1a. Cuestión: ¿Es justa la sentencia?



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En la ciudad de Mendoza a los veintitrés días del mes de noviembre de dos mil once, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Primera Cámara Civil de Apelaciones, los Dres. Ana María Viotti, Silvina Miquel y Alfonso Gabriel Boulin, trajeron a deliberación para resolver en definitiva la causa nº 85.778/43.625 caratulados: "GALDEANO, JAVIER ALEJANDRO C/ FALABELLA S.A. P/ DAÑOS Y PERJUICIOS" originaria del Décimo Sexto Juzgado Civil, Comercial y Minas de la Primera Circunscripción Judicial, venidos al Tribunal por apelación de fs. 188, contra la sentencia de fs. 181/183.-

De conformidad con lo ordenado en el art. 160 de la Constitución Provincial, planteándose las siguientes cuestiones a resolver:

1a. Cuestión: ¿Es justa la sentencia?

2a. Cuestión: Costas.-

Practicado el sorteo de ley arrojó el siguiente orden de votación: Dres. Viotti, Miquel y Boulin.-

Sobre la Primera Cuestión, la Dra. ANA MARÍA VIOTTI dijo:

I.- Que a fs. 188, la parte demandada promueve recurso de apelación contra la sentencia de fs. 181/183 que hace lugar a la demanda de indemnización de los daños y perjuicios sufridos por el actor en el local de Falabella S.A.; como consecuencia de la caída de una estantería de vidrio, que le ocasionó la fractura de la primer falange del primer dedo del pie izquierdo y la condena a pagar la suma de $ 16.000, intereses y costas.

A fs. 201/202 expresa agravios la apelante, quien manifiesta su disconformidad con la sentencia de primera instancia en cuanto admite el rubro incapacidad sin tener en cuenta, que las lesiones invocadas por el actor no han ocasionado consecuencias disvaliosas permanentes, ni secuelas incapacitantes. También se agravia de los montos fijados en concepto de daño moral y gastos médicos, por considerarlos excesivos.

A fs. 205/209, contesta la parte actora solicitando el rechazo del recurso planteado por las razones que allí expone y a fs. 212 se llama autos para sentencia, practicándose el sorteo de la causa. II.- En autos, no se discute la responsabilidad de la demandada en la producción del daño, sino sólo el monto de la indemnización acordada, solicitando la reducción de las sumas fijadas en concepto de gastos médicos, y daño moral, sin aclarar el monto que considera procedente, y el rechazo del rubro incapacidad.

La incapacidad es la inhabilidad o impedimento, o bien la dificultad en algún grado para el ejercicio de funciones vitales; entraña la afectación negativa de facultades y aptitudes que gozaba la víctima antes del hecho, las cuales deben ser valorables teniendo en cuenta sus condiciones personales. En este orden de ideas, el art. 2° de la ley 22.431 considera incapacitada a "toda persona que padezca una alteración funcional, permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integridad familiar, social, educacional o laboral".

La determinación de la incapacidad no debe hacerse sobre la base exclusiva de la disminución laboral de la víctima, la cual constituye un dato relevante a tener en cuenta, pero en modo alguno el único y en ciertos casos, ni siquiera el más importante. Es preciso a tal fin, tener en cuenta múltiples aspectos vitales que hacen a la persona humana integralmente considerada, con su multiforme actividad, no sólo en abstracto, sino atendiendo a las condiciones personales de la víctima (sexo, edad, estado civil, profesión, salud y condición social entre otras) (conf. Pizarro, Ramón - Vallespinos, Carlos G., Instituciones de Derecho Privado, Obligaciones, Bs. As., Hammurabi, 2008, t. 4, pág. 301 y sgtes.).

