12. la interrupción voluntaria del embarazo: ¿un conflicto ético o una determinación juridica? Carmen alicia cardozo de martínez od, msc



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12. LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO: ¿UN CONFLICTO ÉTICO O UNA DETERMINACIÓN JURIDICA?

CARMEN ALICIA CARDOZO DE MARTÍNEZ OD, MSc
Especialista en Ética en Investigación Biomédica y Sicosocial

Profesora Titular

Coordinadora Red de Bioética

Universidad Nacional de Colombia



cdcardozor@unal.edu.co

Introducción

Asumir que las determinaciones que la Corte Constitucional estableció en la Sentencia C-355 en relación con la interrupción voluntaria del embarazo, constituyen la puerta de entrada a la solución del conflicto generado por el embarazo no deseado, puede ser uno de los errores más grandes que podría cometer la comunidad colombiana si no se ubica claramente tanto el contexto como los antecedentes que dieron lugar a las determinaciones plasmadas en ella. Los argumentos analizados por la Corte, desde el punto de vista legal son el resultado de un estudio concienzudo que reconoce derechos jurídicos a la mujer que se traducen en acciones concretas en el sistema de seguridad social en salud, pero, a la vez se constituyen en elementos que deben ser analizados y asimilados por la sociedad más allá de las repercusiones legales. Esto significa que no es suficiente la determinación de carácter legal, debe haber una apropiación conceptual y práctica por parte de todos los actores involucrados en el proceso, debe existir una actitud hacia un cambio de cultura respecto al significado de la mujer en la sociedad. Así lo reconoció el Ministerio de la Protección Social cuando decidió firmar el convenio interadministrativo con la Red de Bioética de la Universidad Nacional de Colombia para impulsar las reflexiones de carácter Ético-Jurídicas de la Sentencia. Esta reflexión, por solicitud expresa del Ministerio debe hacerse a partir de foros, lo que implica la realización de una discusión plural, amplia y abierta a todos los sectores y miradas diversas en un marco de respeto y tolerancia por las diversas posturas que ello implica.

En este capítulo abordaremos el significado de la reflexión ética, los dilemas y conflictos morales y la manera como diversos autores los han tratado, para darle un marco de legitimidad a los análisis y diversas posturas que hacen posible UNA RECTA CONVIVENCIA.

¿Por qué no es suficiente la determinación jurídica en relación con el conflicto de la interrupción voluntaria del embarazo?

Porque todos los actos humanos ante todo tienen un sustento en principios y normas morales y éticas que deben ser legitimadas por la comunidad donde ellos se desarrollan. Aunque algunas normas relacionadas con el comportamiento humano están definidas en leyes o actos jurídicos de diversa naturaleza no son necesariamente una realidad. Tal es el caso de nuestro país donde los Derechos Humanos están plasmados en la Constitución Política y los decretos reglamentarios y sin embargo, son violados frecuentemente ante la impotencia de la misma sociedad. Ello obliga a asumir otras formas de comprender esos principios y hacerlos parte importante del proceder comunitario.

El escenario natural del debate jurídico se da en términos y condiciones propias de este medio, mientras la reflexión ética se desarrolla en la cotidianeidad de los actos y actuaciones humanas.

¿Existen diferencias entre la ÉTICA Y EL DERECHO? ¿Cuáles son sus alcances y limitaciones?

Podríamos asumir múltiples definiciones de cada una de estas disciplinas, pero para claridad y como referente conceptual de este texto damos las siguientes como punto de partida del análisis comparativo subsiguiente:



  • Ética: hace referencia al discernimiento racional sobre lo correcto o incorrecto en la expresión del comportamiento humano.

  • Derecho: conjunto de reglamentos y leyes que establecen aquellas condiciones de obligatorio cumplimiento exigibles so pena de sanción para quien no lo haga.

  • Bioética: campo interdisciplinar que aborda los dilemas morales de la ciencia y la tecnología o como lo describe la OPS “uso creativo del diálogo interdisciplinario para formular, articular y, en lo posible, resolver algunos de los problemas que plantea la investigación y la intervención sobre la vida, la salud y el medio ambiente”

Existe una frontera, en algunas ocasiones no muy claramente definida, entre el Derecho y la Ética, que en el caso de la despenalización del aborto yace sobre el debate de la pertinencia de la imposición por parte de la sociedad mediante sus estructuras de control y regulación estatal y su organización política, de criterios morales sobre los cuales hay profundas diferencias en la ética personal individual y la colectividad misma. A ello se suma una historia de reconocimiento progresivo incremental a solicitud o denuncia, de derechos de las mujeres, frente a una evidente inequidad entre hombres y mujeres de la sociedad colombiana.

Mientras la ética aborda una reflexión plural, buscando un constante encuentro de racionalidades, sensibilidades, proyectos vitales y preocupaciones colectivas y contrastación para la RECTA CONVIVENCIA, cuyo marco de referencia debe superar la creencia, intuición, dogma y doctrina particulares para atenuar los dilemas de la moderna sociedad y la tecnología, el derecho se ocupa de aplicar preceptos establecidos por órganos de gobierno en un marco interpretativo estricto limitado a los alcances normativos mismos, que surgen también del debate público como es el caso de la sentencia y otras sentencias similares que van haciendo camino y promoviendo cambios en las reglamentaciones y en la interpretación de los problemas sobre los cuales se legisla.

