2012, Año Bicentenario de la Bandera Nacional



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"2012, Año Bicentenario de la Bandera Nacional" Ley 6941
N°__296__/En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los doce días del mes de noviembre del año dos mil doce, reunidos en Acuerdo los señores integrantes de la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, ROLANDO IGNACIO TOLEDO y RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, asistidos por el Secretario Autorizante, tomaron en consideración para resolver el presente expediente: “S. D., C. J. C/ F. P., A. L. S/ VIOLENCIA FAMILIAR”, N° 1383/10-1-F, año 2012, venido en apelación extraordinaria en virtud de los recursos de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley o doctrina legal concedidos a fs. 158 a la parte actora, contra la sentencia dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad que obra a fs. 109/114. La presente se dictará en un todo de conformidad a lo establecido por la Ley 6.997 en virtud de que el llamamiento de autos se dictó bajo su vigencia.

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en autos?

1º) Relato de la causa. Se radicó el expediente ante esta Sala a fs. 169, a fs. 176/179 obra dictamen Nº 1655/12 del Sr. Procurador General, a fs. 180 se glosa escrito de la parte actora señalando que la cuestión se tornó abstracta y a fs. 182 se llamó autos.

2º) Preliminar. Cabe destacar que no obstante haber sido concedidos ambos recursos, la lectura del libelo impugnaticio permite apreciar que sólo se encuentra interpuesto y fundado el de inconstitucionalidad, por lo que propiciamos se tenga por no interpuesto el de inaplicabilidad de ley o doctrina legal.

3º) Recaudos de admisibilidad. Respecto del remedio en análisis advertimos que ha sido deducido en término, por parte legitimada para hacerlo, media oportuno planteo de la cuestión constitucional y la decisión impugnada en cuanto revoca la de primera instancia que había dispuesto la exclusión del hogar del demandado, es susceptible de ocasionar un agravio de insuficiente o tardía reparación ulterior, por lo que cabe equipararla a sentencia definitiva. Consideramos asimismo que la cuestión no se ha tornado abstracta, por los motivos que expondremos al abordar el remedio en su faz sustancial.

4º) El caso. Con motivo de la interacción violenta que mantiene el denunciado con su concubina acreditados prima facie en grado de verosimilitud, y ante el riesgo que se reiteren nuevos hechos violentos, la Juez de Familia Nº 6 dispuso la exclusión del hogar del concubino A. A. F. P. y la prohibición de acceso y acercamiento al domicilio donde vive la Sra. C. J. S. D. por el plazo que se estipule en la audiencia allí fijada. Al realizarse la misma ambas partes se comprometen al cumplimiento de los tratamientos psicoterapéuticos en violencia familiar. Luego, apelada la medida por el destinatario, la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones la revoca, lo que motivó la deducción del recurso de inconstitucionalidad.

5º) Los fundamentos dados por el Tribunal de Apelaciones. Para arribar al precitado resultado señalaron que: a) del encuadre jurídico dado por la Juez surge que posee las características de una cautelar y en el caso no se acreditó la verosimilitud en el derecho; b) ello ya que los hechos de violencia expuestos no detentan agresividad de tal magnitud, como tampoco se corroboraron los mismos; c) la acción de violencia es despachable in extremis y por ello dicha situación debe ser inminente, por lo tanto tampoco tuvieron por verificado el peligro en la demora; d) refuerza lo expuesto que en la audiencia las partes acordaron un régimen de visitas provisorio respecto del hijo menor de ambos, evidenciándose que la violencia alegada por la Sra. S. D. no reviste magnitud tal que amerite el dictado de una cautelar con los alcances de la presente; e) todo lo anterior máxime que la circunstancia que la actora lleve sólo hasta la parada de colectivos a un menor de tan corta edad a los fines de cumplir con el régimen de visitas no revela ser el trato más adecuado en una relación materno-filial.

