1 Gemma Nicolás Lazo



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El trabajo sexual como opción laboral de las mujeres inmigrantes

La industria del sexo: un negocio mundializado

A lo largo de la historia, multitud de factores políticos, económicos y sociales han provocado que el comercio sexual se convirtiese en un fenómeno internacional como consecuencia del capitalismo, del colonialismo y de la hegemonía masculina. En la actualidad la industria del sexo ha adquirido una dimensión mundial y una extraordinaria capacidad de generar ingresos16. Este negocio se encuentra estrechamente interrelacionado con otras grandes industrias e infraestructuras, como es la turística, con la que existen enlaces internacionales en los que están implicados compañías de transporte aéreo, agencias de turismo y compañías hoteleras17.

Son muchas las trabajadoras del sexo que dejan sus lugares de origen del llamado “tercer mundo” y acuden a las grandes ciudades o a los países ricos del norte. Son muchos, también, los ciudadanos del norte que acuden a lugares turísticos del sur para comprar servicios sexuales. Los negocios se diversifican y se trasladan a mercados transnacionales dentro de la lógica del capitalismo globalizado y aumenta la búsqueda, en el mercado, de satisfacciones a los deseos.

En el fenómeno del trabajo sexual de la actualidad se entrecruzan las relaciones norte y sur en el marco de la economía capitalista globalizada, así como las relaciones de clase y las de género (Osborne, 2004: 18). Los efectos de la globalización económica que fueron antes descritos también afectan al trabajo sexual. Las consecuencias de dicho fenómeno, como el traslado de secciones de multinacionales de los centros industriales del norte a las zonas francas del “tercer mundo”, las políticas de trabajo flexible, las migraciones del campo a las ciudades en los países del sur, la pobreza, el trabajo bajo condiciones infrahumanas y el desempleo son factores que han favorecido al carácter global de la industria del sexo (Kempadoo, 1998: 16). Un Informe del Parlamento Europeo de 2004 sobre la industria del sexo apuntó también algunos de estos factores (Parlamento Europeo, 2004).

Por ejemplo, la transición del socialismo a las economías de mercado en los países del este de Europa o las políticas macroeconómicas neoliberales de los gobiernos del sudeste asiático, han provocado desempleo y subempleo, condiciones precarias y duras de vida sin ninguna cobertura social por parte del Estado. Todo ello ha conducido a un aumento de la industria del sexo en esas áreas geográficas.

Según el citado informe del Parlamento Europeo, esta industria mueve de entre 5.000 a 7.000 millones de dólares estadounidenses cada año, cantidad que supera el gasto militar mundial, e implica un movimiento geográfico de 4 millones de personas18 (Parlamento Europeo, 2004).

En un sentido distinto, los ingresos producidos por la industria del sexo son también fundamentales para la subsistencia de millones de personas y de sus familias que trabajan en el sector o en otros relacionados. En algunos países del sur, cuya subsistencia depende cada vez más de intereses económicos globales, el trabajo sexual supone un ingreso muy importante. Este es el caso, por ejemplo, de Cuba o de los países del sudeste asiático19 (OIT, 1998). Según un informe de la OIT (The Sex Sector: The economic and social bases of prostitution in Southeast Asia (1998), editado por Lin Lean Lim, Génova: OIT), la industria del sexo alcanza el 14% del PIB (Producto Interior Bruto) de Indonesia, Malasia y Tailandia20 (Lean, 2004: 62).

Concepto de trabajo sexual

En las sociedades actuales, el trabajo es el elemento que da valor y otorga derechos a una persona. Un ciudadano o ciudadana tienen derechos en tanto y en cuanto es trabajador o trabajadora. Por este motivo, considero necesario partir de la concepción de la prostitución como trabajo, como trabajo del sexo. Si negamos a las trabajadoras del sexo su condición de trabajadoras, les estaremos impidiendo la posibilidad de ser personas consideradas socialmente y sujetos de derechos21 (Juliano, 2004 bis: 47).