La diferencia entre uno y otro campo reside fundamentalmente en que la ética reconoce la pluralidad, la diversidad, promueve la tolerancia y la inclusión a partir de diálogos constantes en los cuales hay un reconocimiento permanente a las personas como interlocutores válidos para el análisis de conceptos o concepciones sobre la vida, el ser humano, la razón, la responsabilidad, la transparencia, justicia, equidad, honestidad y otros valores y principios que son reconocidos como prevalentes en todas las sociedades humanas y que se soportan fuertemente en creencias, cultura, tradiciones y modos de vida. La ética ocupa el lugar de la convicción racional mas no la imposición normativa positiva como prioritaria. Por ello, los códigos de ética aparecen mas como acuerdos sociales de convivencia que como normas rígidas de aplicación que serán sancionadas en caso de no cumplirlas. Sin embargo, existe una interacción entre ética y derecho en aquellos momentos en que un cambio social impulsado por la racionalidad genera una modificación normativa.

El derecho tiene claros procesos, procedimientos e interpretaciones normativas que permiten que, frente a un acto se determine un castigo, mientras en el caso de la ética la sanción es moral de tipo individual o colectivo. En toda situación jurídica de por si se ha considerado previamente la existencia de un conflicto ético que, por afectar a muchos individuos o personas, debe tener normas claras para su resolución. Por ello puede afirmarse que el derecho regula en forma coercitiva la vida humana en sociedad, es decir es “vida humana objetivada”1, implicando necesariamente una acción humana que ha sido vivida o pensada por las personas que la produjeron, deja la huella que luego se convierte en pauta y que luego si es avalada por el Estado se convierte en ley. Por eso estas normas son analizadas desde el punto de vista de la naturaleza y estructura de la vida humana. El derecho implica la existencia de una tríada de elementos que se aúnan en la norma jurídica: el hecho social –que se pretende regular–, el precepto –que implica una idea general aplicable a ese caso y a otros similares– y el valor contenido en dicho precepto –que corresponde al principio que se pretende salvaguardar y al que se busca dar materialidad a través de la regulación jurídica.

El mayor poder de la norma jurídica no reside en esa fuerza, sino en la autoridad que representa,

en su condición de elemento “certificador” o “avalador” de lo correcto, de lo socialmente aceptado, de lo que es “debido” en la sociedad.

La ética estudia desde una perspectiva que tiende a ser sistemática, aquello bueno, malo, justo, injusto, prudente, etc. buscando promover la equidad y evitar la inequidad, analiza las alternativas entre conflictos relacionados entre derechos, obligaciones, creencias y principios. En el estudio de estos conflictos, hay una permanente construcción de conocimiento que tiene su soporte en el concepto de hombre, de ser humano, de la salud, integridad, vida y muerte2. Esta reflexión implica también un ejercicio responsable de la libertad sustentada en la racionalidad fundamentada en el análisis de los intereses y creencias individuales frente a los de la colectividad.

La Constitución Política Colombiana está sustentada en principios de carácter ético que por su importancia han sido asumidos por el Estado como normas que deben cumplirse por convicción o por coerción si fuere necesario. Es decir, el Estado Colombiano ha dado una fuerza especial a estos principios que traduce en derechos por considerar que la dignidad humana y el respeto deben primar en toda relación social de los colombianos.

Finalmente, la bioética se asume como un campo de conocimiento nuevo, que convoca a las disciplinas y profesiones a la construcción de nuevas relaciones surgidas por los avances y desarrollos tecnocientíficos basados en el conocimiento del hombre y su cultura. Ella convoca el acervo de conocimientos y sabiduría acumulada por la filosofía y los retos ofrecidos por el desarrollo científico. Cuando se miran temas como el futuro de la vida en el planeta, los límites de la intervención científica, el poder de decisión sobre la vida o la muerte de otros seres humanos, la anticoncepción, no se puede responder sólo desde el punto de vista de la viabilidad técnica o biológica, desde la concepción religiosa, desde el poder jurídico, sino que debe reunirse todo este conocimiento para establecer una postura responsable frente a un hecho. Por eso la bioética aborda temas como la calidad de vida desde la perspectiva humana, cultural, social, antropológica, médica, económica y todas las miradas que puedan alimentar este concepto para hacerlo verdaderamente integral. Calidad de vida vista desde la individualidad y la colectividad, desde lo social y lo biológico.

La bioética construye una categoría conceptual que asume al ser humano en todas sus dimensiones: biológica, social, jurídica, comportamental (etológica), antropológica, histórica, demográfica, religiosa, estética, poder, placer y saber. Ya no es el concepto de los griegos de lo bello, sino en el actual contexto, igual para lo bueno3. Han cambiado los conceptos de vida plena, de bienestar, de satisfacción, compromiso, entrega, felicidad y belleza, y en ese contexto el de reconocimiento de los seres humanos en su dignidad plena, que es el compromiso primordial que adquiere la Corte Constitucional frente a las determinaciones de la Sentencia C-355: dar a la mujer las garantías, ahora coercitivas para quien lo impida, de poder expresar libremente su voluntad frente a su concepto de vida, calidad de vida, responsabilidad de vida, placer, sexualidad y conocimiento. Le reconoce a la mujer colombiana su capacidad, su autonomía y la autodeterminación que durante mucho tiempo de manera también coercitiva le había sido negada.



¿Qué es un dilema, conflicto o problema ético?

El dilema, problema o conflicto ético frente a un concepto o un comportamiento se presenta a partir de un acto moral, el cual puede ser calificado bueno o malo según la interpretación individual o colectiva lo que implica necesariamente que frente a este problema puede haber varias o diversas alternativas; es decir no tienen una única solución o vía de resolución, en otras palabras, cuando una situación refleja posiciones, proposiciones o argumentos éticos en conflicto, se presentan dos o más alternativas de solución. Esas múltiples interpretaciones están marcadas por los propios intereses, los intereses colectivos, el concepto de persona, de vida, calidad de vida, muerte, trascendencia, cambios, transformaciones y en general vida y cultura. Frente al conflicto ético cabe solamente la reflexión racional, el diálogo respetuoso de la diversidad y la pluralidad de creencias que Engelhardt califica como sociedad compuesta por “extraños morales”4, es decir seres individuales con una vida, una historia, sentimientos, deseos, percepciones, temores, ilusiones, incertidumbres, que pueden compartir entre sí en las comunidades.