6º) Los agravios extraordinarios. Invoca la prescindencia de un análisis integral de las constancias de esta causa y de las conexas, donde surge probado una serie de hechos que ponen en riesgo la integridad psicofísica de la actora, apartándose de las pautas establecidas por la ley provincial Nº 4175, la nacional Nº 26.485 y de las Convenciones. Añade que el fallo es arbitrario por contar con fundamentación insuficiente, destacando que en ningún momento refiere a que la exclusión del hogar fue una medida indispensable para el resguardo de su bienestar físico, moral y emocional, y al pretender retrotraerla se podría pensar en el reintegro al hogar del denunciante, tema cuyo tratamiento que fuera omitido por parte de las sentenciantes. Señala que al cesar el contacto diario entre los adultos, el niño había dejado de ser testigo de la violencia directa de su padre.

7º) La no abstracción de la cuestión. Al decir de calificada doctrina, la extinción del proceso por sustracción de materia se configura “…por la circunstancia de que la materia justiciable sujeta a decisión deja de ser tal por razones extrañas a la voluntad de las partes; no pudiendo el tribunal interviniente emitir un pronunciamiento de mérito […] Resulta perfectamente posible que lo que comienza siendo un caso justiciable, no lo sea más por motivos -digámoslo así- exógenos” (conf. Peyrano, Jorge W., “La extinción del proceso por sustracción de materia”, en el “Proceso Atípico”, por Jorge W. Peyrano, Bs. As. 1983, Editorial Universidad, pág. 126). Agrega dicho autor que “Desde antiguo, hemos marcado la proximidad entre el tema del ius superveniens (Morello, Augusto, “Hechos que consolidan o extinguen los derechos litigiosos durante el desarrollo del proceso: sus efectos en la sentencia”, en J.A. 1960, IV, p. 673 y ss.); con el de la sustracción de materia, aunque también hemos manifestado que no deben confundirse. Por de pronto recordamos que se llama 'ius superveniens' a los hechos sobrevinientes a la traba de la litis que consolidan, extinguen o modifican la causa de la pretensión y que, dadas ciertas condiciones, deben ser considerados en la sentencia por el juez; pudiendo tales hechos (y he aquí la primera diferencia con la sustracción de materia) ser exógenos (es decir extraños al accionar de las partes) o no. Pero hay más distingos entre el ius superveniens y la sustracción de materia […] la sustracción de materia extingue el proceso y torna imposible el dictado de una sentencia de mérito, mientras que el ius superveniens no releva al tribunal de emitir dicho pronunciamiento…” (conf. Peyrano, Jorge W., ob. cit., pág. 126; los énfasis en negrillas son propios).

Del desarrollo doctrinario anterior, cotejados con los antecedentes de la causa, surge sin hesitación que no se verifica una hipótesis que autorice declarar abstracto el asunto, ya que no se trata de un supuesto de sustracción de materia sino de un hecho sobreviniente realizado por quien al menos, en grado de posibilidad, es víctima de violencia por parte de su concubino. Lo expuesto ya que, como claramente lo informó la actora, se retiró del inmueble con su hijo menor “…a fin de evitar los padecimientos que generan las situaciones de violencia familiar, en particular por la afectación a nuestro hijo menor de edad… Ya que el supuesto de gravedad y daño se generaría… si yo no adoptaba una medida de autoprotección como fue la de desocupar el inmueble y dejarlo para el uso del Sr. Fretes” (conf. fs. 180).

Consecuentemente, si optáramos por considerar abstracta la cuestión, estaríamos resolviendo con fundamento en un hecho consumado y no en base a lo que corresponde de acuerdo a las circunstancias del caso. Además, una ausencia de decisión expresa por parte de esta Sala conllevaría la falta de fijación de pautas sobre el punto y -dada la rapidez con que se producen estas situaciones-, en todos los casos en que las posibles víctimas de violencia optaran por resignarse, retirándose ellas del hogar, los hechos consumados prevalecerían sobre la justicia en cada caso en concreto.

