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Gemma Nicolás Lazo

Migraciones femeninas y trabajo sexual.

Concepción de trabajo precario vs. “tráfico de mujeres”1

Gemma Nicolás Lazo2

Migraciones femeninas

El fenómeno de la globalización y las distancias, cada vez mayores, entre los países ricos y los pobres han provocado el movimiento migratorio más masivo de la historia conocida. Aunque la experiencia migratoria siempre se ha asociado con el género masculino, la participación de las mujeres en este fenómeno ha aumentado hasta tal punto que debería ser inconcebible abordar este tema sin una perspectiva de género3.

Las mujeres representan casi la mitad de la población que migra a nivel global llegando a superar la mitad del flujo migratorio del año 2000 en los países desarrollados (Kofman, 2004: 646). Un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1996 afirmó que “la feminización de las migraciones” es uno de los fenómenos sociales y económicos más impactantes de los últimos tiempos.

Sin embargo, las migraciones femeninas no son algo novedoso. En el siglo XIX emigraron muchas mujeres europeas hacia América, Estados Unidos y Argentina fundamentalmente, y durante décadas del siglo XX las mujeres emigraron en gran número de países como Irlanda y el Caribe. En la actualidad el fenómeno migratorio reviste unas características específicas debido a los procesos de mundialización de la economía y de las oportunidades de movilidad.



Empobrecimiento y precarización en la globalización económica

Con la globalización se han producido unas dinámicas distintas que han creado espacios económicos libres de fronteras frente unas políticas migratorias restrictivas dirigidas a controlar el flujo de personas. Por globalización se entiende el fenómeno que comprende toda una serie de procesos políticos, económicos y culturales que provocan, entre otros efectos, la flexibilización y fragmentación mundial del proceso productivo, la intensificación de los movimientos de capital, el avance tecnológico de los medios de comunicación, la pérdida de poder de los Estados nación y la influencia de organismos internacionales (Fondo Monetario Internacional, FMI; Organización Mundial del Comercio, OMC; Banco Mundial, BM, etc.), la reconfiguración de las fronteras y del tráfico de trabajadores y trabajadoras, la sobreexplotación de recursos y la eliminación de residuos a nivel mundial, la homogenización de modelos de comportamiento y consumo y el aumento de la pobreza, por un lado, y de la riqueza, por el otro, concentrada en la tríada Estados Unidos, Unión Europea y Japón (Gregorio, 2002:13; Villota, 1999: 22).

Las economías neoliberales que han propiciado y posibilitado la globalización económica impulsadas principalmente por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han recomendado desde los ochenta políticas restrictivas monetarias para frenar la inflación y políticas fiscales de reducción del déficit público, además de presionar para una desregulación interna y externa. Se supone que la finalidad era que las economías de los países en desarrollo se insertasen en el mercado internacional global. Las propuestas básicas de estas dos entidades son la liberalización de los movimientos de capitales, la reducción progresiva de aranceles y la disminución del papel del Estado en la economía (Berzosa, 1999: 105).

A partir de la liberalización de los mercados, en 1948, la producción internacional ha aumentado de una manera sin precedentes, primero fue la manufacturera y posteriormente el sector servicios. Desde entonces la economía mundial ha crecido seis veces. Sin embargo, este enriquecimiento no ha sido igualitario para todas las regiones del mundo sino todo lo contrario. Se ha producido un aumento de las desigualdades a nivel planetario (Bifani, 2002: 41).

El empobrecimiento de los países más pobres4 es el efecto lógico del enriquecimiento de los lugares más ricos del planeta. Como consecuencia, en el “tercer mundo”, las prestaciones sociales han decaído y se han deteriorado las condiciones de vida y ha aumentado la mortalidad infantil y el analfabetismo, especialmente de niñas (Bifani, 2002: 65).

El mundo rico ha controlado los mercados internacionales mediante las empresas multinacionales que han relocalizado etapas del proceso industrial en países del “tercer mundo” buscando una mano de obra barata y sin complicaciones sindicales. Por este motivo, en la última década se ha producido un flujo de inversión de los países desarrollados hacia los países en desarrollo. Los gobiernos de estos países, que desean atraer las industrias internacionales, procuran ofrecer una mano de obra competitiva, un clima político favorable con una escasa sindicalización y facilidades tributarias para repatriar los beneficios. El continente asiático es el que más zonas francas ha atraído, siendo la situación muy diferente en África, donde la inversión extranjera es menos de un 5 % de la total. Este continente corre el riesgo de convertirse en el depósito mundial de substancias tóxicas y contaminantes al rebajar especialmente las condiciones para facilitar la inversión extranjera (Bifani, 2002: 45-47).