Este Tribunal, ha resuelto reiteradamente que: "La lesión a la integridad psicofísica, es el presupuesto de los daños resarcibles (morales y patrimoniales), pero no deben confundirse las lesiones que pueden inferir un determinado hecho, con el o los daños resarcibles que aquellas lesiones pueden producir. No siempre surge un perjuicio resarcible a pesar de la causación de determinadas lesiones. Por ejemplo, no existe daño material alguno, a pesar del menoscabo a la integridad psicofísica, para quien ha visto cubiertos sus gastos terapéuticos por un ente mutual, no ha sufrido pérdida de ganancias durante el período de curación y no experimenta secuelas incapacitantes o aminorantes ulteriores. Por ello, en materia de resarcimiento del perjuicio emergente, por atentado contra la integridad psicofísica, interesa la invocación y prueba, no sólo de las lesiones en sí mismas o en su materialidad, sino también de los gastos que debieron afrontarse para la asistencia médica, si la víctima desempeñaba alguna actividad productiva o de otra índole que se vio interrumpida, si concurren secuelas incapacitantes futuras y cuál sería su gravitación previsible en la órbita económica o existencial del disminuido, y si dichas secuelas son verosímilmente temporales o permanentes (conf. Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños, 2 a, Daños a las personas, Bs. As., Hammurabi, 1.996, fs. 74).

En conclusión, no todo ataque contra la integridad corporal o la salud de una persona genera incapacidad sobreviniente. A tal efecto, es menester la subsistencia de secuelas que el tratamiento o asistencia prestadas a la víctima no logran enmendar o no lo consiguen totalmente. En principio, los daños físicos y la consiguiente incapacidad, deben acreditarse mediante peritaje, por tratarse de materia técnica que torna relevante la opinión de expertos. El peritaje, tiene importancia para comprobar la índole de las lesiones y su gravitación negativa, así como la relación causal con el accidente.

En los juicios de responsabilidad civil, por accidentes de tránsito, la prueba pericial resulta fundamental. La prueba pericial vale tanto como resulta de sus fundamentos y de la claridad de su exposición, de manera que aún en ausencia de observaciones puede ser inatendible, si se basa en circunstancias no probadas o en meras hipótesis o abstracciones o versiones sin respaldo objetivo en las constancias de la causa o contrarían hechos notorios o máximas de experiencia o las reglas de la lógica (conf. Sobre la fuerza probatoria del dictamen pericial, en L.L. 1998 - F - 274).

En definitiva, si bien el juez es perito de peritos no está habilitado para modificar la conclusión de los dictámenes periciales, sin razones valederas; porque cuando es necesaria una apreciación específica del campo del saber del perito, para desvirtuarlo es imprescindible traer elementos de juicio que permitan concluir fehacientemente el error o el inadecuado uso que el técnico hubiere hecho de los conocimientos científicos de los que, por su profesión o título habilitante necesariamente ha de suponérselo dotado. El rechazo por el juez del dictamen de los peritos debe basarse en razones serias que debe explicar, en un análisis crítico tanto de sus fundamentos como de sus conclusiones y de las demás pruebas sobre los mismos hechos, que lo lleve al convencimiento de que, o bien aquéllos no aparecen suficientes o carecen de lógica. Si considera que los fundamentos y las conclusiones del dictamen reúnen todos los requisitos de lógica, de técnica, de ciencia, de equidad para el caso puede exigirse y no existen otras pruebas mejores o iguales en contra, no puede rechazarlas sin incurrir en arbitrariedad, 3 (conf. Devis Echandía, Hernando, Teoría general de la prueba judicial, t. 2 ed., Bs. As., Víctor de Zavalía, 1976, fs. 348).

En autos, se ha rendido, prueba pericial (fs.79/81) donde el perito médico clínico, informa que el actor presenta una incapacidad parcial y permanente del 6%, que le impide la práctica de actividades deportivas.

La decisión del Juez a-quo de aceptar las conclusiones de esta pericia médica, que se ha basado, además del examen del actor, en estudios radiológicos; supone una valoración de la pericial, conforme las reglas que rigen tal tipo de prueba, por lo que no corresponde el rechazo del rubro.