Solo a mayor abundamiento caben citar estas consideraciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a la vigencia de cuestiones que según los cartabones clásicos podrían considerarse abstractas. Ha dicho nuestro Máximo Tribunal Nacional que “…es harto difícil que, en la práctica, lleguen a estudio del Tribunal las importantes cuestiones constitucionales que éstas conllevan sin haberse vuelto abstractas. De ahí que, para remediar esta situación frustratoria del rol que debe poseer todo Tribunal al que se le ha encomendado la función de garante supremo de los derechos humanos, corresponde establecer que resultan justiciables aquellos casos susceptibles de repetición, pero que escaparían a su revisión por circunstancias análogas a las antes mencionadas (confr. Fallos: 310:819, considerandos 6º y 7º del voto de la mayoría y de la disidencia, y sus citas; 324:5, 4061)” (cit. en Corte Suprema de Justicia de la Nación, F. 259. XLVI, F., A. L. s/ medida autosatisfactiva, considerando 5º del voto de la mayoría, sentencia del 13 de marzo de 2012), lo que mutatis-mutandi es de aplicación al caso de marras.



8º) Las pautas para resolver el presente. La solución propiciada. La Convención de Belem de Pará, ratificada por nuestro país el 9 de abril de 1996, define en su art. 1º a la “violencia de género” como “Cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause la muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer tanto en el ámbito público como en el privado”. En similares términos define la violencia contra la mujer la pauta 19 de las 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, la cual agrega que ella puede darse mediante el empleo de violencia física o psíquica.

Igualmente, el art. 4º de la mencionada Convención de Belem de Pará consagra el derecho de toda mujer a que se respete su integridad física, psíquica y moral, señalando igualmente el deber de los Estados partes de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.

Por su parte, las normas 75 y 76 de las Reglas de Brasilia recomiendan adoptar las medidas necesarias para garantizar una protección efectiva de los bienes jurídicos de las personas en condición de vulnerabilidad que intervengan en el proceso judicial en calidad de víctimas o testigos, debiendo prestar especial atención en aquellos supuestos en los que la persona está sometida a un peligro de victimización reiterada o repetida, tales como las mujeres víctimas de violencia dentro de la familia o la pareja.

Por último, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre consagra el derecho que tiene toda persona de obtener la protección de la ley “…contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar”.



9º) A la luz de lo expuesto cabe señalar que la sentencia al considerar que en el caso no se acreditó la verosimilitud en el derecho (fs. 111 vta., 3er párrafo), que es una medida despachable in extremis ante una situación inminente, y que la violencia alegada por la Sra. S. D. no reviste magnitud tal que amerite el dictado de una cautelar con los alcances de la presente (fs. 112 vta., 3er párrafo), abordó la cuestión bajo los parámetros de una cautelar civil y no desde la órbita señalada.

10º) En lo demás efectúa una valoración y transcripción fraccionada del informe del integrante del Equipo Interdisciplinario, Psicológo Eduardo D. Gutiérrez, al señalar que el experto concluyó que no se evaluó un riesgo grave para la señora hasta el momento (fs. 112, 2do párrafo in fine). Ello ya que en sus conclusiones el profesional señaló textualmente “Si bien no se evalúa un riesgo grave para la Sra. S. hasta el momento, las condiciones actuales de convivencia resultan poco saludables, debiendo responsabilizarse a los adultos por establecer una distancia mayor” (conf. fs. 12; el énfasis es nuestro). Como surge sin hesitación, además del aludido vicio, el fallo no tiene en cuenta las citadas condiciones poco saludables y la necesidad de una distancia mayor, existiendo un menor que al momento de la evaluación (el 27 de abril de 2010) contaba con tan sólo 4 años.

11º) Ello nos lleva a advertir otra deficiencia del resolutorio, cual es la no ponderación de la situación del niño al presenciar los maltratos que habría ocasionado su padre hacia su madre. En tal sentido cabe destacar que la “Convención sobre los derechos del Niño”, entre otros instrumentos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 de la Carta Magna), prescribe como deber de los Estados Parte el de velar para que los niños no sean víctimas de maltratos físicos y psíquicos (arts. 9, apartado 1º y 19, apartado 1º).