Así, por tanto, sólo huyendo de las tradicionales concepciones de la prostitución que tendían a la criminalización o a la victimización y elaborando un marco teórico que reconozca la actividad de las trabajadoras del sexo como laboral podrá salir este fenómeno y sus protagonistas de los márgenes de la exclusión. El reconocimiento de la prostitución como trabajo y de las prostitutas como trabajadoras sexuales permite reivindicar la protección de sus Derechos Humanos con los instrumentos que existen en la actualidad22.

Resulta útil, pues, dedicar el inicio de este apartado para precisar qué se entiende por “trabajo sexual”. La definición más utilizada es la de Jo Bindman (1997). “Trabajo sexual” es toda:

“Negociación y ejercicio de servicios sexuales remunerados:


  1. con o sin la intervención de una tercera persona,

  2. cuando tales servicios son publicitados o reconocidos de forma general como disponibles en un lugar específico (un “mercado”),

  3. cuando el precio de los servicios refleja las presiones de la oferta y la demanda”.

Una vez definido el concepto, en abstracto, se hace imprescindible contextualizar el trabajo sexual en sus diversas situaciones y realidades. Como dice Juliano (2004: 162), el trabajo sexual no se ejerce en un mundo abstracto, no es un fenómeno aislado y evaluable por sí mismo. La autora propone tratarlo como “un hecho social total”, concepto “maussiano”, para entenderlo globalmente teniendo en cuenta todos los factores que pueden interactuar. Sólo así, puede comprenderse como una opción más entre otras opciones posibles o como una estrategia para sobrevivir o, incluso, para autoafirmarse.

Juliano propone tres ámbitos en los que la contextualización se hace imprescindible; el campo laboral, el campo de la sexualidad y el campo de las estructuras de género (Juliano, 2004: 162-70). Este ejercicio de contextualización permite aceptar como lógicas opciones muy diferentes teniendo en cuenta a las mujeres como agentes activas de sus decisiones, recoloca el debate en el plano de la racionalidad de las elecciones según su contexto de origen (no respecto a los resultados que se obtengan en el futuro) y nos provee de la pauta para identificar situaciones de abuso que han de considerarse delictivas (Juliano, 2004: 170).

En definitiva, con la contextualización se evita la realización de afirmaciones europocéntricas de clase media y de carácter universalizador. La perspectiva que deberíamos mantener en este campo debería ser el relativismo crítico.

En este ejercicio de contextualización deberíamos preguntarnos, ¿y quiénes se dedican al trabajo sexual?



El trabajo sexual en el contexto del mercado laboral

Sólo un pequeño porcentaje de las mujeres que llegan a Europa de otros lugares del mundo trabajan en la industria del sexo, aunque a medida que aumentan las restricciones de entrada y de integración laboral y social, su número tiende a aumentar (Juliano, 2003: 193). La tasa de mujeres inmigrantes en el sector de la industria del sexo es muy elevada, de entre el 70% y el 90% (según las fuentes). Muchas de ellas están en situación irregular según la legislación de extranjería, entre el 80% y 90% de las inmigrantes (Holgado, 2001).

Las mujeres trabajadoras sexuales inmigrantes son con carácter general, y sin pretender ahondar en los estereotipos existentes al respecto, “mujeres jóvenes de clases bajas, pobres, con escaso nivel de instrucción, procedentes de áreas marginales y con poca capacitación laboral, apoyo familiar o formación política y de género” (Juliano, 2004: 161).

Si iniciamos el ejercicio de contextualización que apuntábamos más arriba respecto al ámbito laboral, donde reside principalmente el interés para este artículo23, hemos de valorar cuáles son las opciones laborales reales de que disponen las mujeres inmigrantes con una determinada edad, con un concreto nivel de formación, de un grupo étnico específico en un lugar como es el Estado español.

Si el mercado de trabajo se clasificase en tres estratos respecto a la calidad de los trabajos que ofrecen –trabajos bien remunerados, estables y con cobertura legal; temporales, salarios bajos e indefensión legal; y en economía sumergida- los huecos laborales que se destinan a las mujeres serían los dos últimos (Juliano: 2004: 186).