Además, el apelante se agravia de la suma fijada en concepto de gastos médicos solicitando su disminución, sin aclarar el monto que corresponde.

Este rubro está expresamente previsto en el art. 1086 del Código Civil, que establece que si el delito fuera por heridas, la indemnización consistirá en el pago de todos los gastos de curación y convalecencia de la víctima. El resarcimiento de los gastos médicos y de farmacia, debe admitirse, aún sin prueba instrumental, en razón de la imposibilidad en que se encuentran el enfermo y sus parientes o allegados de tomar la precaución de munirse de los comprobantes pertinentes, por la perturbación que provocan las lesiones y su atención.

La jurisprudencia nacional ha precisado que "la procedencia de la indemnización en concepto de gastos médicos y farmacéuticos no requiere que reclamante pruebe su erogación siempre que las características de las lesiones padecidas permitan concluir que necesariamente debió incurrir en tales gastos" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala C, 1998/02/03, "Vallejos, Darío I. c/ De los Contribuyentes S.A. de Transportes", La Ley, 1998 D, 111 R CyS, 1999 889 DJ, 1998 2 1191; Cámara Nacional de Apelaciones Especial en lo Civil y Comercial, sala IV 1981/03/12, "Martínez, Carlos S. c/ Cerezo, Osvaldo R.", ED 93 660), y que "debe admitirse la reparación de los gastos médicos aún cuando no se encuentren documentados, ya que sabido es que la atención en un hospital público no exime a la víctima del pago de los medicamentos y elementos utilizados en el tratamiento". (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala A, 1993/03/19, "Vega, Elisa B. y otro c/ Messina, Pedro H.", La Ley, 1994 C, 473, con nota de José W. Tobías; en semejante sentido, por ejemplo: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Resistencia, sala IV, 1196/05/28, "Fernández, Norberto A. c/ Páez, Jorge A. y otro", La Ley, 1996 E, 670; Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 1979/12/18, "Petruzzi de Rogero, Rosa M. c/ Martins Mogo, Carlos", SP La Ley, 980 607 DJBA, 118 74).

En el orden provincial, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza ha sostenido que "los gastos médicos, de farmacia y de atención de una enfermedad no requieren prueba documental, razón por la cual pueden ser admitidos siempre que resulten verosímiles en relación a las lesiones provocadas por el evento dañoso" (SCJM, Sala I, expte. N° 72.871, "Bloise de Tucchi, Cristina en J° Bloise de Tucchi c/ Supermercados Makro S.A. p/ D. y P. s/ Inconstitucionalidad", 26/07/2002, LS 310-058) y que "no es dable exigir una prueba contundente del gasto médico, basta sólo con que el reclamo guarde relación con la entidad de las lesiones sufridas". (SCJM, Sala I, expte. N° 89.883, "Figueroa, Mariela Roxana en J° 95.895/38.771 Figueroa Mariela Roxana p/ S.H.M. Figueroa Yésica c/ Mac Donalds Argentina y/o Arcos Mendocinos S.A. p/ D. y P. s/ Inc.", 30/11/2007, LS 384-034).

La suma fijada en la sentencia no aparece excesiva en base a las lesiones sufridas por el actor, siendo insuficiente la crítica memorial de agravios, en cuanto se limita a manifestar que son excesivos porque no se ha aportado prueba de haberlos realizado.

Por último, el apelante solicita la reducción del rubro daño moral, sin dar los fundamentos de la pretensión de reducción del monto fijado en $ 3.500.

Como ya se sabe, la indemnización por daño moral no se reduce al precio del dolor o a la pérdida de afecciones, sino que se apunta a toda modificación disvaliosa del espíritu, sea en la capacidad de sentir, de querer, y de entender. A partir del carácter resarcitorio de tal rubro, éste desempeña la función de satisfacer perjuicios que no sean mensurables con exactitud, teniendo en cuenta las condiciones personales de la víctima y la gravedad objetiva del perjuicio, como así también el resto de las circunstancias del caso. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala E, 1197/02/27, "Giménez, Pablo M. y otros c/ Schuartz, Eduardo", LA LEY, 1997-C, 262 - DJ, 1997-2-656).