Con la transformación del mercado internacional descrita se ha producido un incremento del empleo femenino en la fuerza de trabajo remunerada en el sector manufacturero aunque, en muchos lugares, el grueso del empleo sigue estando todavía en la agricultura tradicional de subsistencia o en el sector informal urbano.

La mano de obra femenina es aproximadamente un tercio de la mano de obra industrial en los países en desarrollo, sobre todo en el sector del textil, en las industrias electrónicas y de alimentación. El Sur-Este Asiático es la región que cuenta con mayor mano de obra femenina en la industria manufacturera, siendo casi la mitad (Bifani, 2002: 38-48). Las mujeres han cargado con el peso del ajuste económico neoliberal. Ante el empobrecimiento del “tercer mundo” las mujeres han tenido que acudir al mercado laboral industrial para contribuir a los ingresos familiares (Berzosa, 1999: 106).

Sin embargo, a pesar de lo positivo que podría ser la inversión extranjera en los países en desarrollo, a medida que la producción se traslada de las metrópolis a las zonas francas se produce una precarización de la mano de obra y ello afecta especialmente a las mujeres. La incorporación global de la mujer al mercado de trabajo no ha eliminado la segregación vertical ni horizontal sino que la ha reproducido a escala mundial. Los empleos femeninos se caracterizan por la flexibilización (trabajos atípicos), por la precarización (inseguridad) y por la informalización (contingencia). Los salarios de las mujeres tienden a ser sistemáticamente inferiores a los de los hombres y en las empresas se reproducen estructuras patriarcales de dominación y sumisión. Las mujeres son percibidas como mano de obra barata, no cualificada, sumisa y altamente movible (Bifani: 2002: 38- 48). La explotación está presente siendo “largas horas de trabajo, dormitorios congestionados, supervisión estricta y restricciones” (Bifani, 2002: 60-61) las características habituales de estos empleos. Sin duda, todo lo dicho contribuye a fortalecer la segmentación del mercado de trabajo y a perpetuar, sino a aumentar, las desigualdades de género, tanto económicas como sociales (Bifani, 2002: 63).

El concepto “feminización de la pobreza” hace referencia a este hecho. Las mujeres poseen siempre una mayor ratio de pobreza en un contexto geográfico concreto, aunque del volumen total de trabajo realizan más de la mitad percibiendo remuneración tan sólo de un tercio de esta actividad5 (Informe de Desarrollo Humano, 1995, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Económico, PNUD, en Berzosa, 1999: 99). Esta realidad no es una situación coyuntural sino un estado estructural que tiende a agravarse. El porcentaje de mujeres que vive bajo la línea de la pobreza se ha duplicado en los últimos 20 años. Existen más mujeres que hombres pobres en los hogares pobres y los hogares encabezados por mujeres son más pobres que los hogares encabezados por hombres (Bifani, 2002: 63).

La pobreza acentúa las diferencias de género. La existencia de discriminaciones en cuanto al acceso a la educación, al mercado de trabajo y a la propiedad de los activos hace que las mujeres tengan menos oportunidades (Berzosa, 1999: 100). Bifani (2002: 63) afirma que “[m]ientras mayor sea la discriminación de género al acceso y control de las fuerzas que mueven y orientan el proceso de globalización, mayor será su marginalidad y pobreza”.

También la internacionalización del sector servicios ha aumentado las posibilidades de empleo para las mujeres en sus países de origen o en el extranjero. La demanda desde los países ricos de ciertos servicios ha producido una fuerte migración sobre todo de mujeres. Sin embargo, las ofertas laborales en este sector siguen los patrones de un mercado laboral segregado. La inmensa mayoría, dos tercios, se sitúan en el empleo doméstico, trabajo desregulado, precario y frecuentemente en condiciones de semi-esclavitud (Bifani, 2002: 56-57).