Las posibilidades laborales que ofrece el mercado laboral a las mujeres inmigrantes en occidente son precarios, mal pagados, de baja calificación, en la economía sumergida, etc. El servicio doméstico como internas o por horas, el cuidado de criaturas, de personas ancianas o enfermas, el trabajo en el campo en invernaderos o en recogida de frutas, la confección, la hostelería, la limpieza de oficinas (Juliano, 2004: 127), o el matrimonio son los trabajos a los que las mujeres inmigrantes pueden acceder en el Estado español, casi con total independencia de su nivel formativo. Si su situación legal en el país de acogida es irregular24, las opciones laborales se restringen y se precarizan todavía más. En este contexto, el trabajo sexual a tiempo completo, o parcial, u ocasional, puede ser simplemente como una opción más.

Agustín (2003: 37) propone no pensar que haya una línea de división entre el servicio doméstico y el servicio sexual. Existe una estrecha relación entre ambos trabajos, ya que se realizan en su mayor medida en la economía sumergida, son precarios, no requieren calificación formal y los suelen realizar las personas con condiciones económicas o sociales más desfavorables. Muchas son las mujeres que combinan ambos trabajos para salir adelante, o los alternan, o sólo recurren al trabajo sexual de forma ocasional cuando necesitan algún ingreso extra. Para muchas mujeres que trabajan en la industria del sexo a tiempo completo sólo habría otra opción laboral en el caso en que quisieran cambiar de profesión, el servicio doméstico. Muchas no lo quieren porque supone trabajar más horas, sin libertad y ganando muchísimo menos dinero. Para muchas es mucho más indigno y humillante trabajar de interna en un hogar de clase alta cuidando a una familia que no es la propia y limpiando suciedad producida por otros/as que intercambiar servicios sexuales por dinero.

Resulta sorprendente percatarse de cómo para el imaginario colectivo autóctono, muchos trabajos que ofrece el mercado laboral flexibilizado se consideran indignos para los nacionales pero idóneos y generosos para los extranjeros (Juliano, 2004: 195). Esto sucede en los sectores laborales en los que se ocupan principalmente las mujeres inmigrantes y a los que acabo de hacer referencia.

¿Es realmente la prostitución la peor de las opciones laborales posibles o es una alternativa más para tener en cuenta? Si consideramos el tiempo utilizado o invertido, el esfuerzo necesario, los riesgos que implica, las capacidades requeridas, los resultados económicos y la valoración social del trabajo sexual en relación a otros trabajos25 que podrían ocupar las mujeres inmigrantes, la respuesta puede ser, para algunas de ellas, negativa.

Según Juliano (2004: 160), la prostitución es utilizada por muchas mujeres como una “actividad refugio”, es decir, como una actividad a la que se suele recurrir para solucionar problemas diferentes; necesidades económicas, rechazo familiar, necesidad de flexibilidad en los horarios, etc. Para muchas mujeres es más un “recurso funcional” que un problema en sí mismo.

Una actividad refugio que puede ser utilizada como una plataforma para mejorar sus condiciones económicas y las de sus familias. Estas mujeres son frecuentemente el único apoyo de sus familiares. Muchas de ellas tienen hijas/os y son las principales fuentes de recursos de sus familias. El sentimiento de responsabilidad maternal es uno de los factores más importantes que favorecen que las mujeres migren y escojan trabajar en la industria del sexo. Además, a menudo es la vía más rápida para saldar la deuda con las organizaciones que controlan las fronteras que les prestaron sus servicios para poder entrar en la Europa “fortaleza”.

Se podría afirmar que las mujeres eligen el trabajo sexual por los mismos motivos por los que deciden emigrar. En general suelen ser las necesidades económicas para mantenerse ellas y sus familias (muchas veces sus hijas e hijos están en sus lugares de origen) las que condicionan la decisión ante la falta de alternativas laborales rentables (Juliano, 2004: 200).