En el abordaje, desde la perspectiva ética de la interrupción voluntaria del embarazo, se presentan diversas concepciones, posturas, actitudes y creencias que se reflejan en tensiones constantes entre las personas, grupos humanos e instituciones lo que genera estigmatización, señalamiento, marginación o castigo para quien no comparta creencias que en concepto de algunos pueden ser malas e inaceptables.

Para mayor claridad, podemos decir que se trata de normas o acuerdos que no suponen una fundamentación en principios absolutos a priori, ni se supone que sean aceptables con base en razones universales (es decir, razones que serían tales para todo sujeto racional posible), sino que aspiran a la aceptabilidad por parte de diferentes grupos sociales, con diferentes morales positivas, aunque por diferentes razones.

Se trata entonces de normas que se llevan a “la mesa de negociación” o encuentros deliberativos o análisis compartidos, o encuentros ciudadanos, con pretensión de aceptabilidad racional, pero sin suponer que eso significa que existe un único conjunto de razones universales para aceptar o rechazar la pretendida norma, sino que una norma será universalmente aceptable si realmente los diferentes grupos sociales para quienes resultará pertinente encuentran razones (sus propias razones) para aceptarla.

Dentro de ellos podemos citar:



  • La muerte del feto como algo inmoral

  • La imagen de cuidadora y protectora de la mujer frente a un posible nacido.

  • La “permisibilidad” o “aceptación” de un hecho que ha sido permanentemente sancionado por inmoral, a través de la ley.

  • La concepción, dentro de una sociedad fundamentalmente patriarcal, de la sexualidad femenina como algo pecaminoso o sólo de condición masculina

  • La preeminencia o superioridad que se pueda dar a una vida nueva en la sociedad

En nuestro caso colombiano, dado que se aceptó la pluralidad y libertad de cultos en la legislación debería prevalecer este enfoque en relación con la interrupción voluntaria del embarazo. Puesto que un Estado plural no debe comprometerse con ningún punto de vista religioso ni moral particular en torno a la admisibilidad o condena del embarazo no deseado, el Estado y los ciudadanos deben llegar a un acuerdo acerca de las normas que regularán las decisiones y acciones del Estado al respecto. Tales normas deberían permitir que los ciudadanos y ciudadanas actúen de acuerdo con sus particulares principios y valores morales, pero no deberían, por ejemplo obligar al Estado a imponer un castigo a las mujeres, o a las parejas, que decidan un aborto, pues la condena depende de valores y principios morales específicos que varían de un grupo social a otro”.5

La sentencia expedida por la Corte Constitucional, tanto en sus capítulos de antecedentes, demandas, conceptos, como en la parte resolutiva, aclaración de voto, y salvamentos de voto permite identificar las distintas posturas que intervinieron en el debate previo a su expedición en un compendio conceptual que expresa diversas miradas y puntos de vista que encierran por lo tanto conflictos éticos que deben ser abordados por la comunidad.



¿Cómo se abordan los dilemas, conflictos o problemas éticos?

Existen diversas tendencias, posturas y propuestas para abordar los desacuerdos y miradas relacionadas con los dilemas éticos con el fin de cumplir con metas trazadas desde la teoría para la deliberación ética (pluralidad, inclusión, acertividad, compromiso, respeto, tolerancia, bien común, bien individual, responsabilidad, justicia, equidad). En términos generales todas ellas tienen como base el diálogo respetuoso, racional y tolerante basado en argumentos, siempre sobre cosas humanas que nos afectan y sobre las cuales tenemos algún control. Incluye prioritariamente un análisis de las razones o fundamentamentos que se aducen a favor o en contra de aspectos que son objeto de diversas o encontradas posiciones u opiniones. Se delibera sobre cuestiones o conflictos concretos, en forma previa a la toma de decisiones. No se delibera sobre principios morales o sobre normas absolutas. Las creencias, las convicciones y los valores están protegidos por el derecho a la libertad de conciencia, luego no se delibera sobre ellos. La bioética (comités de bioética) promueve la “deliberación colectiva para llegar a decisiones moralmente prudentes, en situaciones de incertidumbre, no pocas veces enormemente complejas y que afectan a varias personas, incluyendo los intereses que competen a toda la sociedad, porque de su eficaz salvaguardia depende la calidad humana de la sociedad misma”6.

La discusión entonces se puede presentar entre diversas posiciones:


  • Conflicto entre dos principios éticos.

  • Conflicto entre 2 posibles acciones en las cuales hay algunas razones a favor y otras en contra de la acción.

  • Conflicto de evidencias.

  • Conflicto entre dos alternativas no satisfactorias.

  • Conflicto entre la ética personal y el rol profesional.

  • Conflicto entre la Ética y la Ley.

En este ámbito las consideraciones y análisis de soporte de la sentencia tienen como punto de partida la mujer y el respeto a su autonomía. No es posible obligarla a abortar, ni impedírselo, en los casos establecidos por la Corte. En cada caso, previa información suficiente y adecuada, la mujer es quien debe tomar la decisión.

Por su parte el médico no puede ser obligado a realizar el aborto ni puede oponerse a la decisión de la mujer dados sus propios principios.