La globalización económica también ha producido efectos negativos para las poblaciones trabajadoras de los países desarrollados. El desempleo aumenta, el trabajo precario se extiende por doquier, el endeudamiento de las familias crece y se incrementan los procesos de exclusión social. Algunos avances que se habían conseguido respecto a los derechos de las mujeres en el Estado del Bienestar están retrocediendo. Las mujeres están más afectadas por el paro, por los trabajos temporales y por la economía sumergida; sufren segregación vertical y horizontal y sus salarios son inferiores a los de los hombres además de hacerse cargo de las tareas del cuidado y de las faenas domésticas.

Migraciones de mujeres como factor de “empoderamiento”

En el contexto globalizado descrito, muchas mujeres optan por migrar desde sus lugares natales hasta las grandes ciudades de sus países o intentan la aventura de llegar a los países ricos. Para ellas, viajar puede ser una estrategia de supervivencia y de mejora de sus condiciones y proyectos vitales. Y es que las mujeres han incrementado su poder adquisitivo en el mundo y cada vez más familias necesitan de los ingresos femeninos para subsistir. Algunas de ellas, las migrantes, están asegurando, desde partes muy diversas del planeta, la supervivencia de sus familias en sus lugares de origen o en sus lugares de residencia. Este hecho de aumento de fuerza o de “empoderamiento” ha sido llamado por algunos autores (Ehrenreich y Russel, 2003: 3) como una “revolución de género mundial”.

Este proceso se verifica con el incremento, desde hace ya unos años, de mujeres viajeras solas que han ido llegando al Estado español; en los 80’, llegaron mujeres filipinas para trabajar en el servicio doméstico; en los 90’ mujeres autónomas llegaron desde el Perú y la República Dominicana6; desde el 2000, recibimos mujeres que vienen de la Europa del Este; desde el 2002, mujeres jóvenes han viajado desde Argentina para llegar al Estado español...

Las mujeres son un 47,5% de la población extranjera que reside en la ciudad de Barcelona7 y son mayoría en los colectivos de América Central, del Sudeste Asiático y de América del Sur. De los grupos con mayor presencia en la ciudad, Ecuador, Perú, Marruecos y Colombia, las mujeres son mayoría en todos los casos excepto en el marroquí8. De este último colectivo, las mujeres representan tan sólo un 35,5% del total (Ajuntament de Barcelona, 2005).

Los discursos humanitarios y progresistas han solido argüir unos argumentos tendentes considerar a los pobres, a los no formalmente educados y a las personas inmigrantes como víctimas, ya sea de la pobreza de sus países, de conflictos armados, de guerrillas, etc. Los llamados “discursos push-pull” suelen explicar las migraciones, y especialmente las femeninas, a través de condiciones estructurales desposeyendo a las personas migrantes de capacidad de decisión. Sin embargo, “[l]as migraciones son procesos altamente selectivos; ya que sólo ciertas personas salen, y viajan por rutas altamente estructuradas a sus destinos” (Sassen, 1999: 2, en Agustín, 2003: 47).

Es común que a las mujeres especialmente se les desposea de capacidad de decisión cuando migran. Se les niega sistemáticamente el protagonismo que implica la decisión de emigrar. Sin embargo, en general, cuando es un hombre soltero quien decide migrar, se suele considerar dicha decisión como algo positivo y como producto normal de la ambición masculina de progresar mediante el trabajo y de luchar por un proyecto de vida digno (Agustín, 2003: 79).

Esto es porque el modelo femenino se asocia con la pasividad y la permanencia. Las migraciones de las mujeres vienen a contradecir este modelo. Así, o se niegan las migraciones de mujeres, o se niega su capacidad de decisión victimizándolas o se les criminaliza. Las mujeres, como metafóricamente apunta Juliano (2002, bis: 123; 2004: 174), son consideradas las “cariátides del templo”. Su movilidad, su actividad desestabilizan la construcción, desafianzan el sistema.

Pero las mujeres también toman decisiones de migrar y también valoran sus pociones según las estructuras geopolíticas y económicas y sus códigos culturales, sus aspiraciones y deseos y sus necesidades. Son influidas por sus condiciones sociales, por la situación económica, por el ambiente, pero también tienen capacidad de meditar sobre sus opciones y de tomar una decisión. El hecho de ocupar una posición menos poderosa en términos estructurales no significa que no se puedan tomar decisiones, influidas, obviamente, por multitud de factores socio-económicos, pero también por deseos individuales. Por tanto, el “proyecto migratorio consiste en un vasto complejo de fuerzas, desde la nacional y la global hasta la más local, personal y casual” (Agustín, 2003: 51).