Parece que numerosas mujeres dominicanas y subsaharianas vienen con la intención de trabajar en el servicio doméstico o en trabajos manuales relacionados como lavar ropa o planchar. Sin embargo, las sociedades de acogida están muy mecanizadas y el mercado laboral no demanda tanto estos servicios. Ante las necesidades de sobrevivir en la ciudad recién conocida, de ganar dinero para enviar a sus familias y de saldar la deuda del viaje, si es que la tienen, inician su incursión en la industria del sexo (Juliano, 2004: 200).

Una investigación empírica sobre las trabajadoras sexuales magrebís en el barrio del Raval en Barcelona concluye que las trabajadoras sexuales que emigran lo hacen con el mismo objetivo que sus compatriotas masculinos (Carmona, 2000). Todas y todos ellos quieren mejorar su situación económica, conseguir mejores condiciones vitales y apostar por un proyecto de futuro.

La valoración del trabajo sexual que realizan las mujeres que se dedican es muy heterogénea y depende siempre de la persona. Algunas se sienten avergonzadas de su actividad y pueden sufrir por ello, pero otras lo viven con normalidad y sin el pudor característico de la sociedad de acogida. Muchas lo perciben como una actividad honrada, mucho más digna que la mendicidad (Juliano, 2004: 200) o que los pequeños delitos como los hurtos.

El trabajo sexual es el peor visto pero el mejor pagado de los trabajos precarios26 a los que pueden acceder muchas mujeres migrantes. Es paradójico que casi todas las energías sociales se dirijan a apartarlas (salvarlas en su discurso) de la opción más rentable de las que tienen a su alcance (Juliano, 2004: 128). ¿Por qué esas mismas personas no luchan por la mejora de las opciones laborales de las mujeres en lugar de querer modificar las decisiones autónomas de las trabajadoras sexuales? La mayoría de los discursos de salvación de las mujeres trabajadoras del sexo no incorporan elementos de análisis estructurales respecto al sistema económico global, a la pobreza del sur, a la precariedad del mercado laboral, etc. Simplemente visualizan la prostitución como en abstracto, sin, como proponía Juliano, contextualizarla en toda una estructura social, económica y de género.

El trabajo sexual puede tener algunas ventajas laborales para algunas mujeres. Es un trabajo que se caracteriza por su flexibilidad. Se puede trabajar a tiempo completo, a tiempo parcial u ocasionalmente. En muchos casos es un segundo trabajo del que obtener un sobresueldo. En el caso del trabajo en la calle, se puede conseguir dinero rápidamente, se puede elegir el lugar de trabajo, las condiciones, los horarios. Tampoco requiere formación formal. Son, en definitiva, las ventajas del sector informal de la economía. En sentido distinto, para algunas mujeres, un físico diferente al europeo puede ser también una ventaja en el mercado ya que muchos considerarán sus fenotipos como exóticos (Agustín, 2003: 35).

En Barcelona, las trabajadoras sexuales no tienen especiales problemas económicos o sanitarios (Juliano, 2004: 153). En general, tienen ingresos superiores al salario mínimo, que por otro lado es ridículo, y no es un colectivo especialmente afectado por problemas de salud. Son muy conscientes de los riesgos sanitarios de su actividad (ETS y Sida), como riesgos laborales, y toman medidas en consecuencia.

Sin embargo, negar las desventajas laborales del trabajo sexual supondría dar una visión demasiado sesgada y optimista de una realidad compleja donde muchos Derechos Humanos son vulnerados. Aunque el sector del sexo no es el único donde se vulneran Derechos Humanos, sí que sus trabajadoras son más vulnerables a tales violaciones por la discriminación sistemática que sufren y por estar excluidas de algunas prestaciones sociales.

Esta discriminación proviene del carácter clandestino del trabajo sexual y del estigma que sufren sus trabajadoras. La clandestinidad (o ilegalidad, según se mire) provoca que no existan protecciones laborales, no hay contrato, no hay prestaciones de la seguridad social, no hay sindicatos para exigir los derechos, etc. Tampoco reciben protección policial si son agredidas, robadas, violadas o coaccionadas27. Los empresarios de los locales de alterne pueden imponer, y lo hacen en muchos casos, condiciones de trabajo abusivas (horarios muy largos, no días de descanso excepto cuatro días del período menstrual, bajas ganancias, no derecho a rechazar a un cliente, etc.), al no existir ninguna regulación que proteja sus derechos laborales. En definitiva, mayor vulnerabilidad ante agresiones, explotaciones y abusos de todo tipo.