El principio de individualización del daño requiere que la valoración de la indemnización del daño moral compute atentamente todas las circunstancias del caso, tanto las de naturaleza objetiva -la índole del hecho lesivo y de sus repercusiones-, como las personales o subjetivas de la propia víctima. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala H, 2000/03/07, "De Agostino, Nélida I y otros c/ Transportes 9 de Julio", LA LEY, 2000-D, 882- DJ, 2001-2-72).

La fijación de sumas indemnizatorias en concepto de daño moral no está sujeta a reglas fijas: su reconocimiento y cuantía depende del arbitrio judicial para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesaria otra precisión. (Art. 90 inc.7° del C.P.C.). Sobre esta cuestión, se ha advertido que: "en la fijación del monto por resarcimiento del daño moral debe actuarse con suma prudencia, toda vez que son obvias las dificultades que existen para mensurar en dinero un detrimento de naturaleza no patrimonial, razón por la cual ha de tratarse de una suma que atienda apropiadamente a la magnitud del menoscabo espiritual y procure mitigar el dolor causado por la conducta antijurídica". (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala III, 1984/11/21, "Díaz de Paratian, Inocencia y otros c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos", LL, 1985-A, 408 - DJ, 1985-1-799).

Este Tribunal, en diversos pronunciamientos (L.S. 177-189) en supuestos de daño moral, en accidentes que provocaron lesiones leves sin incapacidad, internación ni tratamientos posteriores, ha fijado sumas que van desde $ 5.000, $ 7.000 y $ 10.000, siguiendo la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia Provincial que en pronunciamientos, que van desde el 2005 al 2007, fijó sumas que oscilan entre $ 3.000 y $ 5.000 (L.S. 363-210; L.S. 358-24; L.S. 378-074).

En el caso en examen, en que existe incapacidad la suma de $ 3.500 fijada en la sentencia debe ser mantenida.

Por todo lo expuesto, se debe rechazar el recurso de apelación promovido por la parte demandada a fs. 188 y confirmar la sentencia de fs. 181/183, en todas sus partes. Así voto.

Los Dres. Miquel y Boulin, adhieren por sus fundamentos al voto que antecede.

Sobre la Segunda Cuestión, la Dra. ANA MARÍA VIOTTI dijo:

Atento el resultado del recurso planteado las costas deben imponerse a la parte demandada en cuanto se admite el recurso respecto de los intereses y a la actora, en la medida que se rechaza la pretensión respecto del daño moral (arts. 35 y 36 del C.P.C.). Así voto.

Los Dres. Miquel y Boulin, adhieren por sus fundamentos al voto que antecede.

Por lo que se dio por terminado el presente acuerdo procediéndose a dictar la parte resolutiva de la sentencia la que se inserta a continuación.

SENTENCIA

Mendoza, 23 de Noviembre de 2.011.-

Y VISTOS: por lo que resulta del acuerdo precedente el Tribunal

RESUELVE:

I.- No hacer lugar al recurso de apelación promovido a fs. 188 por la parte demandada y en consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 181/183, en todas sus partes.

II.- Imponer las costas a la recurrente vencida.

III.- Regular los honorarios profesionales de la siguiente forma: Dra. MARIA FLORENCIA CORREA LLANO en la suma de $; Dr. GONZALO CORREA LLANO en la suma de $ .; Dr. RAUL HORACIO ZONNANA en la suma de $ . (arts. 15 y 31 ley 3641 modificada por decreto-ley 1304/75).-

NOTIFÍQUESE Y BAJEN.-

Dra. ANA MARÍA VIOTTI

Juez de Cámara

Dra. SILVINA MIQUEL

Juez de Cámara

Dr. ALFONSO G. BOULIN

Juez de Cámara




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