La deliberación plural tiene como reto la inclusión de todos los puntos de vista, la tolerancia y la diversidad por lo que muchos autores han tratado de caracterizar la metodología para una buena deliberación o diálogo interdisciplinario o han tratado de describir posibles modelos o vías para lograrlo. Como ejemplos de modelos de deliberación y abordaje de los dilemas o conflictos éticos mencionaremos los siguientes:

Modelo de toma de decisiones éticas de Thompson y Thompson.



  • Uno de los pasos claves es identificar la decisión o decisiones que se deben tomar, de modo que las personas involucradas en este proceso dirijan hacia allá sus esfuerzos. En el modelo no se depende de una sola persona para tomar la decisión. Quien hace la decisión final puede seguir los pasos indicados.

Modelo para la toma de decisiones éticas de Curtin y Flaherty.

  • Toma como punto de partida la información de antecedentes

  • Identifica componente o conflicto ético

  • Define personas comprometidas con la toma de decisiones.

  • Busca opciones, posibles cursos de acción

  • Promueve la reconciliación de hechos y principios

  • Guía hacia la resolución, decisión

  • Establece la acción a seguir

Modelo utilitarista para la toma de decisiones éticas de Brody

  • Análisis colectivo de la percepción del problema

  • Elaboración de una lista de alternativas

  • Para cada una de las alternativas predice las consecuencias y asigna un valor a la felicidad que produce

  • Selecciona la alternativa que produce mayor felicidad

  • Selección de valoración ética correcta

Modelo utilitarista para la toma de decisiones éticas de Payton

  • Determina la existencia de un dilema ético:

  • Están presentes dos o más opciones para actuar.

  • Cada opción tiene asignados valores significativamente diferentes.

  • Identifica todas las posibles opciones para actuar

  • Destaca las opciones no aceptables por falta de fundamento deontológico

  • De las opciones remanentes para actuar promueve la formulación de la declaración ética para actuar que parezca más deseable.

  • Identifica las consecuencias de la acción escogida.

  • Compara cada una de las conciencias identificadas, con el valor personal de los bienes que produce

En general, todos estos modelos buscan que la discusión sea sistemática, aborde todas las miradas de las personas involucradas en ella y que se llegue a un acuerdo por deliberación argumentativa, es decir basada en razones.

¿Qué dilemas, conflictos o problemas éticos se han presentado en torno a las determinaciones de la Sentencia C-355 y la interrupción voluntaria del embarazo?

En principio se asume que, con preeminencia, la dignidad de la mujer prevalece por encima de cualquier consideración en torno a su reconocimiento y a su potencial de desarrollo y crecimiento tanto personal como colectivo. El conflicto se plantea entre los imaginarios sociales relacionados con el papel de la mujer frente a su sexualidad y su capacidad reproductora frente a los intereses y realizaciones personales individuales. Esta tensión se origina en el contexto sociohistórico en el que se ha desarrollado la mujer quien siempre ha sido tratada de forma discriminatoria por las sociedades que tienen un enfoque fundamentalmente patriarcal.

Poder, saber y placer7 son tres aspectos que Graciela Hierro considera han matizado las relaciones de género desde la perspectiva masculina frente a la femenina pues se asume el género como sexualización del poder. Ella hace esta mención recordando el texto que sobre sexualidad había escrito Michel Foucault quien se ocupa inicialmente de estos temas, no con el ánimo específico de hablar de placer ni mostrarse como feminista a ultranza, pero justificando la necesidad y la importancia de liberar el placer de las mujeres como condición necesaria para que cada una acceda a una mirada ética puesto que con el correr de los años, el placer femenino se ha limitado a la procreación, siendo dos cosas totalmente distintas. Al hablar de placer, estamos haciendo referencia a la sensación de satisfacción en todos los sentidos, no sólo el relacionado con los aspectos sexuales puesto que la misma naturaleza de las mujeres promueve la expresión de felicidad de muchos y diversos aspectos. Estamos haciendo referencia al ejercicio de la autonomía para descubrir y realizar el propio estilo de vida, los caminos y medios para lograr la madurez, identidad y satisfacción de todas nuestras acciones, la experiencia y apropiación de las relaciones interpersonales que alimentan la sabiduría que desde la cultura impulsa una visión personal propia.

Esta mirada de la decisión autónoma de la mujer para decidir sobre el placer, su vida y la de un embarazo no deseado es algo nuevo pues la aparición de la interrupción voluntaria del embarazo se confunde con los inicios de la humanidad. En la historia de la medicina aparecen informes desde el Antiguo Testamento y en la literatura de los primeros siglos se hace referencia a él. Uno de los documentos más antiguos sobre materiales y métodos para producir el aborto, data de los tiempos del Emperador Sheng-Nung en la China Legendaria, 23 siglos A de C.

El código de Hammurabi permitía el aborto a las solteras pero no a las casadas. Los griegos y los romanos legislaron acerca del aborto; Sócrates admitía el aborto por voluntad de la madre; Aristóteles lo aceptaba en los casos de un excesivo número de hijos; Platón en Grecia, insistía en el aborto en toda mujer mayor de 40 años; sin embargo Hipócrates prohibía el aborto de manera categórica en los términos de su juramento. El cristianismo proclamó el derecho a la vida, no sólo del niño sino también del feto, haciéndose cada vez más rigurosas las sanciones penales contra el delito del aborto8

A pesar de los avances y de los cambios de rol de la mujer en la sociedad, en la mayoría de los sectores prevalece la mirada masculina patriarcal de una sociedad plasmada en las normas, que impulsa aún el enfoque pecaminoso de la vida sexual de la mujer, de su responsabilidad y obligación de asumir la maternidad con resignación y como parte de sus funciones mas no de su realización personal. Se asume todavía en la práctica a la mujer como una menor de edad incapaz además de dar su opinión frente a sus ideales y deseos y no se reconoce la autonomía sobre su cuerpo y su racionalidad. Se le niega la posibilidad no sólo de expresar sus deseos sino que se le “aplasta” en medio del conflicto armado.