Respecto a la salud, el Informe de TAMPEP (Proyecto Transnacional de Prevención del Sida/ETS entre Prostitutas Migrantes en Europa) (Brussa, 2004: 203) advierte que la ilegalidad del trabajo sexual y la clandestinidad a la que están obligadas las trabajadoras del sexo en la mayoría de países europeos hacen que las mujeres tengan menos control sobre sus condiciones de vida y menos agencia para controlar sanitaria e higiénicamente los servicios que ofrecen.

En otro sentido, la trabajadora experimenta un proceso de aprendizaje cuando empieza a trabajar, esto hace que al principio no haya desarrollado las estrategias y las habilidades para escapar de conflictos y de agresiones (Agustín, 2003: 36). Al comenzar con esta actividad están más expuestas a robos, golpes y violaciones, a controversias con otras compañeras, a enfrentamientos con la policía, etcétera.

Finalmente, otra desventaja es la dificultad de mantener estable el estado emocional dadas, por un lado, la fuerza que tiene el estigma de “puta” socialmente y lo arraigado que puede llegar a estar en el imaginario de la propia trabajadora (algunas se sienten culpables, se avergüenzan ante ellas mismas o sus familias, etc.) y, por otro, por las condiciones duras y a veces marginales en que puede realizarse este trabajo.

Es necesario advertir aquí que se han de evitar algunos prejuicios respecto a las trabajadoras sexuales inmigrantes. Se suele identificar a la “prostituta migrante” con el trabajo de la calle, pero esto no es así. De hecho hay estudios empíricos que afirman que la prostitución de calle es tan sólo una cuarta parte de la total. Las mujeres migrantes se encuentran en todos los niveles de la industria del sexo. Otro estereotipo es pensar que sólo hay dos posibilidades, o la trabajadora libre o la persona semi-esclavizada. Suelen existir multitud de situaciones muy variadas entre estos dos extremos (Agustín, 2003: 34) como más adelante intentaré esclarecer.



Breve referencia al marco legal

En el Estado español la prostitución no está oficialmente legalizada ni ilegalizada. Forma parte del llamado sistema abolicionista desde un Decreto franquista de 1956. Esto supone que no existe intervención del Estado en la actividad cuando ésta es voluntaria, tan sólo cuando hay proxenetismo, delito que ha vuelto a estar tipificado en el Código Penal (art. 188.128) desde una reforma del 2003.

Sin embargo, sí que existe una regulación de facto29 en algunos aspectos que en ningún caso está dirigida a garantizar los Derechos Humanos de las trabajadoras sexuales. En primer lugar, algunas Comunidades Autónomas han dictado normas que regulan los locales de alterne. Catalunya dictó un Decret30 en el 2002 estableciendo algunas normas de higiene, de infraestructuras, etc. de los mencionados locales. El Ajuntament de Barcelona también ha promulgado una norma, en este caso, una Ordenança Municipal del 200331 que desarrolla el Decret de la Generalitat para regular los locales de alterne de la ciudad.

En segundo lugar, existe una regulación, cercana a la criminalización, de las zonas32 de la ciudad donde se tolera o se persigue el trabajo de las prostitutas, especialmente me refiero al de la calle. Son las presiones vecinales, los intereses comerciales, económicos y turísticos los que determinan en qué zonas se permite el ejercicio y en qué zonas no. La zonificación se lleva a cabo mediante tres mecanismos, todos ellos policiales. En primer lugar, la mera presencia de patrullas policiales inhibe a los clientes acercarse a esa zona y se provoca, así, el desplazamiento de las trabajadoras. En segundo lugar, con la actuación de la Policía Nacional en los controles sobre extranjería a las mujeres que están trabajando donde no conviene. Se les pide la documentación, se les interna en el Centro de Internamiento para Extranjeros de la Verneda y se las expulsa. Y, finalmente, en el caso de la ciudad de Barcelona, mediante la denuncia de la Guardia Urbana por algo tan curioso y ambiguo como el “uso abusivo del espacio público más prostitución” en virtud de una Ordenança municipal sobre uso de las vías y los espacios públicos de Barcelona de 199833.

