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ESPLENDORES Y MISERIAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LA HISTORIA DEL PENSAMIENTO VENEZOLANO

Juan Carlos Rey, 2003


(…) El rechazo inicial de los partidos en cuanto facciones


El sentimiento de rechazo o animadversión hacia los partidos políticos, no sólo ha estado siempre presente en el pensamiento venezolano, desde Bolívar hasta nuestros días, sino que ha sido claramente preponderante durante la mayor parte del tiempo. Pero esta visión negativa no es una peculiaridad nacional, sino que se origina y alimenta en una tradición muy antigua del pensamiento político occidental. En efecto, de acuerdo a la teoría de las formas de gobierno, la más reprobable y corrupta de ellas es la tiranía, y al menos desde Aristóteles se caracteriza a los tiranos (cualquiera sea el número de sus titulares) por gobernar en interés particular y no en el bien de la comunidad.  Desde los siglos XVII y XVIII la tiranía se identifica con “el espíritu de partido” o con la facción, que significa que se da preferencia a los intereses particulares o privados en vez de darlo a los intereses generales o al bien común; y, entre las diversas formas de gobierno tiránico, la oclocracia o demagogia (es decir la forma corrompida del gobierno popular o democrático) tendió a considerarse la peor.
La condena del “espíritu de partido”, así entendido, muy presente en los “padres de la patria” de los Estados Unidos (Washington, Madison, etc.), es una constante del pensamiento del Libertador (recuérdese, por ejemplo, el Manifiesto de Cartagena (1812) o la Carta de Jamaica (1815)).
Pero en el pensamiento político occidental, existe otra tradición que tiene un origen y sentido muy distinto pero que también lleva a rechazar la idea de partido. Es la propia de los teóricos de la soberanía, tanto en su versión monárquica (Hobbes y Bodino, por ejemplo) como en la democrática (sobre todo Rousseau), que al considerarla como un poder único e indivisible —además de supremo y absoluto—, ven en la existencia  de partidos o facciones un peligro para la unidad del Estado y una amenaza de su disolución.

En Simón Bolívar también encontramos esta razón de rechazo a los partidos, pues la existencia de éstos ponía en peligro el éxito de la guerra de independencia y, una vez conseguida ésta, amenazaba con la pérdida de lo logrado. En su famosa “última proclama” (1830), su vehemente exhortación al cese de los partidos y al fortalecimiento de la Unión, debe ser entendida como un doble llamamiento: a sacrificar los intereses particulares en aras del interés general y a dejar a un lado las peleas entre bandos que amenazan con la guerra civil. Desde entonces la exhortación bolivariana va a ser frecuentemente usada por los déspotas o aspirantes a serlo, desvirtuando su sentido original, para atacar la existencia de los partidos políticos modernos, distintos de las facciones condenadas por el Libertador.


Pero, si es en los gobiernos democráticos donde aparecen las peores tiranías ¿cómo es posible, entonces, legitimar una democracia de forma de asegurar que en ella vaya a predominar la voluntad general, como expresión del bien común? La repuesta clásica es la de Rousseau: suponiendo que en el momento de votar cada ciudadano sea capaz de orientarse por lo que cree ser el interés público (y no por su interés personal), el voto directo de la mayoría, siempre que se prohíba la existencia de facciones, se convierte en el mejor indicador de la voluntad general. Propongo llamar a este tipo de respuesta a los problemas de construir un orden político una solución normativa. Pero la solución roussoniana planteaba demasiados problemas teóricos y prácticos, y la respuesta más aceptada iba a consistir en sustituir la democracia directa por una democracia representativa, conservando, por lo demás, dos ideas básicas de Rousseau: la de que el ciudadano al votar no debe orientase por su interés personal, sino que ha de seguir su sincera y honesta opinión acerca de cuál es el interés general; y la de que deben prohibirse las facciones, entendidas como alianzas de individuos que se unen contra el bien común o para promover sus intereses privados.  Según la teoría original de la democracia representativa, las decisiones sustantivas no las tomará el conjunto de ciudadanos mediante su voto directo, sino estarán a cargo de representantes elegidos en votaciones sucesivas, escalonadas en dos o más etapas y en las que el sufragio, tanto activo como pasivo, está sometido a condiciones socioeconómicas y/o culturales, cada vez más exigentes a medida en que se ascienden los escalones de las elecciones. Se supone que, gracias a esa selección, los representantes que resultan electos serán personas sabias y virtuosas, que quedan liberadas de cualquier forma de mandato imperativo o de amenaza de revocación por parte de sus electores, y que gozan de una total libertad en sus decisiones, de forma tal que tras intercambiar argumentos y pareceres entre sí, decidirán mediante votación, de acuerdo a su mejor opinión acerca de en qué consiste el interés general. A través del conjunto de procedimientos y filtros que caracterizan a la forma de democracia representativa que estamos comentando, se espera que el espíritu de partido no contamine las decisiones públicas, que estarán orientadas por el bien común o la voluntad general. Aunque distinta a la de Rousseau, la solución que la teoría de la democracia representativa va a dar al problema de la construcción de un orden político, es  también de tipo normativo, pues supone que los responsables de las decisiones públicas, aunque necesitan ser ayudados mediante los mecanismos institucionales dispuestos para filtrar sus pasiones y sus intereses privados, son capaces de dejarse llevar por el interés general, gracias a la “fuerza” moral que éste es capaz de ejercer sobre ellos.
En general el pensamiento venezolano no tuvo necesidad de elaborar una teoría de la democracia representativa, pues le bastaba con emplear la concepción que se había originado en otros países. Ideas muy claras sobre el tema, en una fecha algo tardía, las podemos encontrar en la intervención de Fermín Toro, en la Convención Nacional de Valencia el 12 de Octubre de 18581. Sin embargo, ya en la Constitución de 1858 se eliminaron todas las restricciones socioeconómicas al sufragio masculino así como el requisito de que el elector debía saber leer y escribir, de manera que desde ese momento relativamente temprano se implantó en Venezuela, sin ninguna seria oposición, el sufragio universal de los varones, que sólo sufrirá una importante involución cuando en la Constitución de 1936 se excluye del voto a los analfabetos. En cuanto a la elección directa del Presidente de la República, que se va a implantar en 1858,  perdurará —salvo el episodio de su elección por el Consejo Federal en las Constituciones de 1881 y 1891—, hasta ser eliminada tras el derrocamiento de Andrade en 1899.
La idea de que hay que rechazar totalmente a los partidos como los peores males, y que mediante su eliminación se manifestará la voluntad general como expresión de la unidad de la nación, es común en el pensamiento político del país desde la Independencia hasta 1840, aproximadamente. Tal idea, probablemente por influencia directa de Rousseau, se expresa claramente en los muy trillados pensamientos de Simón Bolívar contra los partidos, y en la no tan conocida, pero muy expresiva advertencia de la Constitución de 1830: “Los venezolanos tendrán siempre presente que del interés que todos tomen en las elecciones nace el espíritu nacional que, sofocando a los partidos, asegura la manifestación de la voluntad nacional […]” (Art. 17).

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