El rol y la representación social de la mujer

La representación social de la mujer en Latinoamérica ha estado vinculado por razones ampliamente conocidas, al ethos cristiano occidental, que se caracteriza por considerar al humano –y especialmente a la mujer como un ser de naturaleza pecadora–; en consecuencia, debe sufrir constantemente el castigo y el sacrificio. Éstos se expresan notoriamente a través de la represión de la sexualidad y, más aún, de la sexualidad femenina.

No es extraño que dentro de los valores inculcados se promueva la virginidad de la mujer hasta el matrimonio. Sin embargo, se debe destacar que no siempre ha sido así. En las sociedades precolombinas, si bien existía un poder jerarquizado, también había una división del trabajo que respetaba la posición de la mujer en la sociedad. Por otra parte, en las primeras religiones existía una fuerte presencia de la divinidad femenina, relacionada justamente con la fertilidad, el abrigo y la protección de la sociedad. Con el cristianismo, la mujer es relegada al último peldaño de la sociedad; ella es interpretada como el origen del pecado, situación ratificada en la creación del mundo que describe la Biblia.

La sexualidad, entendida como proceso biológico del cual se puede obtener placer, es censurada en las sociedades latinoamericanas por la condición pecadora que se predica de la mujer. Por lo tanto, mientras más esfuerzos se hagan por controlar el goce sexual más cerca se está de la rendición espiritual. Ejemplo de ello es la exaltación de las figuras religiosas consagradas a lo espiritual sin conocer los placeres de la carne, o que han renunciado a ellos para seguir el camino espiritual9.

La sexualidad tiene connotaciones sociales que se alejan de la reproducción y se relacionan con el empoderamiento social. En las sociedades latinoamericanas el hombre es poseedor de su sexualidad y puede administrarla sin censuras; es también quien expresa su poder social con vehemencia sobre las mujeres. Esta actitud falocentrista se sostiene en la noción de que el hombre es superior a la mujer y se traduce en normas y reglas pero también en comportamientos cotidianos que aún prevalecen.

Las primeras interpretaciones arqueoantropológicas mostraron al hombre en un rol social de cazador y constructor de herramientas, mientras que la mujer estaba a cargo de las tareas de recolección de alimentos y cuidado de los hijos. Se produce así la disociación entre (hombre) cultura y (mujer) naturaleza. Si la mujer se asocia a la naturaleza, entonces ésta debe ser dominada y controlada por la cultura.

El avance de la biotecnología ha liberado a la mujer de sus obligaciones tradicionales y ha evidenciado su capacidad en otros ámbitos, fenómeno que la sitúa en igualdad de condiciones frente al hombre. También, desde otro campo de sujeción, los anticonceptivos y la reproducción asistida han disociado su sexualidad de su capacidad reproductiva, lo que ha redundado en mayores espacios de libertad.

Producto de la situación económica, la incorporación a la fuerza laboral, el laicismo de las nuevas generaciones y la comodidad que entrega la tecnología, la representación social de la mujer ha cambiado: no sólo ser dueña de casa es posible, también se puede trabajar, ir al gimnasio, tener espacios de recreación propios, tener esposo y cuidar del hogar. Ahora se asume el papel de la mujer con el desarrollo pleno independiente de la relación estable de pareja y de su papel de madre, es decir se reconoce a la mujer con su singularidad e individualidad con un papel preponderante en el desarrollo social, económico y productivo que solamente era posible para los hombres.

La concepción tradicional de la mujer en las sociedades tradicionales y las modernas siempre se ha relacionado con atributos prácticamente universales de las características femeninas asociadas a la delicadeza en el actuar y al buen desempeño de papel de madres. Madre como concepto de protección, de amor, sacrificio y entrega incondicional. Madre como ser que depone sus intereses y sus anhelos a favor de otro ser que puede surgir y crecer aún a expensas de la desaparición social y biológica de su propia progenitora. Ahora, la connotación es otra: es otro ser individual y autónomo con roles que por su propia autodeterminación pueden ser posibles en diversos escenarios, es decir tiene una condición basada en un concepto de género mas amplio, social e histórico.

El origen del concepto de género y su distinción del concepto de sexo proviene de un libro escrito por el psiquiatra Robert Stoller en Estados Unidos, llamado Sex and Gender. En dicha obra, Stoller dice que el género se refiere a “grandes áreas de la conducta humana, sentimientos, pensamientos y fantasías que se relacionan con los sexos, pero que no tienen una base biológica”, y concluye que “la asignación del rol (masculino/femenino) casi siempre es más determinante en el establecimiento de la identidad sexual que la carga genética, hormonal o biológica. A esa identidad que se fundamenta en la asignación del rol con base, generalmente, pero no siempre, en el sexo biológico, él la llamó identidad de género para diferenciarla de la determinación sexual basada únicamente en la anatomía10”.

El enfoque de género critica la subsunción del problema de la diferencia sexual en términos biológicos por las siguientes causas: (a) Se centra sólo en la exterioridad de las características del sujeto, es decir, en la existencia o no de órganos sexuales; (b) utiliza un criterio de actualidad, esto es, “lo inmediatamente percibido aquí y ahora vale sin tener en cuenta cuál será su desarrollo”, y (c) fundamenta la distinción de los géneros en la perceptibilidad del público o del entorno, no en la identidad del propio individuo, lo cual niega totalmente la dimensión existencial para la calificación del género.