Al no reconocerse la prostitución como una actividad laboral, la obtención de permiso de trabajo deviene imposible para las mujeres trabajadoras sexuales que permanecen en situaciones de irregularidad por mucho tiempo. Estas mujeres no pueden dejar de estar bajo esta situación ilegal porque su actividad no está reconocida como trabajo. Esto causa un círculo vicioso que incrementa su vulnerabilidad y su precariedad, hecho que genera estrés y nerviosismo, ya que siempre existirá el riesgo de ser internada y quizá expulsada.

Y es que las trabajadoras del sexo inmigrantes viven bajo un riesgo permanente de expulsión. El trabajo en la calle las hace mucho más visibles ante la Policía, utilizándose, como ya se ha explicado, la cuestión de extranjería como justificación para su acoso y dispersión. En un sentido similar, la propia Ley de Extranjería en su artículo 54 establece que cualquier actividad en contra del orden público es una falta grave que es sancionada con la expulsión. Esta expresión tan tramposa posibilita que trabajar en la industria del sexo sea castigado con la mayor sanción de la Ley, la expulsión.

Si pensamos en posibilidades futuras que mejoren esta realidad, además de reconocer el trabajo sexual como actividad laboral, Juliano (2004: 211) y otros muchos autores, propone otorgar el permiso de trabajo por la mera residencia, ya que la fijación de cupos, como se hace actualmente para otras áreas económicas, es algo más complejo en este sector y podría favorecer el proxenetismo.

La deconstrucción de los discursos sobre “tráfico de mujeres”

La campaña en contra del “tráfico de mujeres” ha alcanzado una relevancia mundial, sobre todo entre feministas de Europa y de Estados Unidos, en las dos últimas décadas. Sin embargo, las preocupaciones modernas respecto a la prostitución y al “tráfico de mujeres” tienen un precedente histórico en las campañas contra la trata de blancas que tuvieron lugar a finales del siglo XIX. Mientras que las preocupaciones actuales se focalizan en la explotación de las mujeres del llamado “tercer mundo” por parte de los hombres occidentales y por sus compatriotas, la inquietud del siglo XIX aparecía ante la abducción de mujeres europeas para ejercer la prostitución en Sudamérica, África u Oriente por hombres no occidentales.

Pese a la existencia de alguna diferencia, por ejemplo que en la actualidad la sociedad que se ve como degradada es la de origen y no la de acogida, puede constatarse que la retórica de ambas campañas suenan de una manera similar. Entonces como ahora, la imagen paradigmática de la mujer traficada es aquella joven inocente que ha sido engañada por traficantes malvados y a la que han obligado a entrar en una vida de sórdido horror de la cual escapar es casi imposible. Sin embargo, esta descripción no es ajustada a la realidad.

Por este motivo, hay autoras, como Doezema (2000), que afirman que los discursos y las narraciones sobre el “tráfico de mujeres”, como la antigua versión de la “trata de blancas”, funcionan como mitos culturales. Y los mitos culturales construyen concepciones concretas sobre el fenómeno migratorio que simplifica extraordinariamente la realidad (si es que la realidad existe). Ambos mitos son construcciones culturales que corresponden a profundos miedos e incertidumbres sobre la identidad nacional, la creciente autonomía de las mujeres, los extranjeros y la gente del “tercer mundo” de cada época.