Así y pese a que esta estrategia victimista ha podido llegar a producir alguna ventaja para las mujeres migrantes, ha construido una identidad social que les convierte en meras receptoras pasivas de situaciones sociales, de políticas públicas y de caridades individuales que las desposee de agencia y de reconocimiento de subjetividad política. Agustín (2003: 44) propone un “análisis poscolonial y de clase” sobre el concepto de inmigrante en general y de mujer migrante en particular que reconozca la capacidad de decisión de las personas.

En un sentido similar, los medios de comunicación suelen describir a todas las mujeres migrantes con las mismas características. Sin embargo, tenemos que subrayar su gran diversidad y heterogeneidad ya que mujeres muy diferentes llegan a Europa: mujeres que viajan solas o con sus familias; mujeres provenientes del campo o de las ciudades; mujeres que tienen la voluntad de permanecer en Europa o aquéllas que quieren volver a sus países de origen pasado cierto tiempo; mujeres que emigran autónomamente o mujeres que están sometidas a redes de tráfico; mujeres con diferentes niveles de formación (sin educación reglada, muy cualificadas, etc.); etcétera (Holgado, 2001).

Respecto a esta última variable, el nivel formativo, Kofman (2004) se esfuerza en subrayar el carácter heterogéneo de las migraciones femeninas y critica el reduccionismo de muchos enfoques que sólo atienden a los movimientos de migrantes del “tercer mundo” que suplen las necesidades de los sectores menos cualificados. Acepta el hecho de que la mayoría de las mujeres migrantes desarrollan tareas que requieren poca formación, pero se cuestiona por qué se produce esa relegación de las mujeres a los trabajos menos cualificados y a los circuitos subordinados de la globalización. Considera que muchas mujeres que migran a los países occidentales tienen niveles formativos elevados e incluso universitarios9, pero son descualificadas y desvaloradas por un mercado laboral discriminatorio, engrosando finalmente la oferta de trabajo doméstico10. Aún así, ella propone incluir las mujeres migrantes cualificadas a los análisis sobre las migraciones porque, afirma, también se produce una demanda de trabajadores/as cualificados/as desde finales de los noventa por parte de algunos países ricos (Canadá, el Reino Unido11 y Alemania). Ello sería producido por una devaluación de las calificaciones y títulos académicos y por la reducción de inversiones públicas en educación y en formación de profesionales bajo los regímenes neoliberales occidentales. Sin embargo, estos/as trabajadores/as cualificados/as tienen peores condiciones laborales, ocupan los estratos profesionales más bajos (siendo relevante el racismo profesional) y son menos valorados/as por sus calificaciones.

Son varios los factores que pueden condicionar las migraciones de mujeres y hacer que sean mucho más numerosas que las masculinas en algunas áreas geográficas. Sin duda alguna, las migraciones de mujeres están afectadas por el sistema de desigualdad o de estratificación de género de muchas sociedades. Se podría definir este sistema como aquella organización social que produce desigualdad entre hombres y mujeres sustentándose en construcciones culturales sobre el género. Este sistema desigual incluiría un proceso de sexualización diferente para mujeres y hombres, una división sexual del trabajo, un sistema de poder y autoridad desigual y unas definiciones sociales sobre el género desiguales (Gregorio, 1998: 80-82).

Insertas en este marco de dominación masculina encontraríamos las variables que afectarían las migraciones femeninas. Gregorio12 (1998: 80-81) propone cinco, a las que he realizado algún añadido y he cambiado el orden según un criterio de relevancia. En primer lugar, aparecería el fenómeno llamado “feminización de la pobreza”. En lugares donde las diferencias entre el norte y el sur se hacen más acuciantes y la globalización capitalista castiga más a sus gentes las mujeres sufrirán en mayor medida sus consecuencias.

En segundo lugar, y como una de las causas de la primera variable, sería necesario valorar la situación de mayor desigualdad y marginación en el acceso de los recursos que pueden padecer las mujeres en sus sociedades de origen. Por ejemplo, las mujeres abandonan más las zonas rurales porque se encuentran discriminadas en muchas sociedades respecto a los derechos sucesorios, mientras que los hombres suelen tener más facilidades para realizar sus proyectos vitales en sus aldeas de nacimiento al poder heredar de sus progenitores (Juliano, 2004: 179).