Frente a estas falencias o simplificaciones, plantea otra visión, basada más bien en una concepción dualista del ser humano, que incluye tanto aspectos externos como internos, lo cual implica “aprender a comprender que el hombre y la mujer se miran como seres diferentes porque están culturizados para percibir las diferencias”, llegándose a hablar de una asignación social de sexo o de un sexo cultural.

En la medida en que la complejidad del entramado social y de las perspectivas políticas lo ha exigido así, ha sido el Derecho el que ha aportado la legitimidad racional-legal a la interpretación según la cual la mujer es inferior al hombre, es decir, ha permitido la aceptación del modelo e incluso, su consideración como “justo”.

Finalmente, es interesante recordar a Jonas, quien reflexiona sobre la moralidad en la técnica. Toda aplicación técnica es cultura y, en este sentido, toda utilización de la ciencia y de la técnica tiene un marco regulatorio vinculado con la religión, las creencias y las ideologías. Esto permitiría entender que desarrollos como el control natal o la “píldora del día después” requieren de un sustrato cultural que los valide para ser aceptados, para no atentar contra los principios sociales.



Autonomía y libre determinación

El principio de autonomía descalifica los enfoques perfeccionistas y consagra las libertades para hacer ciertas cosas. Este principio se limita sólo por el principio de inviolabilidad y establece que la libre elección y materialización de los planes de vida o ideales de excelencia personales es algo valioso que debe promoverse sin interferencias del Estado o de otros individuos. Contra el perfeccionismo sostiene que lo que es bueno para un individuo o lo que satisface sus intereses no es independiente de sus propios deseos o de su elección de forma de vida11.

“A cada uno según sus características”, podríamos considerar como el principio aplicable en esta postura, la que, sin duda, se encuentra en mayor medida en los enfoques de género. Se trata de comprender la “diferencia” como base del entramado social, negando la posibilidad de convergencia en una igualdad objetiva e impuesta a los seres humanos: Los individuos son diferentes entre sí no precisamente a causa de sus características biológicas, sino particularmente en atención a su psiquis, a sus sensibilidades, experiencias y deseos –es decir, a su autocomposición a partir del modelo tratado–, por lo cual el Derecho Constitucional debe ser capaz de dar a cada uno el trato especial que su situación exige, lo que se traduce, en principio, en la creación y diversificación de los catálogos de derechos (de los heterosexuales, de los homosexuales, de las lesbianas, de los transexuales, etc.) y, posteriormente, en la paulatina transformación del Derecho Constitucional en cuanto a su unidad y a la característica de ser la Constitución “la ley fundamental” del Estado.

El “trato especial” en este ámbito no constituye, en realidad, una postura del ordenamiento jurídico para con las personas, aunque aparentemente así lo parezca, sino que termina siendo una postura de las personas hacia el ordenamiento jurídico, que va reemplazando poco a poco la pretensión de universalidad por la de singularidad, la generalidad del Derecho por la particularidad del caso y la concepción de sujeto de “Derecho” por la de “grupo con derechos”



¿Podemos hablar de contrato social y equilibrio reflexivo frente a la interrupción voluntaria del embarazo?

Hasta que los filósofos gobiernen como reyes o, aquellos que ahora son llamados reyes y los dirigentes o líderes, puedan filosofar debidamente, es decir, hasta tanto el poder político y el filosófico concuerden, mientras que las diferentes naturalezas busquen sólo uno solo de estos poderes exclusivamente, las ciudades no tendrán paz, ni tampoco la raza humana en general”. Platón

Los conflictos frente al aborto han existido principalmente en la época moderna frente a la tensión permanente entre la religión, la moral, la colectividad, la representación social de la mujer y la condición sociodemográfica que da contexto situacional a su presentación. Asumir una u otra postura indudablemente obedece a una concepción personal de vida, calidad de vida, dignidad humana y vida digna mas que a una mirada donde se asuma a la mujer como máquina de reproducción en un entorno capitalista o utilitarista. El argumento empleado por la Corte Constitucional de asimilar los Derechos Humanos al mismo nivel de los Derechos Sexuales y Reproductivos de la Mujer, cambia completamente el sentido interpretativo capitalista o utilitarista y le reconoce a la mujer la posibilidad primero de aceptar su cuerpo como puente o medio de felicidad a través de la expresión de su conducta sexual plena y a partir de allí considerar la opción de reproducirse como parte integral de esa satisfacción o felicidad. Es decir, el reconocimiento a la condición sensible - no solo espiritual maternal femenina – física erótica de la mujer es algo realmente importante puesto que se está aceptando que la naturaleza femenina es también una naturaleza soportada en instintos sexuales que contribuyen a la satisfacción y vida plena de las mujeres, condición que durante muchos años sólo fue aceptada a los hombres. Comprender que la salud sexual es parte del desarrollo personal integral por constituir el momento integral y sublime de la relación interpersonal, intersubjetiva, es reconocer ampliamente que la mujer no es un aparato reproductivo.

Hacia la década de los 70 John Rawls publicó la Teoría de la Justicia que soporta conceptualmente lo que se ha denominado la democracia deliberativa como una nueva concepción de la moral, la política y el derecho tomando como referencia el contrato o pacto social.