En el siglo XIX, el mito de la “trata de blancas” empezó a circular en el momento en que las mujeres empezaron a emigrar en gran número hacia, sobre todo, América (Argentina y Estados Unidos principalmente). Sus discursos fueron monopolizados por reformadores sociales puritanos e hicieron alianzas con moralistas represivos y religiosos. La prostituta fue construida como víctima, como una “esclava blanca”. La “inocencia” de la víctima se estableció a través de varios recursos retóricos: resaltando su juventud o virginidad, su piel blanca, su rechazo a ser prostituta, etc. Así, por un lado, se resaltaba la debilidad y la pasividad femenina y, por el otro, la imagen de la “esclava blanca” encajaba a la perfección en las concepciones racistas de los americanos y de los europeos, salvaba “el honor nacional, la moral puritana y el orgullo racial” (Juliano, 2002 bis: 125). Una mujer blanca sólo podía someterse al comercio sexual con hombres extranjeros no blancos bajo coerción.

Al afirmar que el “tráfico de mujeres” es un mito, no niego que hay mujeres que son engañadas cuando viajan para trabajar en la industria del sexo en occidente o que existan disonancias entre sus expectativas y la realidad laboral que después se encuentran. Por el contrario, se dan numerosos casos, en mayor o menor medida, de explotación laboral, de condiciones de trabajo que no respetan los derechos de las trabajadoras, e incluso de violencia y de trabajo bajo condiciones muy parecidas a la esclavitud. Sin embargo, la realidad es muchísimo más variada de lo que los conceptos “tráfico” o “trata” describen.

Las situaciones en que las mujeres se encuentran están muchas veces llenas de ambigüedad. La explotación no está ausente, como no lo está de casi ninguna actividad laboral humana en el sistema capitalista globalizado, pero la mayoría de las mujeres han decidido autónomamente dedicarse al trabajo sexual, al que consideran un ámbito laboral legítimo y fuente de independencia económica y, por tanto, de autoestima (Juliano, 2004: 152).

En 1996, un informe que llevaron a cabo la Global Alliance Against Trafficking in Women (GAATW, en Tailandia) y la Foundation Against Trafficking in Women (en Países Bajos) a petición de la Reportera Especial para Naciones Unidas sobre la Violencia Contra la Mujer afirmó que la mayoría de los casos de tráfico involucraban mujeres que sí conocían que iban a trabajar en la industria del sexo, pero que eran engañadas respecto a las condiciones en las que trabajarían. También concluía este Informe que la abducción con el objetivo de traficar en la industria del sexo es muy rara (Doezema, 1998: 44; 2000: 26).

Por tanto, la dicotomía “voluntaria” – “forzada” no representa la totalidad de situaciones, variadas, ambiguas y complejas (Agustín, 2003: 150). Y es que ante la intolerancia de los países occidentales con las necesidades de estas mujeres y con el deseo de dejar sus países y las dificultades que ello genera para su proyecto migratorio, algunas mujeres aceptan los servicios que les ofrecen agentes intermediarios. Estos agentes, pertenecientes a un nuevo sector económico sumergido en auge, pueden ser desde familiares y amigos, pasando por nuevos conocidos o empresarios, hasta redes mafiosas criminales. En el imaginario colectivo influido por lo que llama Azize (2004: 168) el “enfoque trafiquista”, cualquier tipo de apoyo para el viaje se le atribuye iguales niveles de violencia y engaño considerándose trata (Juliano, 2004: 195). Como vemos, la realidad es mucho más heterogénea.

Los servicios de estos intermediarios (documentos falsos, viajes a través de la frontera, contactos e información en el país de destino, etc.) suelen costar altas sumas de dinero y si la mujer que migra no lo tiene, tendrá que endeudarse si quiere proseguir su proyecto migratorio. Los préstamos son comunes en los proyectos migratorios34 (Agustín, 2003: 49).

Muchas mujeres trabajadoras sexuales no se describen como “forzadas” ni sin otra opción en la vida. Tendrán menos opciones que otras personas, pero siempre tienen algunas. Siempre hay una elección posible, aunque esté condicionada por constricciones económicas, de género, clase, etnia y por la situación social y política de su lugar de origen (guerra, dictadura, crisis, guerrillas, etc.) (Agustín, 2003: 26).