En tercer lugar, las actitudes de miembros del grupo familiar hacia cuestiones como la migración femenina, el abandono del hogar, el empleo de las mujeres, etc., es decir, sobre los roles femeninos en general también es un factor a tener en cuenta. En cuarto lugar, la existencia de mecanismos patriarcales de control y subordinación del trabajo de la mujer migrante pueden promover que se convierta en la principal contribución al proyecto familiar de mantenimiento de la familia. Finalmente, la consideración de la ideología de la maternidad y el compromiso de mantener a sus familiares, sobre todo a hijas e hijos, también es relevante. La existencia de valores como la lealtad hacia la familia o la fidelidad filial pueden hacer que la mujer vea en la migración un proyecto grupal.

A estas variables, deberíamos de añadir, como Agustín (2004: 91-101) resalta, el carácter aventurero y transgresor de la mujer que decide migrar. El deseo de conocer mundo, de vivir experiencias, de sentirse independiente y pasárselo bien, también son factores que pueden contribuir a la decisión de migrar.



Invisibilidad de las mujeres migrantes y políticas de extranjería discriminatorias

Entonces, si las mujeres también viajan, las preguntas que nos deberíamos hacer serían: pero, ¿dónde están ellas consideradas en las políticas públicas? ¿Por qué son invisibles? ¿Por qué la inmigración es sólo tratada como un asunto masculino?

Pese a la relevancia numérica de las mujeres en el flujo migratorio, las políticas públicas de los Estados y los estudios científicos suelen subestimar o no reconocer la participación femenina en el fenómeno migratorio. La dificultad para valorar el impacto migratorio femenino en toda su extensión reside en las categorías androcéntricas y misóginas de los propios discursos occidentales, llamadas por Juliano (2004: 189) “estereotipos discriminadores profundamente arraigados”.

Tanto las políticas como los estudios parten de una consideración meramente economicista de la inmigración sin tener en cuenta otras consideraciones más sociales o culturales. Esta perspectiva económica coincide con la visión que occidente tiene de la masculinidad, relacionada con lo económico y lo laboral y con la capacidad de llevar a cabo un proyecto vital sin ser contaminado por preocupaciones domésticas. En cambio, la mujer, lo femenino, se asocia a algo socio-cultural, a algo doméstico y relacionado con la familia y, por lo tanto, no se tiene en cuenta en el análisis del fenómeno migratorio (Kofman, 2004: 647). También las razones estrictas que suelen considerarse motivadoras de la decisión de migrar, como el trabajo, la familia o el asilo, son profundamente reduccionistas. Desde una perspectiva que integre las motivaciones de las mujeres debería considerarse una multiplicidad de racionalidades que combinasen el trabajo, con los proyectos de vida y el emparejamiento o matrimonio (Kofman, 2004: 647).

En la invisibilización de las migraciones femeninas también inciden tintes etnocéntricos que conciben a las mujeres inmigrantes con las categorías de la sociedad receptora sin tener en cuenta que el género hombre y mujer son categorías construidas culturalmente y que, por tanto, presentan múltiples variaciones (Gregorio, 1999: 261).

La migración de las mujeres tiende a ser minimizada en varios sentidos. En primer lugar, se la considera numéricamente menos importante de lo que es. En segundo lugar, se la desposee de carácter autónomo porque se las vincula a la migración masculina o se les considera víctimas de procesos coactivos o de extorsión anulando su capacidad de decisión o agencia (Juliano: 2004: 175). Cuando son mujeres que migran porque sus familias lo hacen, en general por procesos de reagrupamiento de sus maridos, las políticas oficiales no consideran que tengan actividad en el mercado laboral (Kofman, 2004: 646) o que su actividad reproductiva o de cuidado sea trabajo.

En el marco de las restrictivas políticas europeas respecto a las migraciones, la Ley española de extranjería (Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, 4/2000, modificada por LO 8/2000 y por LO 14/2003) reprime y criminaliza la inmigración, en vez de trabajar por la integración social. También las últimas reformas penales13 han incrementado el castigo a la migración clandestina, al mismo tiempo que han buscado una mayor eficiencia en los procesos de expulsión. Estas medidas legislativas hacen todavía más difíciles las condiciones de vida de la población inmigrante y reducen sus posibilidades de tener éxito en sus proyectos vitales.