Las teorías contractuales modernas surgen en el horizonte de la ruptura de la concepción teocrática del mundo: ya no importa la articulación de la razón con la ley eterna en la que derecho natural y derecho divino se dan la mano, sino reemplazar la revelación y el fundamento religioso por la razón natural. Bajo la influencia de la perspectiva científica que está ganando terreno, los teóricos políticos modernos intentarán concebir a los seres humanos tal cual son, y de esa constitución natural va a deducirse el fundamento de todo contenido normativo. La primera maniobra metodológica consistirá entonces en diseccionar el Estado y la sociedad, descomponiéndolas en sus elementos primarios, los individuos, para recomponerlos después una vez conocidas sus leyes psicológicas. Este procedimiento va a ser inicialmente aplicado por Hobbes y luego por Locke, Rousseau y otros. Todos estos pensadores comparten el supuesto que el Estado y el gobierno no son producto de un impulso de sociabilidad presente en el ser humano o en el orden de mundo, sino más de un contrato o pacto social entre individuos más o menos autónomos.

El contrato social, entonces, es necesario para ingresar en una sociedad particular o para establecer una forma específica de gobierno; da una respuesta plausible al porqué es necesario el Estado y a qué tipo de forma debe adoptar. Se diseña una situación ideal o hipotética en la que se abstrae la realidad del poder para, partiendo de su descripción concreta, intentar justificar el libre sometimiento a un cuerpo estatal. El poder sólo es legítimo si es consentido por cada individuo. Un asunto de fundamental importancia en cualquier teoría del contrato social es explicar la motivación por la cual los seres humanos entran en él y consienten ser gobernados. La mayoría de los pensadores políticos modernos mencionados anteriormente recurren a la hipótesis de un primigenio estado de naturaleza en el cual la existencia humana es precaria o no puede realizarse plenamente. El ser humano decide pactar con los otros (o con un tercero, como plantea Hobbes) buscando la seguridad (Hobbes), la defensa de la propiedad privada (Locke), o la realización plena de su libertad (Rousseau).

Pero la misma idea de pacto social no implica necesariamente que todos serán tomados en cuenta de la misma manera, ni obtendrán los mismos beneficios. En Hobbes, por ejemplo, el contrato es producto de una serie de personas que contratan entre sí a favor de un tercero (que no es parte del contrato), al cual se otorga un irrevocable poder absoluto para que mantenga la paz y la seguridad con el uso de la espada. En Locke y en Rousseau los individuos pactan entre sí pero quien detentará el poder es una mayoría representativa o la voluntad general. En definitiva, la teoría del contrato social puede, permaneciendo en su estricta dinámica conceptual, instrumentalizarse tanto a favor de un Estado liberal democrático como a favor de un absolutismo cerrado, en dependencia de los condicionamientos históricos y de los supuestos antropológicos y sociales de los que parte el autor. Incluso en la visión más progresista, que es la de Rousseau, el contrato social se ha considerado una tendencia que puede conducir al totalitarismo.

Con Kant se produce un salto cualitativo en la concepción del contrato social. Desde la perspectiva de su filosofía trascendental, va a lograr elevarla a un plano metodológico nuevo y más seguro. En los pensadores anteriores y, sobre todo en Locke y Rousseau, el contrato es un derecho sujeto a las contingencias socio-históricas, y árbitro o medio para garantizar la libertad de cada individuo en una unión superior. Por lo tanto, estos pensadores no derivan su concepto de libertad, ni del derecho o de la voluntad general, de las contingencias de la realidad empírica.

Kant resuelve este problema al hacer del contrato una norma de la razón práctica. Su concepto del contrato social es una idea regulativa, un enunciado normativo que no necesita ser deducido desde una situación ideal o del interés propio de cada persona, o cualquier otro tipo de enunciados descriptivos: Es una mera idea de la razón, pero tiene su indudable realidad práctica: precisamente, vincular a todo legislador; que dicte sus leyes como si éstas hubieran podido nacer de la voluntad unitaria de todo un pueblo, y contemple a cada súbdito, en la medida en que desee ser ciudadano, como si hubiera consentido en tal voluntad. Es entonces una pura idea la razón práctica a priori, abstraída de todo contenido empírico. Desde esta perspectiva, que ensambla perfectamente en el sistema moral kantiano, la libertad, entendida ahora como una ley de la razón práctica, exige una autoridad concertada para ordenar la arbitrariedad individual.

Es preciso el reconocimiento mutuo de los hombres y las mujeres como sujetos de derecho; de ahí que la sanción que comporta la norma jurídica sólo puede ser legítima si está determinada por una ley estrictamente general que abarque a todas y todos. La libertad, en comunidad con otros, sólo puede entenderse como condición de la libertad de los demás, que es la que define sus límites. Kant, entonces, ofrece una manera de reconstruir, aunque de una manera diferente, el vínculo entre la ética, la política y el derecho, presente en la visión clásica y ausente en los inicios de la teoría política moderna. Kant parte del intento de generalizar la dignidad moral de toda persona, preservándola e integrándola a la vez en un cuerpo político. El imperativo categórico, base de su sistema ético, se convierte en el instrumento que asegura el respeto a toda persona como fin en sí misma, pues a través de sus máximas puede ejercer su autonomía como legislador de un reino de fines. El derecho absorbe, en el marco de la legislación externa, este precepto de formulación de máximas objetivas.

La teoría del contrato social supone un intento por ofrecer una respuesta y plantear a un nuevo nivel la cuestión de la legitimación del poder del Estado desde una perspectiva filosófica. Este es el punto de todas las teorías contractualistas desde Hobbes. Para muchos críticos del contractualismo clásico, esta corriente de pensamiento estaba condenada a fracasar en su intento porque en su análisis de la sociedad moderna asume el modelo de funcionamiento de la sociedad de mercado, al tiempo que permanecía ciega ante los antagonismos de clase que inevitablemente había de generar la aplicación de este modelo. Por tal razón, esta corriente era incapaz de fundamentar una teoría de la obligación política sobre otra base que no fuera la persecución del interés económico por parte de los individuos, y sólo podía regir en rigor para las clases socialmente dominantes.