De esta manera, los discursos sobre el “tráfico de mujeres” son un mito porque sus narraciones excluyen cualquier tipo de autonomía de las mujeres35. La desposesión de la capacidad de actuar, decidir o evaluar por sí mismas es lo más definitorio de la condición de exclusión social que estos mitos tenderían a reproducir (Juliano, 2003: 29). Las mujeres del “tercer mundo” son descritas por estos discursos como pobres, inocentes y sin poder, incapaces de actuar como sujetos activos en sus propias vidas o de tomar una decisión de trabajar en la industria del sexo sin ser coartadas36. Analizadas de esta manera, las migraciones femeninas son vistas exclusivamente en términos negativos, como una escapada desesperada de condiciones intolerables sin capacidad de tomar de forma reflexiva una decisión autónoma.

¿Por qué el pensamiento tradicional paternalista considera a las mujeres migrantes como víctimas forzadas y coaccionadas? ¿Por qué no se les reconoce la misma capacidad de decisión o de agencia que a sus compatriotas? ¿Por qué se ven a las mujeres como menores?

Por el contrario, considero que las mujeres, trabajadoras sexuales u otras, tienen el derecho a emigrar y tienen el derecho a buscar mejores condiciones vitales allí donde quieran. Las mujeres tenemos la agencia suficiente y el poder para tomar decisiones y para llevarlas exitosamente a cabo, incluso si es trabajando en la industria del sexo en los llamados “países ricos”.

La mayoría de las mujeres inmigrantes no confían en el sistema policial del lugar donde viven. Algunas veces, no entienden la lengua local; otras, no conocen las leyes y la policía es vista como un enemigo que puede descubrir su situación de ilegalidad y expulsarlas. El miedo a la expulsión es tan colosal que prefieren casi las nefastas condiciones bajo las que pueden estar trabajando que volver a su país de origen. Además, tienen miedo de las posibles represalias de las mafias. Parece que muchas opinan que no oponer una resistencia abierta es mucho más inteligente.

Existe un artículo en la Ley de Extranjería, el 59, que permite a las trabajadoras sexuales que están sometidas a mafias obtener el permiso de residencia y de trabajo si las denuncian. Esta protección a las mujeres migrantes trabajadoras del sexo se otorga si, como dice Mestre (2004: 258) renuncian a su autonomía dos veces, respecto a la entrada en el Estado español o Europa, y respecto a su trabajo en la industria del sexo, y lo hacen de forma pública, vía denuncia.

Se encuentran opiniones muy diversas respecto al funcionamiento de este artículo. En algunos casos no se aplica porque la mujer no lo sabe y no lo solicita, porque el Ministerio Fiscal no inicia el trámite o porque las instituciones no encuentran a la mujer tras la finalización del proceso penal. También, aparecen problemas respecto a la atención jurídica, económica, de alojamiento y psicológica de la mujer. El artículo no dice nada y el programa de protección de testigos no tiene en cuenta la especificidad de la situación de estas mujeres. En cualquier caso, parece que la asistencia de un/a abogada/o que gestione la obtención de los permisos y evite estas disfunciones del sistema judicial se hace imprescindible.

Para Juliano (2004: 192), cuando se desarticula una red mafiosa, conocida periodísticamente como una “trata”, las mujeres terminan siendo más castigadas con la expulsión que sus presuntos explotadores. Pareciera, entonces, que no se aplica demasiado este art. 59. Mestre37 constató que en cuatro años tan sólo se habían otorgado permisos de residencia y de trabajo a 48 mujeres.



Así, para concluir, considero que las retóricas sobre el “tráfico de mujeres” deberían ser reemplazadas por un discurso de los Derechos Humanos, que subrayase el papel de las leyes que prohíben o regulan la prostitución y las migraciones como provocadoras de situaciones opresivas y discriminatorias para las mujeres. Reducir el problema a estrategias de engaño y coacción es una forma cobarde de evitar tener una opinión crítica respecto a las políticas migratorias de Europa, respecto a la estructura patriarcal y respecto al sistema económico que condena a las mujeres migrantes, también a las autóctonas, a vivir bajo condiciones económicas muy precarias y con muy escasas opciones laborales.
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