12º) Por último, debe descalificarse el argumento “a mayor abundamiento” de la Cámara, en cuanto señaló que la circunstancia que la actora lleve sólo hasta la parada de colectivos a un menor de tan corta edad a los fines de cumplir con el régimen de visitas, no revela ser el trato más adecuado en una relación materno-filial. Ello ya que el Tribunal de Apelaciones utiliza como elemento para justificar la desestimación de la medida cautelar de exclusión del hogar y prohibición de acercamiento solicitada por la mujer -debido a la alegada violencia que ejerciera el concubino- un supuesto incumplimiento de un deber de madre, lo que no guarda congruencia con lo discutido en autos, haciendo una interpretación sacada de contexto, cuando lo que se acordó es que lo llevaría donde vive o a un lugar determinado como parada de colectivo, máxime cuando todo eso se estableció bajo la supervisión de la Sra. Jueza de la 1ª Instancia, (fs. 30 y vta.)

13º) Todo ello determina que el decisorio en crisis no constituya derivación razonada del derecho vigente en relación a las circunstancias de la causa, por lo que corresponde su descalificación. Conviene recordar que “Es condición de validez de los fallos judiciales que ellos sean fundados y constituyan una derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa” (Fallos 291:202; 295:95). No concurriendo tales extremos, la nulificación del fallo se impone por no cumplir con los requisitos de validez que hacen al debido proceso (Fallos 296:256, cit. en Sent. N° 330/07 de esta Sala).

14º) La competencia positiva. Teniendo en consideración los argumentos expuestos, corresponde analizar, si procede dictar sentencia sobre el fondo de la cuestión (art. 29 de la Ley 6.997).

Anticipamos que -a nuestro juicio- corresponde en este caso, ejercer jurisdicción positiva, en tanto la solución encuadra en el marco establecido por el citado art. 29, atendiendo a las particulares condiciones de la causa, la naturaleza de los intereses en juego y a la situación fáctica en la que actualmente se encuentra la mujer -retirada del hogar por propia decisión para resguardar su integridad física-. Todo ello impone evitar más dilaciones en la decisión, no hallándose asimismo comprometido el derecho de defensa de las partes, siendo que el vicio atribuido al pronunciamiento responde a la dogmática fundamentación del fallo y la prescindencia de circunstancias comprobadas de la causa, tal como surge del tratamiento desarrollado precedentemente.



15º) En ese marco cabe destacar que especializada doctrina ha señalado que “En cuanto a los presupuestos para el dictado de las medidas de protección contempladas en las leyes citadas, en especial las de tutela personal (exclusión del presunto violento del hogar, prohibición de acercamiento...), y teniendo en cuenta las dificultades con que pueden encontrarse las víctimas al momento de denunciar hechos de violencia familiar, impera un criterio amplio para la ponderación de dichos hechos a los fines de dictarse las medidas previstas en la ley, habiéndose resuelto que resultan suficientes la verosimilitud de la denuncia y la existencia de sospecha de maltrato ante la evidencia psíquica o física que presente el maltratado” (conf. Silvia V. Guahnon, Medidas Cautelares en el Derecho de Familia, Editorial La Rocca, Bs. As., 2011, pág. 199), autora que agrega que “De ello se infiere que los clásicos presupuestos de admisibilidad de las medidas cautelares –verosimilitud del derecho y peligro en la demora- deben ser interpretados desde una perspectiva diferente de la habitual cuando se trata de casos de violencia familiar” (conf. aut. y ob. cit., págs. 199/200).

16º) Estas directrices, más los instrumentos internacional citados en el considerando 8º) de la presente, y ponderados los elementos de juicio que obran en el expediente -especialmente el informe del integrante del Equipo Interdisciplinario, Psicólogo Eduardo D. Gutiérrez, y cuya incorrecta valoración fue señalada en el considerando 9º, al que nos remitimos en honor a la brevedad-, como asimismo de las testimoniales rendidas a fs. 9 y vta. y 10 y vta., de las que surgiría el clima de hostilidad que se vivía en el hogar familiar debido a las conductas violentas del Sr. F. P., quien agrediría tanto verbal como psicológicamente a la Sra. S., y ante el simple riesgo de que se efectúen episodios de este tipo, nos llevan a coincidir con la solución dada en primera instancia, en cuanto dispuso la exclusión del hogar y prohibición de acercamiento del Sr. A. A. F. P., como sus medidas complementarias y de ejecución.