Además de la restricción de derechos que genera la legislación de extranjería para toda la población migrante, en el caso de las mujeres la discriminación tiene algunas características especiales ya que las políticas públicas consideran exclusivamente la inmigración como un fenómeno masculino, hecho que dificulta que las mujeres inmigrantes puedan regularizar su situación en el país. La normativa de extranjería se realiza sobre el modelo masculino y no acoge las especificidades vitales y laborales de las mujeres. Las mujeres migrantes padecen más discriminación laboral y legal en la ya discriminatoria legislación de extranjería (Juliano, 2004: 189).

En primer lugar, los cupos que se establecen por el Gobierno para las mujeres inmigrantes refuerzan los estereotipos sobre ellas, alimentan la división sexista del trabajo y empeoran sus posibilidades de movilidad social y de realización profesional. En segundo lugar, son consideradas como un “ejército de reserva” de las necesidades capitalistas y patriarcales, permitiéndoseles sólo trabajar en puestos caracterizados por su precariedad y su feminidad, su temporalidad, sus bajos salarios y, sobre todo, por pertenecer, en muy alto grado, a la economía sumergida. En tercer lugar, la legislación española sobre inmigración no permite trabajar a las personas que tienen permiso de residencia por reagrupación familiar o por estudios14. La mayoría de este colectivo son mujeres, así que en este caso la discriminación legal indirecta es flagrante. Finalmente, ya que esta legislación subordina la regularización de una situación “ilegal” al hecho de tener un contrato de trabajo, las mujeres tienen menos posibilidades de regularizar su situación porque no es frecuente que las mujeres lo consigan, dada su elevada participación en la economía informal. La tendencia hacia la desregularización de los trabajos femeninos no es, según Juliano (2004 bis: 49), una simple omisión jurídica sino “un elemento de control que permite ejercer presión de manera arbitraria sobre las inmigrantes, al manejar expulsiones y aceptaciones y colocarlas en una posición extremadamente vulnerable”.

Así, los trabajos que habitualmente desarrollan las mujeres inmigrantes son aquellos relacionados con el cuidado y el sexo, esto es, como empleadas del servicio doméstico, como cuidadoras de menores, ancianos o enfermos o como trabajadoras sexuales. Estos trabajos son los que también realizan en sus lugares de origen. Teniendo en cuenta que en los países ricos se las demanda (y crecientemente) y van a cobrar mucho más, el proyecto migratorio cobra sentido (Agustín, 2004: 68).

Kofman (2004: 650) se refiere a una expansión extraordinaria del trabajo doméstico15 desarrollado por mujeres migrantes como sucedió en el siglo XIX. En los países del sur de Europa, como en Asia, sería donde más habría crecido la demanda, hecho que se explicaría por la ausencia de servicios públicos propios del Estado de bienestar respecto al cuidado de las personas (menores, ancianos, enfermos, personas con minusvalías, etc.), así como por el vacío dejado por muchas mujeres autóctonas que se incorporan a la esfera pública sin que haya un reparto de tareas o una conciliación con la población masculina entre la vida familiar y laboral.

En la mayoría de las ocasiones estas mujeres son invisibles, están cerradas en casas o en prostíbulos, e ilegales, porque no les hacen contrato para regularizarse (Ehrenreich y Russel, 2003: 2). Las mujeres inmigrantes están llevando a cabo una función bastante paradójica. Están haciendo posible el estilo de vida más igualitario de las mujeres occidentales, ya que se ocupan de los faenas que han sido asociadas al rol tradicional de la mujer esposa y madre. Ellas cuidan de los niños y de las casas, mientras las mujeres occidentales se desenvuelven en la vida pública, y atienden las “necesidades” sexuales masculinas. Así, los espacios que dejan libres las mujeres de los países ricos con su entrada en el mundo público y su mayor disfrute de más opciones laborales y vitales, sin que haya una reconstrucción de ambos ámbitos entre mujeres y hombres, son ocupados por las mujeres de los países pobres (Juliano, 2002: 119-20).

Todas estas mujeres sufren las duras consecuencias de ser extranjeras y mujeres en una sociedad patriarcal que trata la inmigración como un problema. Sin embargo, hay un colectivo de mujeres inmigrantes que todavía sufre una mayor discriminación legal y un más violento maltrato social: las trabajadoras del sexo.

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