segundo, Tercero y Cuarto de la sentencia de fecha 17 de abril de 2008 proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma indicada en el artículo 5° del Decreto 306 de 1992 y remítase a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del presente fallo envíese la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.


CUARTO: Envíese copia de la presente decisión al juzgado de origen.





Notifíquese y cúmplase



ENRIQUE DUSSAN CABRERA GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA

Magistrado Magistrado




JOSE MARCELINO TRIANA PERDOMO.


Magistrado


1 Corte Constitucional. T-63072.. M.P: Hernando Herrera Vergara. Julio 11 de 1995.


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