17º) Consecuentemente, corresponde confirmar en todas sus partes la resolución dictada a fs. 19/23 por la Sra. Juez del Menor de Edad y la Familia Nº 6. Por ello y en atención a la situación fáctica invocada por la actora a fs. 180, deberán disponerse todas las medidas tendientes a que la misma pueda regresar inmediatamente al inmueble donde vivía junto con su hijo menor de edad.

18º) De conformidad a lo dispuesto por el art. 277 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia corresponde readecuar las costas de Alzada, las que a tenor a lo dispuesto por el art. 68 se imponen al demandado-apelante-vencido.

19º) La regulación de los honorarios profesionales se efectúa de conformidad a lo establecido en los artículos 3, 4, 7 y 11 de la Ley Arancelaria, tomando como base el Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente en la Provincia. Efectuados los cálculos pertinentes estimo los de la abogada Sonia Cristina Seba (M.P. Nº 1.814) en la suma de PESOS SEISCIENTOS SETENTA ($670,00) como patrocinante, y los de la abogada Cinthia Vanesa Almirón (M.P. 4436) en la de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA ($470,00) también como patrocinante.

20º) Las costas de esta instancia, dado el resultado que propiciamos, y lo establecido por el artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial se imponen a la recurrida-vencida.

21º) La regulación de los honorarios profesionales se efectúa de conformidad a lo establecido en los artículos 3, 4 y 11 de la Ley Arancelaria, tomando como base un Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente en la Provincia. Efectuados los cálculos pertinentes estimo los de la abogada Sonia Cristina Seba (M.P. Nº 1.814) en la suma de PESOS SEISCIENTOS SETENTA ($670,00) como patrocinante.

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente



SENTENCIA Nº _296__

I.- HACER LUGAR al recurso de inconstitucionalidad deducido a fs. 127/142 por la parte actora, y en consecuencia declarar la nulidad del pronunciamiento dictado por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 109/114.

II.- CONFIRMAR en todas sus partes la resolución dictada a fs. 19/23 por el Juzgado del Menor de Edad y la Familia Nº 6 de esta ciudad.

III.- DISPONER el inmediato reintegro de la actora junto a su hijo menor de edad a su hogar. A tal fin, una vez regresados los autos a primera instancia deberá la Sra. Juez disponer todas las medidas tendientes a la ejecución de lo establecido.

IV.- IMPONER las costas de Alzada y de esta instancia al demandado-vencido.

V.- REGULAR los honorarios profesionales de la siguiente manera: a) por su actuación ante la Cámara: los de la abogada Sonia Cristina Seba (M.P. Nº 1.814) en la suma de PESOS SEISCIENTOS SETENTA ($670,00) como patrocinante, y los de la abogada Cinthia Vanesa Almirón (M.P. 4436) en la de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA ($470,00) también como patrocinante; b) por su actuación ante esta instancia: los de la abogada Sonia Cristina Seba (M.P. Nº 1.814) en la suma de PESOS SEISCIENTOS SETENTA ($670,00) como patrocinante.

VI.- REGÍSTRESE. Protocolícese. Notifíquese. Remítase oportunamente la presente, por correo electrónico, a la Sra. Presidente de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad y al Sr. Presidente de dicha Cámara, dejándose por Secretaría la respectiva constancia. Oportunamente bajen los autos al Juzgado de origen.

RAMÓN RUBÉN ÁVALOS

Juez

Sala 1ra. Civ., Com. y Lab.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA


ROLANDO IGNACIO TOLEDO

Presidente

Sala 1ra. Civ., Com. y Lab.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA



FERNANDO ADRIÁN HEÑIN

Abogado - Secretario

Sala 1ra. Civ., Com. y Lab.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA


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