Rawls propone una nueva teoría de la justicia llevando a un nivel superior de abstracción el contrato social, siguiendo el legado de Kant. Para lograrlo no piensa en el contrato social como aquél que es necesario para ingresar a una sociedad particular o para establecer una forma particular de gobierno, sino más bien como aquél que busca lograr un acuerdo sobre los principios de justicia que actualmente deben regir una sociedad.

En función de su teoría de la justicia, John Rawls define la sociedad como una “asociación más o menos autosuficiente de personas que en sus relaciones reconocen ciertas reglas de conducta como obligatorias y que en su mayoría actúan de acuerdo con ellas.”12 Supone, además, que estas reglas especifican un sistema de cooperación planeado para promover el bien de aquellos que toman parte en él, ya que, aun cuando la sociedad es una empresa cooperativa para obtener ventajas comunes, se caracteriza típicamente tanto por un conflicto como por una identidad de intereses.

Se requiere, entonces, de principios para escoger entre las diferentes disposiciones sociales que determinan esta división de ventajas y para suscribir un convenio sobre las participaciones distributivas correctas. Estos principios son los de la justicia social: proporcionan un modo de asignar derechos y deberes en las instituciones básicas de la sociedad y definen la distribución apropiada de los beneficios y las cargas de la cooperación social. Para Rawls, el objeto primario de la justicia es la estructura básica de la sociedad o, más exactamente, el modo en que las grandes instituciones sociales distribuyen los derechos y deberes fundamentales y determinan la división de las ventajas provenientes de la cooperación social. El contrato social serviría para escoger los principios de la justicia para la estructura básica de la sociedad. Son los principios que las personas libres y racionales interesadas en promover sus propios intereses aceptarían, en una posición original de igualdad, como definitorios de los términos fundamentales de su asociación. Estos principios han de regular todos los acuerdos posteriores; especifican los tipos de cooperación social que se pueden llevar a cabo y las formas de gobierno que pueden establecerse.

Rawls argumenta que el mérito de la terminología contractual es que transmite la idea de que se pueden concebir los principios de justicia como principios que serían escogidos por personas racionales, así como que las concepciones de la justicia se pueden explicar y justificar de esa manera. Los principios de la justicia se ocupan de las pretensiones en conflicto con las ventajas obtenidas por la cooperación social; se aplican a las relaciones entre varias personas o grupos..

La palabra “contrato” sugiere tanto esta pluralidad como la condición de que la división correcta de las ventajas tiene que hacerse conforme a principios aceptables por todas las partes. La fraseología contractual connota también el carácter público que es condición de los principios de la justicia. De este modo, si estos principios son el resultado de un acuerdo, los ciudadanos conocerán los principios observados por los demás. Es característico de las teorías contractuales subrayar la naturaleza pública de los principios políticos. En definitiva, la teoría de justicia social que defiende Rawls tiene que ver con la defensa de la prioridad de la libertad por sobre todo lo demás y con la adopción de una idea de igualdad que permite las desigualdades económicas y sociales, toda vez que esto redunde en el mayor beneficio de los menos aventajados – entre ellos a las mujeres, y en donde existe una justa igualdad de oportunidades en el acceso a los cargos y funciones sociales. Aunque la teoría de Rawls está explícitamente concebida para los países altamente desarrollados, las bases teóricas de su concepción pueden arrojar mucha luz para entender y fundamentar conceptualmente los procesos de concertación social y política en los países en desarrollo, particularmente las decisiones y definiciones de la Corte Constitucional en relación con la interrupción voluntaria del embarazo como parte determinante de los derechos de la mujer colombiana.



1 Gaitán P. J. La racionalidad jurídica en la discusión bioética. Orientaciones Universitarias No. 35. Bioetica y Universidad. Publicación Periódica Rectoría Universidad Javeriana 2004

2 Autores Varios. La Salud desde la Universidad. Universidad Nacional de Colombia Red Salud. Memorias Foro Permanente en Salud. ISBN 958-701-004-3

3 Diaz E. Calidad de Vida o el alcanzar lo bueno, lo bello y lo justo. Orientaciones Universitarias No. 35. Publicaciones Rectoría Universidad Javeriana 2004 91-105

4 Lolas F. El diálogo moral en las ciencias de la vida. Colección Bioética

5 Ibíd. P. 139.

6 Ferrer, José Jorge. Historia y Fundamentos de los comités de ética. En: Comités de Bioética. Dilemas éticos de la medicina actual-16. Comillas. Madrid 2003. p. 32

7 Graciela Hierro.La etica del placer. Diversa 16 UNAM/ Programa Universitario de Estudios de Género

8 Artuz Manuel Antonio, Restrepo Humberto. El aborto inducido. Una visión histórica de su manejo. Universidad del Valle, Cali Colombia.Colom. Med.2002;33:65-31

9 Valdebenito C, Lama A, Lolas F. Relación mujer y biotecnología: aproximación al impacto de la bioética. Acta Bioética 2006:12 (2) 145-150

10 Vivanco A. La aplicación del concepto de autopoiesis en los estudios de género: el derecho a autocomponerse del sujeto en referencia a su identidad sexual. Acta Bioética 2006; 12 (2)

11 Rodolfo Vázquez. LA NOCIÓN DE PERSONA Y EL PROBLEMA MORAL DEL ABORTO. ESTUDIOS Filosofía-Historia-Letras Otoño 1988


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